10 Últimos

jueves, 23 de febrero de 2017

Sin cambio habrá más hambre por @RobertoPatino


Por Roberto Patiño


En junio de 2016 iniciamos el plan “Alimenta la Solidaridad”, alertados por la gravedad que la crisis alimentaria estaba teniendo en las comunidades de Caracas. Ocho meses después vemos cómo la emergencia ha aumentado, afectando de forma cada vez más profunda a todos los venezolanos, causando secuelas permanentes a una generación de niños y adolescentes.

El problema alimentario viene acentuándose en nuestro país desde finales de 2013, con el aumento agudo de los índices de escasez. Con el deterioro económico y el colapso de las políticas de importación, continuadas irresponsablemente por el régimen madurista, al “problema de la comida” se le fueron sumando colas cada vez más largas e inmanejables frente a supermercados y abastos, el surgimiento y expansión de un mercado negro de venta de alimentos y la proliferación de casos de desnutrición, sobre todo en la población en edad escolar.

Tanto la implementación de los CLAPs, como la militarización de la distribución de alimentos a través de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, degeneraron en un recrudecimiento del problema y en nuevas formas de sometimiento, corrupción y violencia. A mediados de 2016 la escalada de la crisis alimentaria generó hechos como los sucedidos el 2 de junio, en Caracas, cuando se negó la venta de comida para desviarla hacia los CLAPs locales en establecimientos de la Av. Fuerzas Armadas, produciéndose situaciones de violencia y protesta.

Menos de dos semanas después estallaron los disturbios masivos y saqueos por hambre en la ciudad de Cumaná, en el estado Sucre.


Pero también en esos meses se produjeron voces de alerta frente a la emergencia, como el informe coordinado por el secretario de Educación de Miranda, Juan Maragall, realizado en 2.581 estudiantes de sexto grado, encuestados en 173 escuelas de 19 municipios de la región. El estudio señalaba las terribles repercusiones que la crisis alimentaria estaba causando en una de sus víctimas más vulnerables: los niños en edad escolar. 30% de los alumnos encuestados comían dos o una vez al día y 55% admitían haber faltado a clases para acompañar a sus padres a buscar alimento. La importancia de planes de comedor escolar, desatendidos por el gobierno madurista,  era evidente: 21% de los encuestados dependía de la alimentación provista por los planteles y 13% admitía no haber asistido a clases si no había comida en su institución.

Los casos de desmayos por desnutrición en las aulas empezaron a hacerse eco en la opinión pública. La expresión “la dieta de Maduro” se popularizó para describir la situación de hambre y padecimiento sufrida por la población e identificar al principal causante de esta tragedia.

Desde marzo de 2016, en Caracas Mi Convive reconocimos el terrible impacto que esta realidad estaba ejerciendo sobre las personas.  Luego de llevar a cabo jornadas de alimentación con sancochos populares, organizados con las comunidades, decidimos atender a la población infantil y juvenil de mayor riesgo. Generamos una nueva iniciativa llamada “Alimenta la solidaridad”, un plan de una comida diaria en sectores como La Vega, San Agustín, Cota 905, y Carapita. Alimenta la Solidaridad atiende en la actualidad a más de 580 niños, articulando a un grupo de líderes y miembros de las comunidades, organizaciones y voluntariado que suma casi 3.000 personas. Esfuerzos parecidos de particulares y algunos gobiernos locales se han producido en el país como respuesta a esta emergencia.

Pero la realidad es que durante estos 8 meses la crisis alimentaria ha continuado su desarrollo hasta convertirse en el problema que, incluso superando a la inseguridad, más afecta a la población venezolana en su conjunto, con un Estado que ha negado su función para enfrentar la tragedia y apoyar a los venezolanos. El régimen de Nicolás Maduro ha sido claro en sus intenciones de no dar solución a un problema complejo que él mismo ha creado y más bien aprovecharlo, a través de humillantes sistemas de sometimiento como el Carnet de la Patria, para controlar al país.

Los estragos causados por la crisis alimentaria se viven, de una forma u otra, en todos los hogares de Venezuela: la modificación de hábitos nutricionales, la proliferación de personas que buscan alimentos en la basura,  los imperdonables fallecimientos de bebés  por desnutrición severa, son solo algunas expresiones de ello.  El reciente informe de la organización religiosa Caritas señala que la situación, solo a nivel de niños menores de 5 años en Miranda, Vargas, Zulia y Distrito Capital, ya es cercana a la de una crisis humanitaria. Hablamos de situaciones de países en guerra o arrasados por catástrofes naturales como terremotos o huracanes. Pensemos, además,  que las actuales distorsiones económicas generan escenarios en los que algunos productos aparecen de nuevo en los anaqueles, pero a costos imposibles para la grandísima mayoría de la población. También, que surgen nuevos grupos en riesgo, como por ejemplo el de las personas de la tercera edad,  que necesitan ser atendidos de inmediato.

Si no se producen cambios tanto en el gobierno como en el modelo de poder, esta situación crítica seguirá empeorando a un ritmo acelerado. La organización frente a la tragedia es clave y crea entre nosotros los lazos de solidaridad necesarios para la construcción de un país distinto. Pero la emergencia nacional solo puede ser atendida de forma masiva con políticas públicas y para eso tiene que haber necesariamente un cambio en el poder.

Las transformaciones políticas y económicas no responden a ideas abstractas o proyectos teóricos sino a necesidades concretas y vitales. Nuestra supervivencia como individuos y sociedad está amenazada en la medida que se continúe con un gobierno que, como el actual, ha decido mantenerse en el poder quitándole la comida de la boca a la gente. 

Si no lo cambiamos sólo habrá más hambre.

20-02-17