Por Red de Observación
Electoral
Desde finales del año 2016 el
derecho del voto ha sufrido en Venezuela un alarmante deterioro. Primero fue la
suspensión del proceso de referéndum revocatorio basada en la intervención de
jueces sin competencia en materia electoral. Luego el desconocimiento de los
diputados del estado Amazonas por parte del TSJ, que a su vez condujo al
desconocimiento de la Asamblea Nacional. Después la no realización en 2016 de
las elecciones regionales, que ahora se anuncian para diciembre del 2017, con
lo cual se prorroga ilegalmente un año el ejercicio de los gobernadores en
función. Y últimamente la ilegal e inconstitucional convocatoria por parte del
Presidente de la República de una ANC para una reforma la Constitución, aunque
de hecho propone una sustitución de la existente. El CNE aceptó la convocatoria
y fijó el mes de julio para su realización, obviando la obligatoria consulta al
soberano que manda la Constitución.
Tanto la Fiscal General de la
República, como dos magistrados del TSJ han presentado públicamente objeciones
a la propuesta presidencial de ANC, que ha recibido también sustanciales
críticas de reconocidos juristas. Adicionalmente, con base en una artificiosa
argumentación, el TSJ, en reciente sentencia relacionada con el poder
municipal, excluye el principal instrumento de participación política ciudadana
como es el voto directo, introduciendo la elección de segundo grado para las
Juntas Parroquiales, con lo cual abre la posibilidad del voto indirecto, en
reemplazo del sufragio directo que establece la Constitución.
Una grave responsabilidad de
este deterioro corresponde al CNE, un poder independiente del Estado que tiene
el deber de preservar el derecho de los ciudadanos al voto, que ha permitido,
faltando a su obligación, la violación flagrante de las normas que protegen
este derecho. Mención especial a este respecto merecen las bases comiciales
entregadas por el Presidente de la República al CNE y aprobadas por éste en las
que se sustituye el voto universal directo y secreto, donde a cada ciudadano
corresponde un voto, por una elección sectorializada que ha sido de uso
frecuente bajo regímenes dictatoriales en algunos países. Adicionalmente, se
introduce la regionalización del voto por municipios, ignorando los criterios
de la representación con base en la población que establece la Constitución, lo
que lleva a una enorme disparidad del peso del voto entre los municipios, en
detrimento de los municipios con más habitantes.
Con ello el CNE carga con la
inmensa responsabilidad de dirigir el país hacia una vía de confortación
violenta, al cerrar el camino constitucional, civilizado y pacífico para
dirimir las diferencias políticas como es el voto universal, directo y secreto.
La presentación hecha por la
presidenta del CNE, que valora como solución a la crisis del país la propuesta
de ANC, cuando es evidente su carácter sesgado y excluyente del sector político
opositor, deja en entredicho tanto la imparcialidad a la que está obligada,
como su responsabilidad con el país.
Una vez más hacemos un llamado
al CNE a retomar el camino constitucional, ejerciendo su poder para la
restitución de los procesos electorales del país dentro del marco de las leyes,
en aras de la paz de la nación.
29-05-17
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