Por Roberto Patiño
En junio de 2016 iniciamos el
plan “Alimenta la Solidaridad”, alertados por la gravedad que la crisis
alimentaria estaba teniendo en las comunidades de Caracas. Ocho meses después
vemos cómo la emergencia ha aumentado, afectando de forma cada vez más profunda
a todos los venezolanos, causando secuelas permanentes a una generación de
niños y adolescentes.
El problema alimentario viene
acentuándose en nuestro país desde finales de 2013, con el aumento agudo de los
índices de escasez. Con el deterioro económico y el colapso de las políticas de
importación, continuadas irresponsablemente por el régimen madurista, al
“problema de la comida” se le fueron sumando colas cada vez más largas e
inmanejables frente a supermercados y abastos, el surgimiento y expansión de un
mercado negro de venta de alimentos y la proliferación de casos de
desnutrición, sobre todo en la población en edad escolar.
Tanto la implementación de los
CLAPs, como la militarización de la distribución de alimentos a través de la
Gran Misión Abastecimiento Soberano, degeneraron en un recrudecimiento del
problema y en nuevas formas de sometimiento, corrupción y violencia. A mediados
de 2016 la escalada de la crisis alimentaria generó hechos como los sucedidos
el 2 de junio, en Caracas, cuando se negó la venta de comida para desviarla
hacia los CLAPs locales en establecimientos de la Av. Fuerzas Armadas,
produciéndose situaciones de violencia y protesta.
Menos de dos semanas después
estallaron los disturbios masivos y saqueos por hambre en la ciudad de Cumaná,
en el estado Sucre.
Pero también en esos meses se
produjeron voces de alerta frente a la emergencia, como el informe coordinado por el secretario
de Educación de Miranda, Juan Maragall, realizado en 2.581 estudiantes de sexto
grado, encuestados en 173 escuelas de 19 municipios de la región. El estudio
señalaba las terribles repercusiones que la crisis alimentaria estaba causando
en una de sus víctimas más vulnerables: los niños en edad escolar. 30% de los
alumnos encuestados comían dos o una vez al día y 55% admitían haber faltado a
clases para acompañar a sus padres a buscar alimento. La importancia de planes
de comedor escolar, desatendidos por el gobierno madurista, era evidente:
21% de los encuestados dependía de la alimentación provista por los planteles y
13% admitía no haber asistido a clases si no había comida en su institución.
Los casos de desmayos por
desnutrición en las aulas empezaron a hacerse eco en la opinión pública. La
expresión “la dieta de Maduro” se popularizó para describir la situación de
hambre y padecimiento sufrida por la población e identificar al principal
causante de esta tragedia.
Desde marzo de 2016, en
Caracas Mi Convive reconocimos el terrible impacto que esta realidad estaba
ejerciendo sobre las personas. Luego de llevar a cabo jornadas de
alimentación con sancochos populares, organizados con las comunidades,
decidimos atender a la población infantil y juvenil de mayor riesgo. Generamos
una nueva iniciativa llamada “Alimenta la solidaridad”, un plan de una comida
diaria en sectores como La Vega, San Agustín, Cota 905, y Carapita. Alimenta la
Solidaridad atiende en la actualidad a más de 580 niños, articulando a un grupo
de líderes y miembros de las comunidades, organizaciones y voluntariado que
suma casi 3.000 personas. Esfuerzos parecidos de particulares y algunos
gobiernos locales se han producido en el país como respuesta a esta emergencia.
Pero la realidad es que
durante estos 8 meses la crisis alimentaria ha continuado su desarrollo hasta
convertirse en el problema que, incluso superando a la inseguridad, más afecta
a la población venezolana en su conjunto, con un Estado que ha negado su
función para enfrentar la tragedia y apoyar a los venezolanos. El régimen de
Nicolás Maduro ha sido claro en sus intenciones de no dar solución a un
problema complejo que él mismo ha creado y más bien aprovecharlo, a través de
humillantes sistemas de sometimiento como el Carnet de la Patria, para
controlar al país.
Los estragos causados por la
crisis alimentaria se viven, de una forma u otra, en todos los hogares de
Venezuela: la modificación de hábitos nutricionales, la proliferación de
personas que buscan alimentos en la basura, los imperdonables
fallecimientos de bebés por desnutrición severa, son solo algunas
expresiones de ello. El reciente informe de la organización religiosa
Caritas señala que la situación, solo a nivel de niños menores de 5 años en
Miranda, Vargas, Zulia y Distrito Capital, ya es cercana a la de una crisis
humanitaria. Hablamos de situaciones de países en guerra o arrasados por
catástrofes naturales como terremotos o huracanes. Pensemos, además, que
las actuales distorsiones económicas generan escenarios en los que algunos
productos aparecen de nuevo en los anaqueles, pero a costos imposibles para la
grandísima mayoría de la población. También, que surgen nuevos grupos en
riesgo, como por ejemplo el de las personas de la tercera edad, que necesitan
ser atendidos de inmediato.
Si no se producen cambios
tanto en el gobierno como en el modelo de poder, esta situación crítica seguirá
empeorando a un ritmo acelerado. La organización frente a la tragedia es clave
y crea entre nosotros los lazos de solidaridad necesarios para la construcción
de un país distinto. Pero la emergencia nacional solo puede ser atendida de
forma masiva con políticas públicas y para eso tiene que haber necesariamente
un cambio en el poder.
Las transformaciones políticas
y económicas no responden a ideas abstractas o proyectos teóricos sino a
necesidades concretas y vitales. Nuestra supervivencia como individuos y
sociedad está amenazada en la medida que se continúe con un gobierno que, como
el actual, ha decido mantenerse en el poder quitándole la comida de la boca a
la gente.
Si no lo cambiamos sólo habrá
más hambre.
20-02-17
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