Por Inti Rodríguez
La ausencia de
políticas y normas dirigidas a corregir problemas estructurales así como la
desinversión en el sector empeoraron durante el 2015 la situación del derecho a
la salud, lo cual incluyó un progresivo desabastecimiento de medicinas, insumos
y materiales médicos, así como el colapso de los servicios de salud públicos.
Durante 2015 Provea
contabilizó 3.719 denuncias sobre deficiencias en el sistema sanitario, un
aumento de 40% en relación con el año 2014. El 52% de esas denuncias estuvieron
relacionadas con los elevados niveles de desabastecimiento de medicinas, 47%
con escasez de dotación y equipamiento, déficit de personal, infraestructura
física debilitada y cierre, paralización o suspensión de servicios en
hospitales y ambulatorios públicos, incluyendo centros de la Misión Barrio
Adentro.
Las últimas cifras
disponibles indicaron que Venezuela destinó, en el año 2012, el equivalente del
4,7% de su PIB para el sector salud, siendo el menor de la región. Como
comparación tenemos que Costa Rica destinó el 10,1% y Brasil el 9,5% de su PIB
en su política pública sanitaria. Para el año 2015, el gasto público del sector
salud fue de 110.520 millones de bolívares, un incremento de apenas 13%
respecto al año anterior, una cifra que no se corresponde con la inflación
registrada durante el año, que fue de 180%. Por su parte, en su Memoria y
Cuenta 2015, el Ministerio de Salud reportó un gasto total para el año 2015 de
148.664 millones de Bolívares, 74% de los cuales se obtuvieron mediante
créditos adicionales. La ejecución del presupuesto sugiere una alta
centralización, pues sólo el 24% del gasto ministerial fue transferido a 16 de
los 24 estados del país para gastos de dotación y funcionamiento de los centros
hospitalarios.
La atención pública en salud
en Venezuela depende en gran medida de las importaciones de los insumos
necesarios. Las compras fuera del país cubren entre 70% y 85% de las necesidades
de medicamentos terminados, y más del 90% de los insumos básicos y accesorios,
materiales e instrumentos médico-quirúrgicos, reactivos de laboratorio, equipos
médicos y repuestos. Las instituciones públicas y privadas sólo tienen acceso a
estas importaciones mediante el sistema estatal de administración de divisas.
Desde el año 2010 el gobierno nacional comenzó a disminuir la liquidación de
divisas afectando principalmente a las privadas –de las cuales depende 85% de
las compras en medicinas y más del 90% de la adquisición de insumos y equipos
terminados- sin considerar las limitadas capacidades de producción interna.
Esto ocasionó la acumulación de deudas con proveedores internacionales,
estimadas hasta octubre del año 2015 en 4,5 mil millones de dólares y trajo
como consecuencia el cierre de líneas de crédito.
La Federación Farmacéutica
de Venezuela reportó, a mediados de 2015, que el promedio de falla de
medicamentos en el país se ubicaba en 70%. Por su parte la Cámara de Industria
Farmacéutica (CIFAR) indicó que para enero de 2016 las droguerías sólo podían
surtir 7 de cada 100 medicamentos solicitados. Ante esta situación la respuesta
de las autoridades fue desconocer las dimensiones del problema.
Debido a esta situación,
diversos sectores de la sociedad civil solicitaron al gobierno nacional aceptar
ayuda humanitaria a través de los mecanismos a cargo de organizaciones
especializadas de las Naciones Unidas, Unión Europea y Estados Americanos. La
Asamblea Nacional, aprobó el 26.01.16, un acuerdo que declaró la crisis
humanitaria en salud. No obstante, el gobierno nacional la interpretó como una
forma de “intervención extranjera” y, por esa razón, las gestiones no han
avanzado.
En el año 2015, la Red de
Médicos por la Salud realizó una encuesta en 130 hospitales públicos de 19
estados del país, en la cual se encontró que 61% presentaba fallas graves o
absolutas de material médico quirúrgico; 65% no tenía catéteres ni sondas; 67%
se encontraba sin dotación para equipos y 93% no disponía de reactivos en sus
laboratorios; 44% de los quirófanos estaban inoperativos o cerrados, los
equipos de Rayos X en 86% de los centros se encontraban dañados y los
tomógrafos no funcionaban en 94% de ellos.
Los niveles de asequibilidad
a la salud disminuyeron sensiblemente por la gran cantidad de personas que se
vieron en la necesidad de conseguir y comprar insumos básicos (inyectadoras,
gasas, algodón, mascarillas, guantes, alcohol, agua oxigenada, sueros y
soluciones) así como medicinas a elevados precios por causa de la escasez, para
ser ingresadas y atendidas en los centros de salud.
La mortalidad
materno-infantil también ha crecido. Las muertes maternas anuales pasaron de
370 a 432 casos entre los años 2013 y 2014, con un incremento de 16,8%. De
igual modo, las muertes de niños menores de 1 año, pasaron de 7.304 a 8.273
casos entre los años 2013 y 2014, aumentando 13,3%. Los casos acumulados hasta
junio del año 2015 indican que la mortalidad materna en ese año fue tan alta
como en el año 2014, y que la mortalidad infantil se encontraba en ascenso con
un 10,4% de incremento.
27-05-16
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