El politólogo Leandro
Querido, especializado en observación electoral y director ejecutivo de la
ONG Transparencia
Electoral, opinó para la agenciaTélam, sobre la situación política en
Venezuela y las dilaciones del gobierno para realizar el referendo revocatorio
presidencial para revocar el mandato de Nicolás Maduro.
Venezuela se ha transformado
en un problema para todos, inclusive para los que hasta hace poco tiempo
continuaban defendiendo las posturas del gobierno de Nicolás Maduro y ahora los
ha invadido el pudor. Las escaladas de violencia estatal siempre terminan
igual, redoblando la apuesta.
En la última sesión del
Parlasur se percibió cómo el bloque madurista ya no tiene la influencia de
otras épocas. El gobierno venezolano se ha transformado en una pesada carga
tanto para los diputados de la región que provienen de los partidos políticos
enrolados en el Foro de San Pablo como así también para un organismo como el
Parlasur que fue construido sobre la base de documentos firmados por presidentes
y cancilleres que resaltan los valores de la democracia, la diversidad y el
estado de Derecho.
Venezuela es desde hace
tiempo un estado de excepción y es ese estado el negador por naturaleza de todo
lo que se entiende por democracia. Cuando hay estado de excepción las garantías
constitucionales se suspenden, los derechos políticos se evaporan, la violencia
estatal asume su peor faceta: la de la impunidad. A diferencia del caso Brasil,
en donde una crisis se resuelve en el marco de los procedimientos establecidos
por la Constitución, en Venezuela la respuesta del gobierno pasó, entre otras
cosas, por la movilización de civiles armados para amedrentar a una ciudadanía
hambrienta y sin medicinas. La represión es la única carta que parece jugar
este débil gobierno.
Desde Transparencia
Electoral de América latina, observamos el trabajo de todos los organismos
electorales de la región. El caso del Consejo Nacional Electoral de Venezuela
(CNE) se encuentra entre los más influenciados por el poder Ejecutivo y esto,
lamentablemente, obtura la salida electoral a la crisis.
La situación del proceso
revocatorio así lo demuestra. El injustificado retraso del CNE puede cortar el
delgado y sobreexigido hilo de lo que queda de institucionalidad. El referendo
es un medio de participación política que está contemplado en el artículo 72 de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También está
consagrado en los artículos constitucionales 6, 197,
198, 233 y 293.5, y en la Disposición Transitoria Tercera de
la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE) y la Disposición Transitoria Primera
de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE).
Siguiendo lo establecido en
la norma un grupo de electores introdujo la petición al CNE para que la
opositora Mesa de Unidad (MUD) fuera intermediaria de su solicitud de Referendo
Revocatorio Presidencial y, luego, esta organización con fines políticos
solicitó la aprobación para constituirse en Grupo Promotor de esta iniciativa
constitucional. Para obtener esta cualidad debe contar con el respaldo del 1%
del padrón electoral, que, de acuerdo al corte de enero de este año, es de 19
millones 797 mil 764 electores; es decir, 197.978 electores. Para ello era
necesaria una planilla cuyo formato tenía que proveer el CNE.
La MUD tuvo que introducir
en tres ocasiones la petición de los formatos para cumplir con el requisito de
la recolección de firmas para la solicitud de Referendo Revocatorio
Presidencial. El pedido que empezó en marzo término siendo respondido el pasado
26 de abril.
Con esta decisión el CNE se
excedió en sus competencias y colocó un primer obstáculo a los solicitantes de
la iniciativa del Referendo. Una vez que el CNE facilitó el formato para la
recolección de firmas equivalente al 1% del padrón electoral, la MUD entregó el
pasado 2 de mayo aproximadamente nueve veces más de lo requerido: 1 millón 850
mil firmas.
La Resolución N° 070906-2770
establece que los solicitantes debían entregar las firmas “dentro de los
treinta días” siguientes a la entrega de la planilla por parte del CNE. La MUD
consignó las firmas 7 días después de recibir el formato para la recolección de
firmas. El CNE interpretó que tenían que transcurrir los 30 días para empezar
el proceso de validación de firmas, aunque lo que establece la norma es que el
grupo de solicitantes contará con “hasta 30 días continuos”, pero no señala que
deben agotarse los 30 días para continuar con el proceso. Este argumento
innecesario viola el principio de celeridad que está garantizado en el artículo
3 de la misma Resolución. Por si fuera poco, el CNE creó requisitos de
validación ad hoc que no están contemplados en la normativa.
Sin embargo, una de las
rectoras, Socorro Hernández, anunció que todas las planillas que contienen las
firmas serán digitalizadas y digitadas; trámites que no están contemplados en
la normativa, y que este proceso culminará el próximo 2 de junio.
Adicionalmente a este nuevo paso, como es la digitalización, el CNE también ha
incorporado ilegalmente otros dos requisitos: la transcripción de las planillas
(trámite que tomará hasta el 1 de junio) y posteriormente un trámite de
auditoría.
Por último, aunque no menos
importante, Hernández también informó que los datos de las personas que
firmaron serán de acceso público. Aclaró que aunque no se tratara de una
publicación de los datos de los firmantes, sí se permitirá constatar a través
del número de cédula de identidad si una persona firmó o no. Este hecho viola
el derecho a la confidencialidad de los datos personales.
Todas las violaciones en las
que ha incurrido el CNE han significado un retraso de más de 45 días en el
proceso refrendario. Todos estos nebulosos aspectos del proceso revocatorio
fueron denunciados por Transparencia Electoral en el marco del Parlasur.
Es evidente que el CNE, en
vez de facilitar los trámites para que los venezolanos ejerzan sus derechos
políticos, está retrasando la implementación del proceso.
Por tanto, no dar lugar a un
revocatorio empuja al gobierno de Maduro a esa bolsa abultada en cuyo interior
se encuentran las experiencias de gobiernos de tradición autoritaria y
dictatorial. Nada tendrá que ver con la democracia, nada tendrá que hacer en
los organismos regionales compuestos por democracias. Estas acciones violan el
Protocolo de Ushuaia y la normativa del Parlasur.
Los tiempos del diálogo se
terminaron cuando el gobierno decidió burlarse de ellos al punto de poner en
ridículo a la Unasur y al propio Papa, mediadores en aquella oportunidad
fallida de 2014.
Ahora es tiempo de
elecciones, de revocatorio, de presencia internacional velando por los derechos
políticos de la ciudadanía venezolana porque debe saber el señor Maduro que la
democracia no es una opción. Es la única opción.
(*) Politólogo especializado
en observación electoral y director ejecutivo de la Ong Transparencia
Electoral.
26-05-16
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