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martes, 28 de febrero de 2017

"Las causas estructurales y coyunturales que llevaron al Caracazo se han profundizado" por @contrapuntovzla


Por Emma Sánchez Álvarez


El desabastecimiento, la escasez y la violencia han empeorado desde el 27 de febrero de 1989, señala la directora de Cofavic. Ahora "hay rabia, frustración, rechazo a la corrupción y a la impunidad" y el pueblo de a pie no es escuchado, sostuvo

El 27 de febrero de 1989 hubo un importante punto de quiebre en la historia del país. Los venezolanos a partir de esta fecha ya no seríamos los mismos. Todo se inició con la llamada Coronación: la toma de posesión como Presidente de Carlos Andrés Pérez, quien luego anunció un programa de ajuste macroeconómico promovido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) llamado “El Gran Viraje”. Este programa no contó con el apoyo de todo el país.
El paquete planificado por los ministros del área económica, apodados IESA Boys, contemplaba que el gobierno debía obtener 4.500 millones de dólares en tres años. Además, se imponía que las tasas de interés activas y pasivas fueron liberadas con un tope temporal fijado en 30%, eliminación de la tasa de cambio preferencial, liberación de los precios excepto en 18 renglones de la cesta básica; también, el incremento gradual de las tarifas de servicios públicos como teléfono, agua potable, electricidad y gas doméstico, aumento anual de los precios de productos derivados del petróleo, aumento del precio de la gasolina en 100%, aumento inicial de las tarifas del transporte público en 30% y congelación de cargos en la administración pública. Las medidas serían de aplicación inmediata y otras de aplicación gradual.

Estas medidas generaron inflación y desempleo; la liberación de los precios produjo escasez y acaparamiento de algunos productos de la dieta básica. El 26 de febrero se decretó el aumento de las tarifas del transporte público. Esta medida fue la gota que rebasó el vaso. Al día siguiente todo esto propició un gran malestar en la población, y abrió paso a fuertes protestas que culminaron en saqueos y disturbios.

Las nuevas generaciones observaron con estupor la violencia y la represión. El silencio del toque de queda permanecerá en la mente por mucho tiempo. Además, esta suspensión de garantías dio como resultado la muerte y desaparición de muchos venezolanos de los sectores populares. Así lo demuestra la llamada fosa de “La Peste”.


Las pérdidas humanas y materiales todavía no tienen cifras claras. Sin embargo, los familiares de las víctimas son la prueba de esta masacre.

Punto de inflexión

Para Liliana Ortega, directora del Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989, (Cofavic), el Caracazo fue un punto de inflexión en la situación venezolana, no solo desde el punto de vista político, económico y social sino desde la perspectiva de los derechos humanos.

Precisó que en Venezuela, “y quizá en la región, es el caso con mayor número de víctimas por uso de disparos indiscriminados que ha ocurrido en estas dos últimas décadas, muy particularmente por el número de víctimas y el tiempo en que ocurrieron estos hechos”.

Aunque no se ha podido precisar de manera efectiva el número de víctimas, según cifras oficiales 274 personas fueron asesinadas. Esta es una de las masacres más importantes y relevantes que haya ocurrido en el hemisferio.

La abogada afirmó que el 27 de febrero, “es todavía una deuda de verdad y de justicia porque, luego de 28 años, no hay nadie condenado de manera definitiva por estos hechos; no solo por quienes dispararon, cometieron torturas y crímenes de lesa humanidad contras las víctimas, sino por quienes han permitido que esos hechos estén en impunidad por más de dos décadas".
Luego de 28 años, acotó, las víctimas todavía esperan que los restos de las personas que fueron inhumados de forma ilegal en La Peste sean plenamente identificados con mecanismos confiables para las víctimas, "y sean entregados a sus familias para que ellos, de manera independiente y siguiendo sus creencias religiosas, decidan los lugares donde desean enterrarlos".

Insistió en que el Estado venezolano está en deuda con lo hechos del 27 de febrero. “Lamentablemente lo que ocurrió en el Caracazo sigue teniendo una enorme vigencia. La Corte Interamericana en su sentencia histórica señaló muy claramente que en Venezuela hay que adecuar los mecanismos de orden público a los estándares de derechos humanos, y nosotros hemos visto cómo, desde el año 1999, el uso desproporcionado de la fuerza pública se ha ido manteniendo porque no se han tomado las medidas necesarias para evitar que las fuerzas policiales y militares controlen el orden público de manera eficiente”.


 No murieron en los saqueos, sino por la represión

–¿Qué ha hecho Cofavic sobre este caso?

–Nosotros somos una organización que se inició a partir de las víctimas del Caracazo, y ellas han sido el testimonio más permanente y coherente sobre este tema, porque no han hablado del 27 de febrero ahora sino desde que el presidente Carlos Andrés Pérez estaba en Miraflores. Han sido una voz muy contundente, sin miedo y desafiando todo los fueros institucionales y todos los mecanismos de impunidad que se han desarrollado en estas dos décadas. Gracias a su voz la sociedad venezolana y el mundo conocen realmente lo ocurrido. Uno de los mitos del Caracazo es que la gente murió en los saqueos. Nosotros pudimos demostrar ante la Corte Interamericana, y fue aceptado por el Estado venezolano, que la mayor parte de las víctimas, cerca de 98%, murieron en sus residencias luego de la suspensión de garantías constitucionales.

–¿Cómo fue eso?

–Con disparos indiscriminados de las fuerzas policiales y militares en las zonas populares; básicamente en horas de la noche, cuando se iniciaba el toque de queda. Muchas de esas personas murieron abriendo una nevera, cerrando un clóset, asomado en una ventana. La mayor parte corresponden a estas historias.

–¿Hemos aprendido en materia de derechos humanos a partir de los sucesos del 27 de febrero?

–Lamentablemente pareciera que no, y esto desde Cofavic lo decimos con responsabilidad. Hace 28 años la gente salió a la calle a protestar porque su vida cotidiana estaba siendo amenaza, había impunidad y corrupción. Y esa gente de a pie no estaba siendo escuchada por el liderazgo de aquella época. Pero después de esto seguimos teniendo esos mismos problemas, y otros que se han profundizado. Pareciera que ahora quienes tienen el liderazgo y el poder tampoco están escuchando ese clamor. Es muy importante que el país analice en profundidad los hechos que dieron origen al Caracazo, y de manera preponderante las fuerzas de seguridad. Es fundamental que lo ocurrido el 27 de febrero se mantenga presente, no como una celebración de carácter político, sino como un recuerdo para que estos hechos no se repitan y se apliquen garantías que eviten que Venezuela vuelva a vivir una situación tan dura. Hay que insistir en que todas nuestras fuerzas de seguridad deberían tener muy presentes aquellos hechos, porque sus actuaciones dejaron centenares de hogares impactados negativamente, y esa memoria colectiva es muy relevante.

Agenda pendiente

–¿Cuál es su balance desde el Caracazo?

–El balance que hay que hacer después de 28 años del Caracazo es que la agenda de derechos humanos en Venezuela sigue estando pendiente. Cada vez tenemos más ejecuciones extrajudiciales, torturas e impunidad. Las propias cifras oficiales así lo revelan. Hay un aumento del feminicidio y de la violencia en general. Esto tiene que ver con la desaparición del Estado democrático, y con no haber sabido entender -por parte de quienes detentan el poder- lo que ocurrió el 27 de febrero; esto, para que las fuerzas de seguridad policiales y militares actúen en el control del orden público sin violar los derechos humanos. Es seguridad ciudadana y derechos humanos. La violencia generalizada que existe en Venezuela es un reflejo de que todo lo que se ha debido hacer no se hizo.


–¿Qué diferencias existen entre la Venezuela del Caracazo y la de ahora?

–No es posible que hechos como los del Caracazo se repitan de manera calcada. Sin embargo, hoy día en Venezuela se observan unos elementos muy preocupantes que no existían el 27 de febrero. El primero de ellos es el desabastecimiento generalizado de alimentos y medicinas. En el Caracazo tuvimos, y así lo probamos ante la Corte y lo aceptó el Estado venezolano, un acaparamiento o desaparición momentánea de unos cuatro o cinco alimentos fundamentales en la dieta de los ciudadanos. Hoy día esa lista es mucho más amplia. En segundo lugar, está el tema de la violencia. En el Caracazo el nivel de homicidios era bajo. Caracas era considera una de la ciudades más tranquilas para vivir, y hoy es una de la más violentas del mundo. Se ha incrementado ahora la tenencia de armas ilegales, los homicidios, ejecuciones extrajudiciales, existencia de grupos armados civiles y la delincuencia organizada en bandas que ejercen control sobre zonas determinadas en zonas urbanas del país. Por eso no son comparables los dos momentos. Lamentablemente hay un tema que ha sido trasversal y es la impunidad, la falta de castigo a los responsables.

–¿Qué significó el 27 de febrero de 1989?

–El Caracazo significó el quiebre de un modelo político y social que sucedió de manera abrupta. Y para el tema de los derechos humanos sin duda ha sido un punto de inflexión, porque está ligado con el crecimiento de las organizaciones civiles pro derechos humanos, y porque a partir de este momento comienzan las mayores denuncias sobre casos de violación de derechos humanos en Venezuela. Lamentablemente a partir de esta fecha el país comienza a entrar en una espiral de violencia de la cual no se ha recuperado. Las causas estructurales y coyunturales que llevaron al Caracazo se han profundizado.

–¿Usted cree que pueda haber otro Caracazo en Venezuela?

–Hechos de esa magnitud, calcados y repetidos, no creo que sean posibles. Además, las circunstancias son muy diferentes. En este momento hay un concepto de violencia que no existía en el Caracazo. Lo que tuvimos para aquel momento fue una masacre contra los sectores populares que estaban desarmados, resguardándose en sus casas porque creían que era el sitio más seguro. Quizá lo que es parecido al pasado es que el pueblo de a pie está siendo nuevamente desoído: hay rabia, frustración, rechazo a la corrupción y a la impunidad y la desaparición de la institucionalidad democrática.

27-02-17