Quienes firmamos, miembros de
la comunidad académica venezolana, queremos manifestar nuestro total rechazo al
llamado que ha hecho el Presidente Nicolás Maduro a elegir una Asamblea
Nacional Constituyente con la finalidad de reformar la Constitución vigente
desde al año 1999, sin consultar previamente a todos los electores.
Las razones de nuestro rechazo
coinciden con las que han sido expuestas por ilustres juristas, por la Academia
de Ciencias Políticas y Sociales, por algunas universidades nacionales y
asociaciones profesionales del derecho, por la Comunidad de Jesuitas de
Venezuela, por la Fiscal General de la República, así como por exponentes de la
política nacional. La propuesta de la elección de la Asamblea Nacional
Constituyente ha sido inclusive objetada por políticos, de alguna manera
cercanos al chavismo, por ex funcionarios del gobierno y de manera especial por
el movimiento estudiantil y jóvenes que desde hace más de dos meses se
enfrentan valientemente a una brutal represión armada. Además, la convocatoria
a tal Asamblea no resuelve el problema humanitario por el cual atraviesa
Venezuela, sino que lo agrava e introduce la violencia como medio para
resolverlo.
En este pronunciamiento solo
mencionaremos dos de ellas que, a nuestro juicio, justifican plenamente el
rechazo:
La primera es su carácter
ilegal e inconstitucional que viola el artículo 347 de la CRBV, que
reza: “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente
originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional
Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo
ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. Igualmente viola los
artículos 341 y 345 que ordenan que las enmiendas y reformas constitucionales
deben someterse a referendo popular.
Si, como dice un conocido
jurista ahora próximo al gobierno, la Asamblea Constituyente no introduciría
cambios importantes a la Constitución vigente, no se comprende porqué no se
informa a los ciudadanos cuáles cambios habría que hacerse y con qué finalidad
y se les consulta si los consideran necesarios o no.
La otra razón de nuestro
rechazo es la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente, la cual,
según la propuesta presentada, estaría constituida por unos 500 asambleístas,
de los cuales entre 200 y 250 serían representantes de las comunas, las
misiones, algunos gremios obreros controlados por el gobierno y comunidades
indígenas. De hecho, la participación popular ha sido reducida a su mínima
expresión, vulnerando la progresividad de los derechos humanos establecidos en
la Constitución.
Nuestra opinión es que una
Asamblea Constituyente con una correlación de fuerza tan orientada a los
intereses del gobierno, tendría la posibilidad de elaborar una nueva
constitución con cambios muy sustanciales en la manera de entender y practicar
la función del gobierno así como en la interpretación de los derechos de los
ciudadanos.
No queremos un cambio en el
contrato social que rige los deberes y derechos de los venezolanos. Queremos
que se respete la Carta Magna vigente la cual fue aprobada en consulta amplia a
toda la ciudadanía.
Creemos que la mejor y única
forma de impulsar el desarrollo de la sociedad es vivir en un régimen
democrático transparente en sus acciones y respetuoso de todos los venezolanos.
La saña con la cual el
gobierno y su partido se enfrentan a la valiente actitud del movimiento
estudiantil y a la sociedad civil, nos obligan, como miembros de la comunidad
académica, a sumar responsablemente una nueva voz de libertad, a la de nuestros
discípulos y el resto de la ciudadanía venezolana.
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