Por Emma Sánchez Álvarez
El desabastecimiento, la
escasez y la violencia han empeorado desde el 27 de febrero de 1989, señala la
directora de Cofavic. Ahora "hay rabia, frustración, rechazo a la
corrupción y a la impunidad" y el pueblo de a pie no es escuchado, sostuvo
El 27 de febrero de 1989 hubo
un importante punto de quiebre en la historia del país. Los venezolanos a
partir de esta fecha ya no seríamos los mismos. Todo se inició con la llamada
Coronación: la toma de posesión como Presidente de Carlos Andrés Pérez, quien
luego anunció un programa de ajuste macroeconómico promovido por el Fondo
Monetario Internacional (FMI) llamado “El Gran Viraje”. Este programa no contó
con el apoyo de todo el país.
El paquete planificado por los
ministros del área económica, apodados IESA Boys, contemplaba que el
gobierno debía obtener 4.500 millones de dólares en tres años. Además, se
imponía que las tasas de interés activas y pasivas fueron liberadas con un tope
temporal fijado en 30%, eliminación de la tasa de cambio preferencial, liberación
de los precios excepto en 18 renglones de la cesta básica; también, el
incremento gradual de las tarifas de servicios públicos como teléfono, agua
potable, electricidad y gas doméstico, aumento anual de los precios de
productos derivados del petróleo, aumento del precio de la gasolina en 100%,
aumento inicial de las tarifas del transporte público en 30% y congelación de
cargos en la administración pública. Las medidas serían de aplicación
inmediata y otras de aplicación gradual.
Estas medidas generaron inflación
y desempleo; la liberación de los precios produjo escasez y acaparamiento de
algunos productos de la dieta básica. El 26 de febrero se decretó el aumento de
las tarifas del transporte público. Esta medida fue la gota que rebasó el vaso.
Al día siguiente todo esto propició un gran malestar en la población, y abrió
paso a fuertes protestas que culminaron en saqueos y disturbios.
Las nuevas generaciones
observaron con estupor la violencia y la represión. El silencio del toque de
queda permanecerá en la mente por mucho tiempo. Además, esta suspensión de
garantías dio como resultado la muerte y desaparición de muchos venezolanos de
los sectores populares. Así lo demuestra la llamada fosa de “La Peste”.
Las pérdidas humanas y
materiales todavía no tienen cifras claras. Sin embargo, los familiares de las
víctimas son la prueba de esta masacre.
Punto de inflexión
Para Liliana Ortega,
directora del Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos
ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989,
(Cofavic), el Caracazo fue un punto de inflexión en la situación
venezolana, no solo desde el punto de vista político, económico y social sino
desde la perspectiva de los derechos humanos.
Precisó que en Venezuela, “y
quizá en la región, es el caso con mayor número de víctimas por uso de disparos
indiscriminados que ha ocurrido en estas dos últimas décadas, muy
particularmente por el número de víctimas y el tiempo en que ocurrieron estos
hechos”.
Aunque no se ha podido
precisar de manera efectiva el número de víctimas, según cifras
oficiales 274 personas fueron asesinadas. Esta es una de las masacres más
importantes y relevantes que haya ocurrido en el hemisferio.
La abogada afirmó que el 27 de
febrero, “es todavía una deuda de verdad y de justicia porque, luego de 28
años, no hay nadie condenado de manera definitiva por estos hechos; no solo por
quienes dispararon, cometieron torturas y crímenes de lesa humanidad contras
las víctimas, sino por quienes han permitido que esos hechos estén en impunidad
por más de dos décadas".
Luego de 28 años, acotó, las
víctimas todavía esperan que los restos de las personas que fueron inhumados de
forma ilegal en La Peste sean plenamente identificados con mecanismos
confiables para las víctimas, "y sean entregados a sus familias para que
ellos, de manera independiente y siguiendo sus creencias religiosas, decidan
los lugares donde desean enterrarlos".
Insistió en que el Estado
venezolano está en deuda con lo hechos del 27 de febrero. “Lamentablemente lo
que ocurrió en el Caracazo sigue teniendo una enorme vigencia. La Corte
Interamericana en su sentencia histórica señaló muy claramente que en Venezuela
hay que adecuar los mecanismos de orden público a los estándares de derechos
humanos, y nosotros hemos visto cómo, desde el año 1999, el uso
desproporcionado de la fuerza pública se ha ido manteniendo porque no se han
tomado las medidas necesarias para evitar que las fuerzas policiales y
militares controlen el orden público de manera eficiente”.
No murieron en los saqueos,
sino por la represión
–¿Qué ha hecho Cofavic sobre
este caso?
–Nosotros somos una
organización que se inició a partir de las víctimas del Caracazo, y ellas han
sido el testimonio más permanente y coherente sobre este tema, porque no han
hablado del 27 de febrero ahora sino desde que el presidente Carlos Andrés
Pérez estaba en Miraflores. Han sido una voz muy contundente, sin miedo y
desafiando todo los fueros institucionales y todos los mecanismos de impunidad
que se han desarrollado en estas dos décadas. Gracias a su voz la sociedad
venezolana y el mundo conocen realmente lo ocurrido. Uno de los mitos del
Caracazo es que la gente murió en los saqueos. Nosotros pudimos demostrar ante
la Corte Interamericana, y fue aceptado por el Estado venezolano, que la mayor
parte de las víctimas, cerca de 98%, murieron en sus residencias luego de la
suspensión de garantías constitucionales.
–¿Cómo fue eso?
–Con disparos indiscriminados
de las fuerzas policiales y militares en las zonas populares; básicamente en horas
de la noche, cuando se iniciaba el toque de queda. Muchas de esas personas
murieron abriendo una nevera, cerrando un clóset, asomado en una ventana. La
mayor parte corresponden a estas historias.
–¿Hemos aprendido en materia
de derechos humanos a partir de los sucesos del 27 de febrero?
–Lamentablemente pareciera que
no, y esto desde Cofavic lo decimos con responsabilidad. Hace 28 años la gente
salió a la calle a protestar porque su vida cotidiana estaba siendo amenaza,
había impunidad y corrupción. Y esa gente de a pie no estaba siendo escuchada
por el liderazgo de aquella época. Pero después de esto seguimos teniendo esos
mismos problemas, y otros que se han profundizado. Pareciera que ahora quienes
tienen el liderazgo y el poder tampoco están escuchando ese clamor. Es muy
importante que el país analice en profundidad los hechos que dieron origen al
Caracazo, y de manera preponderante las fuerzas de seguridad. Es fundamental
que lo ocurrido el 27 de febrero se mantenga presente, no como una celebración
de carácter político, sino como un recuerdo para que estos hechos no se repitan
y se apliquen garantías que eviten que Venezuela vuelva a vivir una situación
tan dura. Hay que insistir en que todas nuestras fuerzas de seguridad deberían
tener muy presentes aquellos hechos, porque sus actuaciones dejaron centenares
de hogares impactados negativamente, y esa memoria colectiva es muy relevante.
Agenda pendiente
–¿Cuál es su balance desde el
Caracazo?
–El balance que hay que hacer
después de 28 años del Caracazo es que la agenda de derechos humanos en
Venezuela sigue estando pendiente. Cada vez tenemos más ejecuciones
extrajudiciales, torturas e impunidad. Las propias cifras oficiales así lo
revelan. Hay un aumento del feminicidio y de la violencia en general. Esto
tiene que ver con la desaparición del Estado democrático, y con no haber sabido
entender -por parte de quienes detentan el poder- lo que ocurrió el 27 de
febrero; esto, para que las fuerzas de seguridad policiales y militares
actúen en el control del orden público sin violar los derechos humanos. Es
seguridad ciudadana y derechos humanos. La violencia generalizada que existe en
Venezuela es un reflejo de que todo lo que se ha debido hacer no se hizo.
–¿Qué diferencias existen
entre la Venezuela del Caracazo y la de ahora?
–No es posible que hechos como
los del Caracazo se repitan de manera calcada. Sin embargo, hoy día en
Venezuela se observan unos elementos muy preocupantes que no existían el 27 de
febrero. El primero de ellos es el desabastecimiento generalizado de alimentos
y medicinas. En el Caracazo tuvimos, y así lo probamos ante la Corte y lo
aceptó el Estado venezolano, un acaparamiento o desaparición momentánea de unos
cuatro o cinco alimentos fundamentales en la dieta de los ciudadanos. Hoy día
esa lista es mucho más amplia. En segundo lugar, está el tema de la
violencia. En el Caracazo el nivel de homicidios era bajo. Caracas era
considera una de la ciudades más tranquilas para vivir, y hoy es una de la más
violentas del mundo. Se ha incrementado ahora la tenencia de armas ilegales,
los homicidios, ejecuciones extrajudiciales, existencia de grupos armados
civiles y la delincuencia organizada en bandas que ejercen control sobre zonas
determinadas en zonas urbanas del país. Por eso no son comparables los dos
momentos. Lamentablemente hay un tema que ha sido trasversal y es la impunidad,
la falta de castigo a los responsables.
–¿Qué significó el 27 de
febrero de 1989?
–El Caracazo significó el
quiebre de un modelo político y social que sucedió de manera abrupta. Y para el
tema de los derechos humanos sin duda ha sido un punto de inflexión, porque
está ligado con el crecimiento de las organizaciones civiles pro derechos
humanos, y porque a partir de este momento comienzan las mayores denuncias
sobre casos de violación de derechos humanos en Venezuela. Lamentablemente a
partir de esta fecha el país comienza a entrar en una espiral de violencia de
la cual no se ha recuperado. Las causas estructurales y coyunturales que
llevaron al Caracazo se han profundizado.
–¿Usted cree que pueda haber
otro Caracazo en Venezuela?
–Hechos de esa magnitud,
calcados y repetidos, no creo que sean posibles. Además, las circunstancias son
muy diferentes. En este momento hay un concepto de violencia que no existía en
el Caracazo. Lo que tuvimos para aquel momento fue una masacre contra los
sectores populares que estaban desarmados, resguardándose en sus casas porque
creían que era el sitio más seguro. Quizá lo que es parecido al pasado es que
el pueblo de a pie está siendo nuevamente desoído: hay rabia, frustración,
rechazo a la corrupción y a la impunidad y la desaparición de la
institucionalidad democrática.
27-02-17
http://www.contrapunto.com/noticia/liliana-ortega-no-hemos-aprendido-la-leccion-del-caracazo-124216/
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