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martes, 6 de junio de 2017

Mirar para otro lado, por @mario_villegas



Mario Villegas 05 de junio de 2017
@mario_villegas

Mirar para otro lado. Evadir. Eludir. Rehuir. Esquivar. Escabullir. Fugar. Escapar. Torear. Sortear.

Meter la cabeza bajo la tierra. Desviar la atención. Sacar el cuerpo. O, dicho más popularmente, sacar el rabo. Cualquiera de esas palabras o expresiones sirve para ilustrar lo que estaríamos haciendo los venezolanos en caso de que, en medio de tantas urgencias políticas, económicas y sociales, nos embarcásemos en un inconstitucional, innecesario, riesgoso y costoso proceso constituyente.

Quien diga que los problemas que hoy estamos confrontando son causados por la constitución de 1999 está diciendo mentira. ¿Acaso el empobrecimiento generalizado de nuestra sociedad es atribuible a la constitución? ¿El desmantelamiento del aparato productivo es culpa del articulado constitucional? ¿Lo son el recrudecimiento de la criminalidad, de la impunidad y de la descomposición del poder judicial? ¿La descomunal e inocultable corrupción tiene su origen en la carta magna? ¿Lo tienen el progresivo y bochornoso deterioro de la vialidad, de nuestras escuelas y hospitales públicos? ¿La crisis político institucional y el cerco oficialista a la Asamblea Nacional son atribuibles al ordenamiento constitucional?

Mentira tan grande como decir que un cambio en la letra constitucional, ya sea profundo o cosmético, va a resolver como por arte de magia la hambruna que atormenta a millones de familias venezolanas, a restablecer el abastecimiento de medicinas en las farmacias y de insumos médicos y clínicos en los hospitales, o a poner punto final a los elevados niveles de confrontación política y a la violencia que ya ha cobrado muchas víctimas y amenaza con llevarnos al infierno de una guerra civil.

Si en mala hora llegara a imponérsele al país la inconstitucional convocatoria que ha hecho el presidente Nicolás Maduro con el sumiso e irregular aval del cuarteto de rectoras pesuvistas del Consejo Nacional Electoral y de los obedientes magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, lejos de caminar en la senda de las soluciones estaríamos trotando en la bajada de la tragedia nacional, pues significaría el agravamiento de los problemas existentes por acción del tiempo y la ausencia de oportunos y adecuados remedios.

¿Cuántos meses, por no decir años, podría consumir un eventual proceso constituyente? Pregunta especialmente válida para un proceso tan sui generis como este, en el que 545 plenipotenciarios (la constituyente de 1999 tenía solo 131 miembros) podrían terminar siendo protagonistas de una verdadera gallera cuyos resultados, por demás, podrían constituir un absoluto retroceso desde el punto de vista de las libertades y derechos individuales y colectivos. Entretanto, el país desangrándose literalmente y en todos los sentidos.

Aparte de lo que cuesta agregar varios y complejos procesos a un CNE que el año pasado esgrimió su precariedad presupuestaria entre las razones para negar las elecciones regionales, el tesoro público debería correr con el costo de funcionamiento de la pretendida constituyente y de sus ejecuciones.

¿Cuánto cuestan, por ejemplo, los salarios, viáticos, pasajes, alojamiento y comidas durante quién sabe cuánto tiempo para 545 constituyentes? ¿Cuánto cuestan los salarios de los asistentes, secretarias, asesores, choferes, guardaespaldas y equipos técnicos y administrativos que prestarán servicio a los constituyentes? ¿Cuál es el costo de la cuantiosa y variada logística que se requiere para garantizar el adecuado funcionamiento de las plenarias, comisiones y sesiones especiales de los señores constituyentes?

Al final, millones y millones de ejemplares de “la mejor constitución del mundo”, editados en todos los tamaños, formatos y colores, irían a parar a los basureros de todo el país para ser sustituidos por millones y millones de nuevas constituciones pagadas con recursos presupuestarios públicos, vale decir de nuestros ya empobrecidos bolsillos.

Menester será impedir que esas constituciones vayan a la basura como pretenden Maduro y su gobierno. En sus páginas y su articulado se encuentran las bases jurídicas y las herramientas democráticas necesarias para acometer las soluciones a los problemas que vive el país.

Bienvenido debería ser todo aquello que favorezca y fortalezca las luchas populares en defensa de la constitución. Adelante todo lo que sume y multiplique, atrás todo aquello que reste, divida y contraríe el carácter pacífico de esas luchas.

Y, por supuesto, es de Perogrullo alentar, tender puentes y acoger positivamente toda disidencia o desprendimiento que, en defensa de la constitución, pueda darse en el seno del oficialismo.