Mario Villegas 05 de junio de 2017
@mario_villegas
Mirar
para otro lado. Evadir. Eludir. Rehuir. Esquivar. Escabullir. Fugar. Escapar.
Torear. Sortear.
Meter
la cabeza bajo la tierra. Desviar la atención. Sacar el cuerpo. O, dicho más
popularmente, sacar el rabo. Cualquiera de esas palabras o expresiones sirve
para ilustrar lo que estaríamos haciendo los venezolanos en caso de que, en
medio de tantas urgencias políticas, económicas y sociales, nos embarcásemos en
un inconstitucional, innecesario, riesgoso y costoso proceso constituyente.
Quien
diga que los problemas que hoy estamos confrontando son causados por la
constitución de 1999 está diciendo mentira. ¿Acaso el empobrecimiento
generalizado de nuestra sociedad es atribuible a la constitución? ¿El
desmantelamiento del aparato productivo es culpa del articulado constitucional?
¿Lo son el recrudecimiento de la criminalidad, de la impunidad y de la
descomposición del poder judicial? ¿La descomunal e inocultable corrupción
tiene su origen en la carta magna? ¿Lo tienen el progresivo y bochornoso
deterioro de la vialidad, de nuestras escuelas y hospitales públicos? ¿La
crisis político institucional y el cerco oficialista a la Asamblea Nacional son
atribuibles al ordenamiento constitucional?
Mentira
tan grande como decir que un cambio en la letra constitucional, ya sea profundo
o cosmético, va a resolver como por arte de magia la hambruna que atormenta a
millones de familias venezolanas, a restablecer el abastecimiento de medicinas
en las farmacias y de insumos médicos y clínicos en los hospitales, o a poner
punto final a los elevados niveles de confrontación política y a la violencia que
ya ha cobrado muchas víctimas y amenaza con llevarnos al infierno de una guerra
civil.
Si en
mala hora llegara a imponérsele al país la inconstitucional convocatoria que ha
hecho el presidente Nicolás Maduro con el sumiso e irregular aval del cuarteto
de rectoras pesuvistas del Consejo Nacional Electoral y de los obedientes
magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, lejos de caminar en la senda de
las soluciones estaríamos trotando en la bajada de la tragedia nacional, pues
significaría el agravamiento de los problemas existentes por acción del tiempo
y la ausencia de oportunos y adecuados remedios.
¿Cuántos
meses, por no decir años, podría consumir un eventual proceso constituyente?
Pregunta especialmente válida para un proceso tan sui generis como este, en el
que 545 plenipotenciarios (la constituyente de 1999 tenía solo 131 miembros)
podrían terminar siendo protagonistas de una verdadera gallera cuyos
resultados, por demás, podrían constituir un absoluto retroceso desde el punto
de vista de las libertades y derechos individuales y colectivos. Entretanto, el
país desangrándose literalmente y en todos los sentidos.
Aparte
de lo que cuesta agregar varios y complejos procesos a un CNE que el año pasado
esgrimió su precariedad presupuestaria entre las razones para negar las
elecciones regionales, el tesoro público debería correr con el costo de
funcionamiento de la pretendida constituyente y de sus ejecuciones.
¿Cuánto
cuestan, por ejemplo, los salarios, viáticos, pasajes, alojamiento y comidas
durante quién sabe cuánto tiempo para 545 constituyentes? ¿Cuánto cuestan los
salarios de los asistentes, secretarias, asesores, choferes, guardaespaldas y
equipos técnicos y administrativos que prestarán servicio a los constituyentes?
¿Cuál es el costo de la cuantiosa y variada logística que se requiere para
garantizar el adecuado funcionamiento de las plenarias, comisiones y sesiones
especiales de los señores constituyentes?
Al
final, millones y millones de ejemplares de “la mejor constitución del mundo”,
editados en todos los tamaños, formatos y colores, irían a parar a los
basureros de todo el país para ser sustituidos por millones y millones de
nuevas constituciones pagadas con recursos presupuestarios públicos, vale decir
de nuestros ya empobrecidos bolsillos.
Menester
será impedir que esas constituciones vayan a la basura como pretenden Maduro y
su gobierno. En sus páginas y su articulado se encuentran las bases jurídicas y
las herramientas democráticas necesarias para acometer las soluciones a los
problemas que vive el país.
Bienvenido
debería ser todo aquello que favorezca y fortalezca las luchas populares en
defensa de la constitución. Adelante todo lo que sume y multiplique, atrás todo
aquello que reste, divida y contraríe el carácter pacífico de esas luchas.
Y, por
supuesto, es de Perogrullo alentar, tender puentes y acoger positivamente toda
disidencia o desprendimiento que, en defensa de la constitución, pueda darse en
el seno del oficialismo.
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