Por Simón García
Uno de los mecanismos de
control totalitario de la sociedad consiste en separar y contraponer
agresivamente a una parte del pueblo contra otra. Este mecanismo se trabó por
dos hechos: conformación de una mayoría adversa a las políticas de Maduro y
reanudación de la comunicación en la base popular que sufre los mismos efectos
de la crisis.
La gente conversa entre sí,
hace sus propias preguntas y encuentra respuestas distintas a las que emanan
del régimen. Por eso aumenta el número de ciudadanos que, al margen de sus
preferencias políticas, no comparten que sea una prioridad sustituir la
Constitución de 1999.
Y menos, imponiendo una
Constituyente viciada desde su convocatoria, forjando censos de electores desde
el Congreso de la patria, destruyendo el voto universal y secreto y asesinando
el principio original del proceso de no aceptar nada fuera de la Constitución.
El desacuerdo con
constitucionalizar una dictadura de Maduro abre paso para definir mínimos de
coincidencia entre chavismo crítico y MUD. La persistencia de diferencias
sustanciales no debería continuar impidiendo una acción política coincidente en
torno a la defensa de la Constitución de 1999 o de respaldo a la lealtad
constitucional profesada ejemplarmente por la Fiscal General, Luisa Ortega
Díaz, quien “llegó tarde el día que se repartió el miedo”.
Ese acuerdo tiene a la
Constitución de 1999 como el pacto social que unifica a todos los venezolanos.
Su objetivo es alcanzar cambios para comenzar a superar las crisis de un modo
que asegure una sociedad más justa, con mejor democracia, con una economía de
mercado más vigorosa y socialmente responsable. Este punto, el de la
redistribución no rentista ni estatista de la riqueza, marca el ancho de las
diferencias, y debe ser objeto de reformulaciones.
Es un acuerdo para alejar
llamamientos, como los de Diosdado o Isaías, a exterminar al otro y borrar de
la faz de la tierra a un venezolano sólo porque protesta. La guerra del
gobierno contra los ciudadanos, la represión contra los manifestantes y el
castigo a los disidentes llegará a su fin.
La satisfacción de sus
objetivos abrirá un período en el cual se permitirá la convivencia entre
proyectos de país diferentes. No habrá venganza, tampoco impunidad. Los
movimientos disidentes que no avalen el totalitarismo de Maduro tendrán su
lugar en un cambio que los necesita: 1. para ampliar la base de sustentación,
de representación de intereses sociales, de defensa de las conquistas
alcanzadas y del desarrollo de una dimensión progresista de la gobernabilidad.
2. La reinstitucionalización legal, plural y democrática del Estado. 3. La
promoción de una nueva cultura cívica. 4. La adopción de planes para superar
los problemas que más afectan a la población.
En el principio del cambio
está la palabra.
08-06-17
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