EWALD SCHARFENBERG 13 de enero de 2017
El
Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), controlado por el chavismo,
dictaminó el miércoles que la elección de la directiva del Parlamento la semana
pasada es nula y sus actuaciones inválidas. Esto incluye la sesión del lunes en
la que los parlamentarios declararon “el abandono del cargo” del presidente,
Nicolás Maduro. Según los magistrados del alto tribunal, el Parlamento, de
mayoría opositora, continúa en la situación de desacato que le atribuye desde
agosto, lo que anula de forma automática cualquiera de sus decisiones.
La
sentencia del tribunal -que se produce a solicitud de la bancada parlamentaria
del chavismo- exime a Maduro de presentar ante la Asamblea su Memoria y Cuenta
anual, una formalidad que la Constitución obliga a cumplir antes del 15 de
enero de cada año. “En vista de la imposibilidad para realizar actos válidos,
se configura la omisión constitucional de la Asamblea Nacional, por lo cual el
presidente de la República (…) deberá rendir su mensaje anual ante el TSJ”, se
lee en la decisión.
El
dictamen forma parte de una ofensiva general que el Gobierno ha emprendido contra la
oposición después de que, desde su perspectiva, el Parlamento cruzara
una línea roja. La ofensiva incluye el arresto de dirigentes opositores y
figuras de la disidencia. Justo el miércoles, mientras se emitía la sentencia
del Supremo, funcionarios de la policía política trasladaban detenido al
diputado Gilber Caro, del partido Voluntad Popular, al que también
pertenece el dirigente encarcelado Leopoldo López. El Gobierno acusa a Caro de
preparar actos terroristas y ha pasado por alto el fuero del parlamentario.
También
el miércoles el Gobierno ordenó la captura de Jorge González, representante del
partido Primero Justicia en el Consejo Legislativo de Maracaibo, segunda ciudad
del país.
“Venezuela
sabe que el Gobierno ha desatado una política de miedo y terror porque sabe que
no tiene apoyo popular”, protestó Julio Borges, coordinador nacional de Primero Justicia y
presidente de la Asamblea Nacional desde el 5 de enero. “Si cree que
haciendo presos va a resolver la crisis, va a tener que poner presos a 30
millones de venezolanos”, agregó.
Ofensiva
judicial
En la
ciudad de Maracay, capital del Estado de Aragua y vecina a Caracas, quedó
detenido el general Raúl Baduel. El oficial del Ejército, exministro de Defensa
de Hugo
Chávez e integrante de la logia militar que dio origen a la Revolución
Bolivariana, fue condenado en 2010 por cargos de corrupción, poco después de
que rompiera con el oficialismo. El pasado agosto recibió el beneficio de
libertad condicional. Pero este jueves, en su visita periódica al tribunal de
la causa, fue puesto tras las rejas.
El dos
veces candidato presidencial de oposición y Gobernador de Miranda, Henrique
Capriles, militante de Primero Justicia, fue llamado a declarar ayer ante la
Contraloría General de la República por su presunta conexión con los sobornos
pagados en Venezuela por la constructora brasileña Odebrecht.
La empresa,
epicentro de una trama corrupta continental, admitió en diciembre ante la
Justicia de Estados Unidos que había pagado sobornos por casi 800 millones de dólares en 12 países para obtener y conservar
la asignación de proyectos de obras públicas. Según la empresa, Venezuela
fue, tras Brasil, el país donde repartió el mayor monto en sobornos, unos 98
millones de dólares.
La
semana pasada, el diario The Wall Street Journal publicó un reportaje según el
cual Odebrecht “hizo donaciones a través de terceros al gobierno del Estado
Miranda, donde se encuentran algunos de sus mayores proyectos venezolanos”.
Capriles calificó la versión como una treta con la que se le pretende vincular
al caso de corrupción e inhabilitarlo políticamente mediante una decisión
administrativa.
La
tercera reunión de la Mesa de Diálogo entre Gobierno y Oposición que auspician
el Vaticano y Unasur estaba prevista para hoy en Caracas. No obstante, a menos
de 24 horas del cónclave, en el país persistían las dudas sobre si este tendría
lugar y si, de realizarse, conseguiría reunir en un mismo espacio a los
facilitadores junto a los representantes de ambos bandos.
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