Por Marco Negrón
En esta columna y otros
espacios hemos sostenido la tesis de que en Venezuela está en gestación una
mega región que va desde Guarenas-Guatire hasta Puerto Cabello. Ella engloba 3
de las 5 mayores áreas metropolitanas del país, el principal aeropuerto y los
dos puertos más importantes, varias de las mejores universidades, las sedes de
las empresas más poderosas y las instituciones del gobierno nacional. Su
población actual en torno a los 8 millones de habitantes, en el rango de Lima o
Bogotá, no es desmesurada y la distancia entre sus extremos es de 240 kms.,
teóricamente recorribles por vía terrestre en 3 horas.
Se trata de un desafío y una
oportunidad. Si se la asume con mente abierta, apoyados en una avanzada visión
de la planificación estratégica, puede ser un potentísimo motor para un nuevo
modelo de desarrollo del país, que supere la secular dependencia de la renta
petrolera, se fundamente en los poderes del talento y la creatividad de los
ciudadanos y desarrolle una más inclusiva y abierta institucionalidad
democrática. Pero si se la ignora y se la deja librada a una lógica
espontaneista, donde predomine la racionalidad individual del sálvese quien
pueda como ocurre ahora, se ingresará en un callejón de difícil salida.
Quien lea el reciente
reportaje del portal Armando.Info sobre los estragos que está
causando el lago de Valencia, que debía ser un recurso ambiental y económico
extraordinario, sobre las áreas metropolitanas de Maracay y Valencia tendrá que
concluir que la opción más probable es la segunda, que, como dice el reportaje,
las está convirtiendo en un pozo séptico gigante.
Las causas del desastre se
conocen, fueron advertidas con suficiente antelación y se plantearon
soluciones. Sólo la irresponsabilidad gubernamental y su menosprecio hacia la
ciudadanía explican por qué se ha llegado al virtual colapso de hoy. Pero, como
apunta Armando.Info, la mayor paradoja es que causarlo ha costado 350 millones
de dólares.
El panorama no es distinto
en otros campos de nuestra realidad: en estos días en los cuales se han
cumplido 50 años del último terremoto de Caracas y que un país cercano como
México ha sufrido dos sismos de gran magnitud lo menos que se debería esperar de
nuestras autoridades era un examen de conciencia sobre lo no hecho en esta
materia: ha habido suficiente información de los expertos en relación a la
periodicidad de los sismos caraqueños, al incremento de la vulnerabilidad de la
ciudad, sobre todo de los barrios informales, respecto a 1967 y de las dudas
que existen en torno a muchos de los edificios de la Misión Vivienda,
reforzadas por el ocultamiento de información verificable.
Lamentablemente la reacción
de la Presidenta de Funvisis, la institución oficial responsable de la
investigación, educación y prevención en materia sismológica, ha sido salir en
defensa de las edificaciones de la Misión Vivienda pero no con datos
verificables, sino con un argumento demagógico y falaz: el deber de confiar en
la ética de los profesionales venezolanos que los proyectaron, cuando se sabe
que esos desarrollos han estado en manos de empresas extranjeras (turcas,
chinas, bielorrusas, etc.) con escasos vínculos incluso culturales con
Venezuela y que han recurrido con frecuencia a los llamados firmaplanos.
Además, debería saber que el colapso de los edificios del Morro de Petare sin
que hubiera siquiera un mínimo temblor ocurrió por haberlos construido, pese a
las repetidas advertencias, en terrenos no aptos, dejando muy mal parados la
ética y el profesionalismo de autoridades y proyectistas.
La ceguera ideológica, y
peor cuando se acompaña de ignorancia, conduce siempre a la clausura del
futuro.
03-10-17
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