Por Juan Francisco Alonso
Los constitucionalistas Juan
Manuel Raffali y Gustavo Linares Benzo afirman que la propuesta del presidente
Nicolás Maduro supone una violación a la Constitución y a los principios
elementales de la democracia.
Caracas. Más violencia y, por
ende, más muertos, heridos y daños materiales. Eso es lo que podría terminar
provocando la Asamblea Nacional Constituyente que el presidente Nicolás Maduro
impulsa, supuestamente, para ponerle coto a la ola de protestas que sacuden al
país desde hace dos meses, por cuanto ella y cualquier decisión que tome
carecerá de legitimidad.
La advertencia la hicieron los
catedráticos de Derecho Constitucional y Administrativo de las universidades
Católica Andrés Bello y Central de Venezuela, Juan Manuel Raffali y Gustavo
Linares Benzo, quienes coincidieron en señalar que la manera cómo se pretende
activar el mecanismo previsto en el capítulo III del título IX de la Constitución
de 1999 es contrario al espíritu y letra del texto
fundamental.
“Esta cosa que pretende hacer
el Gobierno lo que va a provocar es una anarquía, porque se puede presentar el
escenario en el que la reforma que salga de esa supuesta Constituyente no va a
ser acatada más que por la minoría que vote por ella, mientras que una mayoría
se mantendrá fiel a la Constitución de 1999”, afirmó Raffali, quien agregó:
“Supongamos que la Constituyente disuelve a la Asamblea Nacional o
alguna gobernación o alcaldía, pues veremos a unos diputados o gobernadores o alcaldes
desconociendo esa decisión y llamando a la gente a defender esas instituciones
y, por el otro lado, tendrás a un Gobierno pretendiendo imponer esa reforma a
través de los tribunales. Ese escenario por supuesto va a generar más violencia
de la que ya tenemos”.
En similares términos se
pronunció Linares, quien aunque siempre se ha cuestionado el polémico artículo
350 de la actual Constitución declaró: “Si en algún momento se puede apelar esa
norma constitucional para llamar a la desobediencia es ahora, porque esta
Constituyente tal y como está planteada viola no solo la propia Constitución
sino los principios republicanos y democráticos de la República. Una elección
corporativa como la que se pretende hacer viola el principio de un venezolano,
un voto”.
Raffali, por su parte, no descartó que escudándose en esa norma el sector de la población que hoy tiene dos meses en las calles protestando también lo haga el día de la elección de los constituyentes y el día en que se instalen.
“La determinación que veo en
la calle no me hace sospechar que la gente se vaya a quebrar y vaya aceptar ser
sometida con esta propuesta, la cual seguramente desempolvará todo eso del
Estado comunal, de la propiedad social y demás planteamientos que estaban en la
reforma que Hugo Chávez impulsó en 2007”, dijo.
Sin legitimidad y con otra
agenda
Tras recordar que una norma
para que tenga legitimidad “debe ser aceptada por el conglomerado social”, pues
de lo contrario será “impuesta por la fuerza”, Linares recordó: “La
Constitución de 1999 se aprobó con un mecanismo no legal, pues la Constituyente
no estaba prevista en la Constitución de 1961 como forma para reformarla o
sustituirla, sin embargo, fue respaldada por el pueblo mediante dos referendos
—uno para avalar la convocatoria de la Constituyente y otro para aprobar el
texto que redactó— y eso le dio legitimidad”.
Por su parte, Raffali también
apeló a la historia. “Las constituciones se pueden redactar sin necesidad
de consultar al pueblo, pero eso ocurre cuando hay una ruptura del orden
establecido, como ocurrió a la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.
La Constitución de 1961 fue redactada no por una Constituyente, sino por el
Congreso y no fue votada por el pueblo, pero fue aceptada por la inmensa
mayoría de los partidos, instituciones económicas, académicas y sociales y eso
le dio legitimidad”.
Por último, Linares descartó que
la instancia impulsada por el Presidente Maduro modifique una coma de la Carta
Magna. “Ellos [el Gobierno] no tienen interés en redactar una nueva
Constitución o reformar la existente sino lo que van hacer es apelar a esa idea
de [Hermann] Escarrá de los decretos constituyentes para disolver a la Asamblea
Nacional, posteriormente destituir a la Fiscal General [Luisa Ortega Díaz] y
por último le van a aprobar los créditos que no le aprueban ahora”.
Foto referencial
31-05-17
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