Por Carlos Romero M., 16/06/2017
La supremacía constitucional no cede ante el autoritarismo del Poder Ejecutivo, ni ante
la tergiversada interpretación de sus normas por parte de la Sala
Constitucional, siendo un deber esencial de los ciudadanos, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 333 de la Constitución, restablecer su plena y
efectiva vigencia.
Esa afirmación corresponde a la
Asamblea Nacional y quedó registrada en uno de los considerandos del Acuerdo
sobre el rescate de la Democracia y la Constitución aprobado el 13 de octubre
de 2016, en el cual, reconociéndose como bastión republicano de la soberanía
popular, asumió el compromiso convocar a todos los factores de la sociedad
venezolana a un movimiento nacional de defensa de la Constitución, de la
democracia y del voto.
En ese sentido se creó el Frente
Nacional en Defensa de la Constitución y la Democracia que hoy tiene el gran
desafío de construir canales efectivos de articulación y comunicación con los
ciudadanos en cada comunidad del país para impulsar acciones de acompañamiento
y respuesta política oportuna en la defensa de la constitución y la democracia.
El desafío tiene como fecha
límite el 30 de julio, pues para ese momento se han convocado las elecciones de
la supuesta constituyente; pero previamente se ha anunciado que el 9 de julio
es el inicio de la campaña, por lo que hay que estar preparados porque a partir
de esa fecha, el Gobierno hará uso de la hegemonía comunicacional que ha
impuesto e intentará opacar la voz disidente a la propuesta Constituyente.
Con las dificultades que presenta
en muchas ciudades del país el servicio de telefonía fija y las conexiones de
internet, la comunicación y las estrategias no pueden limitarse al chat y menos
aún a 140 caracteres, es fundamental que los ciudadanos en cada comunidad, se
organicen para poder responder al desafío que tenemos a través de los
lineamientos que se determinen nacionalmente, pero principalmente, la defensa
de la democracia y la constitución no puede limitarse a impulsar aquellas
acciones que se sugieren desde un nivel central.
Hasta ahora la participación
ciudadana ha estado presente en el espíritu de las marchas y protestas, así
como de los llamados plantones; pero además, ha sido determinante en la
decisión del gobierno de impedir el revocatorio presidencial y más
recientemente de impedir la libre participación de los ciudadanos que
intentaron activarse para hacerse parte del recurso intentado por la Fiscal
General de la República, declarado inadmisible por la Sala Electoral del
Tribunal Supremo de Justicia.
Pero no hay que olvidar que esa
participación fue masiva y contundente en el proceso de legitimación de los
partidos políticos, logrando, de esa forma, legitimar las organizaciones
políticas, como actores efectivos de la sociedad. La soberanía popular, cada
vez que ha podido, ha superado los obstáculos del régimen y le ha empujado a
negar los derechos de los propios ciudadanos.
Si como vecinos no podemos mover
al menos 15 personas de la comunidad para elevar la voz de protesta, menos aún
podremos empujar los cambios políticos que el país reclama, exige y grita.
La supuesta Constituyente ha sido
convocada al margen de la Constitución y ello hay que dejarlo expresamente
señalado, el tiempo amerita que entre muchas otras actividades, que
reivindiquemos y así lo hagamos notar, la Constitución en su artículo 70 cuando
reconoce a las Asambleas de Ciudadanos y a los Cabildos como mecanismos
efectivos de participación.
Es el momento para que cada
comunidad pueda tomar los espacios públicos que les pertenecen y desde allí
rechazar la supuesta constituyente, partiendo del reconocimiento que estamos
frente a una ruptura del orden constitucional y democrático, como lo ha
expresado la Asamblea Nacional a través de sus diversos Acuerdos.
El 23 de octubre de 2016 la
Asamblea Nacional declaró formalmente esa ruptura del orden constitucional y
democrático, por lo tanto hoy más que nunca resulta importante que mediante
escrito y en el ejercicio del derecho a la libre participación, desde un
mecanismo reconocido de participación, logremos ejercer de manera efectiva y
contundente la defensa de la democracia y la constitución, concretando de esa
forma una de las distintas vías para asumir el mandato del artículo 333 de la
Constitución que nos llama a restituir la vigencia del orden constitucional.
Es el momento de expresar y luego
consignar en cada entidad pública un Manifiesto Ciudadano, por así llamarlo, en
el que se rechace categóricamente la supuesta constituyente por ser
innecesaria, como lo han expresado otros, entre los cuales está la Conferencia
Episcopal Venezolana, quien advirtió que tal mecanismo no busca resolver los
problemas inmediatos y atender a las necesidades básicas de los ciudadanos; por
el contrario, lo que persigue es imponer un sistema de gobierno totalitario,
militarista, policial, violento, represor, expresado en el Plan de la Patria y
respnsable de todos los males del país.
Pero además de innecesario, esa
convocatoria se hace fuera del marco constitucional, irrespetando la voluntad
popular, al ignorarla e impidiendo a los ciudadanos asumir su rol protagónico y
participativo en este proceso político complejo.
Es fundamental que el ciudadano,
rechace la intención de manipular la supuesta constituyente presentándola como
un gran diálogo nacional, un diálogo de todos, sin élites[1], o como mecanismo
superior de diálogo[2]; no es posible
creer en un gobierno, que utilizó el diálogo mediáticamente en diciembre de
2013 cuando facilitó el encuentro con Alcaldes y Gobernadores de la Unidad;
pero menos aún, resulta viable confiar en un gobierno que la misma Conferencia
Episcopal Venezolana ha responsabilizado por no cumplir los acuerdos alcanzados
en octubre de 2016.
La fuerza de la soberanía
popular, a través de la participación, debe dejar constancia de la ilegitimidad
del Presidente de la República, quien fue declarado a finales del año pasado
por la Asamblea Nacional, como responsable político de la grave ruptura del
orden constitucional y democrático, de la violación de los derechos humanos y
la devastación de las bases económicas y sociales de la nación.
Así mismo, debe destacarse el
desconocimiento a la Sala Constitucional, como intérprete objetivo de la
Constitución, pues sus Magistrados están actuando fuera del marco
constitucional vigente, usurpando funciones, pues sus designaciones fueron
anuladas por la Asamblea Nacional en julio de 2016.
Por último, esa participación
ciudadana, que ha sido contundente, debe expresar su reconocimiento a la
Asamblea Nacional, como único poder legítimo del Estado, quien a través de sus
Acuerdos ha dejado en evidencia la naturaleza antidemocrática de este régimen y
como advertencia a un régimen que pretende reeditar 1999 cuando la anterior
Constituyente impulsó el cierre técnico del Parlamento Bicameral de aquella
Venezuela.
Así como el 13 de octubre de
2016, la Asamblea Nacional declaró y acordó desconocer conforme al artículo 7 y
333 de la Constitución, la autoridad y vigencia de los actos del Poder
Ejecutivo y de las Sentencias del TSJ por contrariar los valores, principios y
garantías democráticas y lesionar los derechos fundamentales; así mismo hoy
estamos obligados a respaldar ese desconocimiento de manera expresa, mediante
un declaración o manifiesto, en un espacio público, con un mecanismo de
participación que reivindique la constitución y ejerciendo 350 de la mano con
el 333.
[1]Globovisión. Maduro insiste en un
“gran diálogo constituyente” para la paz de Venezuela. 7 de mayo de 2017.
Online en: http://globovision.com/article/maduro-pide-apoyar-la-constituyente-y-a-rechazar-la-violencia
[2] Parnorama. Hernán Escarrá.
La Asamblea Nacoinal Constituyente es un mecanismo superir de diálogo. 18 de
mayo 2017. Online en: http://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Hernan-Escarra-La-Asamblea-Nacional-Constiyuyente-es-un-mecanismo-superior-de-dialogo-20170517-0101.html
Escrito para @PolitikaUCAB
Carlos Romero M.
@carome31
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