Fernando Mires 19 de
junio de 2017
Artículo 333: Esta
Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza
o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.
En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de
autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva
vigencia.
Artículo 350: El
pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la
independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación
o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o
menoscabe los derechos humanos.
333 y
350.
En esos números está todo. En esos dos artículos encontramos la razón de ser de
la protesta venezolana.
En
términos impecables la fiscal Luisa Ortega Díaz puso en forma jurídica el tema
del conflicto. Un gobierno, el de Maduro, intenta desconocer la Constitución de
la República y suplantarla por otra cuyo origen no reside en la soberanía
popular sino en la decisión de un grupo entronizado en el poder. De un día a
otro, el gobierno de Maduro, convertido en dictadura militar, ha decidido
desconocer el sufragio universal y con ello a la forma republicana de gobierno,
propia a todos los países democráticos de la tierra. Ahí reside la dimensión
jurídica del problema.
La
dimensión política limita con la jurídica pero no es la misma. Tiene que ver
con el momento en el cual fue lanzado el proyecto de la Asamblea Constituyente.
Y bien, ese momento no guarda la menor relación con lo que, desde una
perspectiva histórica, vale decir, desde las revoluciones madres de la
modernidad –la norteamericana y la francesa- han sido las Asambleas
Constituyentes.
Las
Asambleas Constituyentes vistas desde una perspectiva histórica han sido
siempre portadoras de un proyecto fundacional.
Fundacional
quiere decir fundar o refundar una nación. Es por eso que las Constituyentes en
todas las experiencias históricas han sido convocadas cuando ha llegado la hora
de poner en forma a una nueva nación (surgida después del fin de un imperio
colonial o cuando una nación se separa de otra nación) En otras ocasiones han
sido resultado de un cambio radical de régimen político (por ejemplo, de la
monarquía a la república) Por último, también suelen ser convocadas
cuando la Constitución ha sido declarada obsoleta (la Constitución alemana de
post-guerra, por ejemplo) por todos lo poderes públicos. En todos esos
episodios, la aprobación de la ciudadanía ha sido decisiva.
Eso
significa: en cada nueva Constitución existe una instancia revocatoria y una
instancia aprobatoria. No puede haber, dicho más exactamente, una instancia
aprobatoria sin previa instancia revocatoria. Sin revocación y sin aprobación
de la ciudadanía – a través de la vía parlamentaria y/o de la plebiscitaria- no
puede nacer ninguna Constitución.
Solo
por esa razón, al convocar a una Asamblea Constituyente sin convocar a la
ciudadanía, el régimen de Maduro se ha puesto fuera de la Constitución y sus
leyes. Nunca en toda la historia política de América Latina –ni aún
bajo las peores dictaduras- ha habido un caso de usurpación de la voluntad
ciudadana tan ilícito e ilegitimo como el cometido por el régimen de Maduro.
La
Constitución vigente en Venezuela fue aprobada por mayoría el año 1999, durante el gobierno del presidente
Chávez, y su intención era crear los fundamentos para una nueva república. A
favor de esa refundación optaron incluso sectores no identificados con el
chavismo quienes vieron que esa Constitución, al ampliar algunos derechos
sociales, no llevaba a una ruptura con el orden histórico y político y, por lo
mismo, no alteraba la continuidad republicana. Se podía, en fin, estar en
desacuerdo con ella, pero nadie podía negar que el procedimiento usado para su
aprobación fue legítimo, democrático y popular.
Chávez,
ni en los momentos en los cuales gozó de la más amplia mayoría, intento
convocar a una nueva Constituyente. El año 2007
pudo haberlo hecho para asegurar un tercer mandato. Pero prefirió introducir
una reforma para cuyo efecto llamó a un plebiscito. Ese plebiscito, como es sabido,
lo perdió. Fue la primera gran derrota del chavismo. En cambio, Maduro, lejos
de contar con el apoyo que tuvo Chávez, ha decidido prescindir de la voluntad
del pueblo no para realizar una reforma, sino para anular a toda la
Constitución. Bajo Maduro el pueblo está a punto de perder su ciudadanía
política.
Importante
es recordar que el plebiscito del 2007 no fue ganado solo con los votos de la
oposición. Por primera vez apareció dentro del chavismo un segmento disidente
al que podríamos llamar chavismo constitucional. Sus miembros eran chavistas;
algunos continuaron siéndolo. Pero esa vez, hay que reconocerlo, no aceptaron
poner a Chávez por sobre la Constitución. De tal manera la confluencia que hoy
observamos entre una inmensa mayoría opositora y el reaparecimiento de un
chavismo constitucional tiene un antecedente histórico. La diferencia es que la
confluencia del 2017 es mucho más amplia que la del 2007. Eso significa que la
mayoría de la nación, más allá de todas sus diferencias, es, o ha llegado a ser,
constitucionalista. O dicho así: en Venezuela hay muchos partidos pero
en estos momentos hay solo dos campos: el campo constitucionalista formado por
la inmensa mayoría y el campo anti-constitucional, formado por una secta
estatal, sus muy pocos partidarios y la cúpula militar.
A
partir del éxito del 2007 comenzaría a crecer un tronco sólido dentro de la
oposición formado por políticos que entendieron que la única manera de derrotar
al chavismo era recorrer la vía pacífica, democrática, electoral y sobre todo,
constitucional, dejando atrás todo tipo de atajos, salidas y aventuras
inútiles. Gracias a la existencia de ese tronco –aparecido como un frágil
arbusto durante las elecciones presidenciales del 2005- la oposición en su
conjunto obtuvo la gran victoria del 6D.
En
defensa de la AN surgió la iniciativa de la revocación presidencial, abortada
ilegalmente por la CNE de Tibisay Lucena. Pero la oposición volvió a agruparse,
y nuevamente continuó la ruta constitucional, exigiendo lo mínimo a que tiene
derecho un pueblo: elecciones libres. Fue entonces cuando el régimen cercado
por sus propias leyes, y no encontrando ningún otro camino que lo salvara de
unas elecciones destinadas a ser perdidas, decidió destruir a toda la
Constitución.
La
Constituyente de Maduro fue un misil lanzado en contra de la oposición
constitucional. Pocas veces un gobierno ha atentado en contra de su nación de
un modo tan criminal. Que como gran concesión el régimen haya pautado las
elecciones regionales después de entrar en vigencia la Constituyente, lo que de
hecho anularía a priori el resultado de esas elecciones, no solo es una
sinvergüenzura. Es una burla miserable a todo el pueblo venezolano. Son esas
las razones por las cuales Maduro y su régimen son repudiados en todo el mundo democrático.
La
Constitución del 99 dejó de ser la Constitución del gobierno y se transformó
gracias a la confluencia formada por la oposición y el segmento constitucional
del chavismo, en la Constitución de todos los ciudadanos.
Parece
no haber dudas. En Venezuela está teniendo lugar la primera insurrección
constitucional de la historia latinoamericana. Por cierto, eso no quiere
decir que en otras la defensa de la Constitución no haya jugado un papel
importante. Basta recordar el movimiento que desató Francisco Madero en el
México de 1910 en contra de la reelección presidencial de Porfirio Díaz. O ese
discurso en defensa de la Constitución de 1940 -llamada también la constitución
virgen pues nunca entró en vigencia- pronunciado por ese joven demócrata y
liberal llamado Fidel Castro frente a los tribunales del dictador Batista (La
historia me absolverá,1953) En ese y otros casos, la Constitución ha sido
un referente, pero nunca ha ocupado un lugar tan central y determinante como
hoy en Venezuela. La Constitución del 99 ha llegado a ser el programa y el
guía, la ideología y la práctica, el símbolo y el significado, y no por último,
el eje alrededor del cual rotan muchos partidos y organizaciones de izquierda,
derecha y centro.
Nadie
conoce el final de esta historia. Sin embargo, ya podemos avanzar una tesis:
aunque logren imponer a sangre y fuego la Constituyente, Maduro y su secta
están perdidos. Nunca podrán obtener con las balas lo que no pudieron obtener
con los votos. Y aunque se digan gobernantes, jamás podrán gobernar. El
gobierno de Maduro ya es un gobierno políticamente muerto. La Constitución del
99, en cambio, seguirá viviendo.
¡Viva
la Constitución!
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