Por Alexis Alzuru
El presidente ordenó que 500
mil milicianos realizaran ejercicios con la FANB, el día que Capriles declaró
que un golpe estaría en puerta. Horas más tarde, en una acción intimidatoria,
Maduro anunciaba la captura y detención del jefe de seguridad de Henry Ramos.
Lo acusó de conspirar y atacara funcionarios de la Guardia Nacional; el
componente armado que según el gobernador mirandino estaría fracturado y listo
para la asonada. Incluso, mientras que HCR decía que era el momento en el cual
los soldados deberían elegir entre la Constitución y Maduro, en Fuerte Tiuna
los uniformados bendecían la operación que el jefe de Estado y el CNE pactaban
para postergar el revocatorio.
Cuando se examinan las opiniones
de Maduro y Capriles sorprende que en lo único que se aproximan es en la
confianza que dicen tener en los cuarteles; del resto, sus percepciones chocan.
Ellos viven en mundos paralelos. Por ejemplo, cuando Capriles decidió que era
oportuno apretar el acelerador del revocatorio, Maduro acordó meterlo en el
congelador. De allí que al llamado para tomar las calles que hizo el jefe de
PJ, el presidente respondiera levantando las banderas del diálogo. Su
diplomacia roja cedió el micrófono a Ban Ki-monn y al vaticano; cursó
invitaciones a los ex presidentes Rodríguez Zapatero y Leonel Fernández, todo
con la intención de enfriar el encendido discurso del dirigente opositor.
Lo cierto es que Maduro y
Capriles expresan interpretaciones excluyentes de la realidad. Ahora bien, al
evaluar sus opiniones algunas resultan muy paradójicas por las posiciones que
defienden. Por ejemplo, cuando el presidente ordenaba encerrar a 48 ciudadanos
que participaron en la marcha convocada para llegar hasta el CNE, Capriles deslizaba
que cada día la GNB es más respetuosa con la gente que manifiesta. Con lo cual,
pareciera insinuar que los militares al igual que la Fiscalía, los tribunales y
los cuerpos de seguridad del Estado respetarán los derechos políticos del
pueblo; una percepción que otra vez contraviene a la del inquilino de
Miraflores, quien cuando parlotea solicita a sus guardias que repriman y lancen
gas pimienta a los que marchen.
Esta inversión en las
posiciones se manifiesta más dramática cuando se piensa que Maduro dice que
reflexionar, hablar y actuar con autonomía debe tener un alto costo personal,
al momento que HCR recomienda que la gente salga a la calle aun cuando haya el
riesgo de ser reprimido de manera feroz por la policía. En algún sentido, las
invitaciones de Capriles valoran el sistema judicial que Maduro desacredita. De
hecho, el gobernador pone en duda las opiniones del presidente, quien con sus
palabras y decisiones ha demostrado hasta cansarse que ejercer las libertades
políticas se paga con la cárcel, la pérdida del trabajo, con tortura
física, emocional y psicológica; inclusive, con la vida misma.
Siempre hay margen para
sospechar que Capriles tiene información confiable y privilegiada respecto de
las sinceras intenciones de los militares. A lo mejor, los datos que maneja son
tan contundentes que le han permitido posicionar la idea según la cual el
revocatorio debe ser ahora o nunca; con lo cual, cerró casi por completo la
posibilidad de realizarlo en 2017 y bombardeó la puerta que había para terminar
de someter con votos a la inescrupulosa elite oficialista.
Que HCR tenga argumentos para
defender el carácter innegociable de la fecha del revocatorio nadie lo duda.
Sin embargo, aún si Capriles hubiese explicado por qué el revocatorio se
solicitó a finales de abril y no enero, los venezolanos seguirían sin
condiciones para despreciar la oportunidad de avanzar hacia una transición el
próximo año. Entre otras cosas porque las opciones se reducirían a: prologar la
crisis o la confrontación armada. Dos escenarios que son peores que cualquiera
que derive de una derrota electoral de Maduro y el PSUV.
La violencia es una opción
política. Empero es bueno advertir que ningún líder opositor está en capacidad
de ofrecer algún tipo de seguridad constitucional a los manifestantes, aun
deseándolo. Ellos seguirían de manos atadas incluso si contaran con los
recursos financieros, el tiempo y los equipos de profesionales que pudieran
trabajar en defensa de las potenciales víctimas de un conflicto. La
verdad-verdadera es que los jerarcas de la MUD ni siquiera pueden cuidarse a sí
mismos; mal podrían proteger o ayudar a alguien que sea violentado por la
maquinaria opresiva del Estado que administra Maduro.
28-05-16
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