Prensa 26 de febrero de 2017
La
diputada Delsa Solórzano y el abogado constitucionalista José Vicente Haro
rechazaron la designación de Mikel Moreno como presidente del Tribunal Supremo
de Justicia (TSJ). Para la parlamentaria un nombramiento como ese solo puede
ocurrir en un régimen como el de Nicolás Maduro, “donde la justicia es una
burla”, mientras que para Haro pone en evidencia que en el país se premia la
impunidad.
La
presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional insistió
en que la designación de Moreno en un cargo de tan alta investidura solo
ratifica “lo que piensa Nicolás Maduro de la justicia, cómo la interpreta y
cómo además pretende que siga funcionando un organismo que debería ser uno de los más importantes, más aún cuando
Venezuela es lamentablemente el país más violento del mundo”.
En
declaraciones al equipo de Prensa Unidad Venezuela, agregó que Moreno no solo
tiene una vida criminal anterior, que en teoría debería impedir que ocupara un
cargo como ese, sino que ha seguido delinquiendo a lo largo de los años al
violar derechos humanos. “Mikel Moreno es el verdugo de varios presos políticos
y eso hace que este señor sea contumaz en su conducta, es decir, nunca ha
dejado de ser un delincuente”, manifestó.
Solórzano
aseguró que además ocupa ilegalmente un cargo que no le corresponde, porque
según recordó el actual TSJ es ilegal. “Así que además de ser violador de
derechos humanos, de los antecedentes penales que tiene, hoy está cometiendo
usurpación de funciones, porque la designación de esos magistrados es ilegal”,
aseguró.
Nefasto legado
Por su
parte, Haro consideró importante
destacar el legado de Gladys Gutiérrez como presidenta del TSJ. En este
sentido, afirmó que ella transformó en perjuicio de la democracia, de la
institucionalidad del poder judicial y de la Constitución la justicia
constitucional en una justicia socialista.
Por
ello, cree que Gutiérrez es la funcionaria que más daño le ha hecho a la
institucionalidad del país. Basó su argumento en cuatro puntos: hizo reiterada
referencia en la jurisprudencia de la sala constitucional al plan de la patria,
se encargó de consolidar los excesos, la arbitrariedad interpretativa de la
sala constitucional, es decir, consolidó la tesis infundada de que la Sala
Constitucional puede modificar normas de la Carta Magna, y se va dejando un
poder judicial totalmente al servicio del régimen, porque entre otras cosas se
aseguró de nombrar jueces comprometidos con la revolución. “Ese ha sido el
lamentable legado de Gladys Gutiérrez”, dijo.
Agregó
además que fue prácticamente la creadora de la jurisprudencia del desacato que
le fue aplicada a Enzo Scarano, a Daniel Ceballos y que se pretende usar contra
la Asamblea Nacional para desconocerla y perseguir a los diputados. “Deja un
TSJ donde le da privilegio sobre la Constitución a los decretos de Estado de
Excepción. Gladys Gutiérrez se encargó de transformar en perjuicio de la
democracia la justicia constitucional en una justicia revolucionaria”, reiteró.
Sobre
la designación de Moreno dijo que seguramente ejecutará “a rajatabla el decreto
de Maduro sobre la Misión Justicia Socialista y la doctrina de la justicia al
servicio de la revolución”.
A su
juicio, es la garantía política de la continuidad del trabajo de Gutiérrez. Le
preocupa que con Moreno al frente del máximo tribunal del país se acentúe la
persecución política. “Sabe cómo perseguir a la disidencia y montar
expedientes”, manifestó.
Asimismo,
consideró que con el nombramiento de personas que no cumplen con los requisitos
para ser magistrados y muchos menos presidente del TSJ se deja claro que la
justicia ha llegado a un nivel tan bajo que “aquellos que fueron procesados por
delitos ahora son quienes presiden la justicia, y eso habla de que por lo menos
tenemos una justicia que premia la impunidad, la delincuencia y el delito y no
tiene como último objetivo cumplir y hacer cumplir las leyes”.
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