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lunes, 19 de junio de 2017

El encuentro de la voz ciudadana con la voz del parlamento, @carome31



Por Carlos Romero M., 16/06/2017

La supremacía constitucional no cede ante el autoritarismo del Poder Ejecutivo, ni ante la tergiversada interpretación de sus normas por parte de la Sala Constitucional, siendo un deber esencial de los ciudadanos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 333 de la Constitución, restablecer su plena y efectiva vigencia.

Esa afirmación corresponde a la Asamblea Nacional y quedó registrada en uno de los considerandos del Acuerdo sobre el rescate de la Democracia y la Constitución aprobado el 13 de octubre de 2016, en el cual, reconociéndose como bastión republicano de la soberanía popular, asumió el compromiso convocar a todos los factores de la sociedad venezolana a un movimiento nacional de defensa de la Constitución, de la democracia y del voto.

En ese sentido se creó el Frente Nacional en Defensa de la Constitución y la Democracia que hoy tiene el gran desafío de construir canales efectivos de articulación y comunicación con los ciudadanos en cada comunidad del país para impulsar acciones de acompañamiento y respuesta política oportuna en la defensa de la constitución y la democracia.

El desafío tiene como fecha límite el 30 de julio, pues para ese momento se han convocado las elecciones de la supuesta constituyente; pero previamente se ha anunciado que el 9 de julio es el inicio de la campaña, por lo que hay que estar preparados porque a partir de esa fecha, el Gobierno hará uso de la hegemonía comunicacional que ha impuesto e intentará opacar la voz disidente a la propuesta Constituyente.

Con las dificultades que presenta en muchas ciudades del país el servicio de telefonía fija y las conexiones de internet, la comunicación y las estrategias no pueden limitarse al chat y menos aún a 140 caracteres, es fundamental que los ciudadanos en cada comunidad, se organicen para poder responder al desafío que tenemos a través de los lineamientos que se determinen nacionalmente, pero principalmente, la defensa de la democracia y la constitución no puede limitarse a impulsar aquellas acciones que se sugieren desde un nivel central.

Hasta ahora la participación ciudadana ha estado presente en el espíritu de las marchas y protestas, así como de los llamados plantones; pero además, ha sido determinante en la decisión del gobierno de impedir el revocatorio presidencial y más recientemente de impedir la libre participación de los ciudadanos que intentaron activarse para hacerse parte del recurso intentado por la Fiscal General de la República, declarado inadmisible por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.

Pero no hay que olvidar que esa participación fue masiva y contundente en el proceso de legitimación de los partidos políticos, logrando, de esa forma, legitimar las organizaciones políticas, como actores efectivos de la sociedad. La soberanía popular, cada vez que ha podido, ha superado los obstáculos del régimen y le ha empujado a negar los derechos de los propios ciudadanos.

Si como vecinos no podemos mover al menos 15 personas de la comunidad para elevar la voz de protesta, menos aún podremos empujar los cambios políticos que el país reclama, exige y grita.

La supuesta Constituyente ha sido convocada al margen de la Constitución y ello hay que dejarlo expresamente señalado, el tiempo amerita que entre muchas otras actividades, que reivindiquemos y así lo hagamos notar, la Constitución en su artículo 70 cuando reconoce a las Asambleas de Ciudadanos y a los Cabildos como mecanismos efectivos de participación.

Es el momento para que cada comunidad pueda tomar los espacios públicos que les pertenecen y desde allí rechazar la supuesta constituyente, partiendo del reconocimiento que estamos frente a una ruptura del orden constitucional y democrático, como lo ha expresado la Asamblea Nacional a través de sus diversos Acuerdos.

El 23 de octubre de 2016 la Asamblea Nacional declaró formalmente esa ruptura del orden constitucional y democrático, por lo tanto hoy más que nunca resulta importante que mediante escrito y en el ejercicio del derecho a la libre participación, desde un mecanismo reconocido de participación, logremos ejercer de manera efectiva y contundente la defensa de la democracia y la constitución, concretando de esa forma una de las distintas vías para asumir el mandato del artículo 333 de la Constitución que nos llama a restituir la vigencia del orden constitucional.

Es el momento de expresar y luego consignar en cada entidad pública un Manifiesto Ciudadano, por así llamarlo, en el que se rechace categóricamente la supuesta constituyente por ser innecesaria, como lo han expresado otros, entre los cuales está la Conferencia Episcopal Venezolana, quien advirtió que tal mecanismo no busca resolver los problemas inmediatos y atender a las necesidades básicas de los ciudadanos; por el contrario, lo que persigue es imponer un sistema de gobierno totalitario, militarista, policial, violento, represor, expresado en el Plan de la Patria y respnsable de todos los males del país.

Pero además de innecesario, esa convocatoria se hace fuera del marco constitucional, irrespetando la voluntad popular, al ignorarla e impidiendo a los ciudadanos asumir su rol protagónico y participativo en este proceso político complejo.

Es fundamental que el ciudadano, rechace la intención de manipular la supuesta constituyente presentándola como un gran diálogo nacional, un diálogo de todos, sin élites[1], o como mecanismo superior de diálogo[2]; no es posible creer en un gobierno, que utilizó el diálogo mediáticamente en diciembre de 2013 cuando facilitó el encuentro con Alcaldes y Gobernadores de la Unidad; pero menos aún, resulta viable confiar en un gobierno que la misma Conferencia Episcopal Venezolana ha responsabilizado por no cumplir los acuerdos alcanzados en octubre de 2016.

La fuerza de la soberanía popular, a través de la participación, debe dejar constancia de la ilegitimidad del Presidente de la República, quien fue declarado a finales del año pasado por la Asamblea Nacional, como responsable político de la grave ruptura del orden constitucional y democrático, de la violación de los derechos humanos y la devastación de las bases económicas y sociales de la nación.

Así mismo, debe destacarse el desconocimiento a la Sala Constitucional, como intérprete objetivo de la Constitución, pues sus Magistrados están actuando fuera del marco constitucional vigente, usurpando funciones, pues sus designaciones fueron anuladas por la Asamblea Nacional en julio de 2016.

Por último, esa participación ciudadana, que ha sido contundente, debe expresar su reconocimiento a la Asamblea Nacional, como único poder legítimo del Estado, quien a través de sus Acuerdos ha dejado en evidencia la naturaleza antidemocrática de este régimen y como advertencia a un régimen que pretende reeditar 1999 cuando la anterior Constituyente impulsó el cierre técnico del Parlamento Bicameral de aquella Venezuela.

Así como el 13 de octubre de 2016, la Asamblea Nacional declaró y acordó desconocer conforme al artículo 7 y 333 de la Constitución, la autoridad y vigencia de los actos del Poder Ejecutivo y de las Sentencias del TSJ por contrariar los valores, principios y garantías democráticas y lesionar los derechos fundamentales; así mismo hoy estamos obligados a respaldar ese desconocimiento de manera expresa, mediante un declaración o manifiesto, en un espacio público, con un mecanismo de participación que reivindique la constitución y ejerciendo 350 de la mano con el 333.

[1]Globovisión. Maduro insiste en un “gran diálogo constituyente” para la paz de Venezuela. 7 de mayo de 2017. Online en: http://globovision.com/article/maduro-pide-apoyar-la-constituyente-y-a-rechazar-la-violencia

[2] Parnorama. Hernán Escarrá. La Asamblea Nacoinal Constituyente es un mecanismo superir de diálogo. 18 de mayo 2017. Online en: http://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Hernan-Escarra-La-Asamblea-Nacional-Constiyuyente-es-un-mecanismo-superior-de-dialogo-20170517-0101.html

Escrito para @PolitikaUCAB


Carlos Romero M.
@carome31