Por Juan Manuel Trak
En las redes sociales, nuevo
espacio de la opinión pública, se ha visto un amargo debate sobre si las
personas deben participar o no en las elecciones de gobernadores convocadas
para el 15 de octubre de 2017. En dicho debate, insultos e ironías van y
vienen, acusaciones de colaboracionistas, o pretensiones de superioridad moral
se expresan frente a posiciones dogmáticas e irreflexivas. Lo cierto es que el
debate político se ha reducido de manera significativa y mientras se discute
sobre un evento político específico, poco se habla de cómo el mismo se inserta
en un proceso político más amplio. A continuación voy a exponer los argumentos
de ambos bandos y las dudas que los mismos me generan:
Los argumentos de quienes
promueven la abstención son como siguen:
La elección de gobernadores la
convocó la Asamblea Nacional Constituyente y, por tanto, participar en ella es
legitimar a la ANC.
Respecto al primer argumento,
la realidad es que las elecciones regionales están retrasadas desde 2016. El
CNE, al servicio del PSUV, no convocó las elecciones regionales cuando
correspondía porque sabía que iban a perder la mayoría de las gobernaciones y
consejos legislativos en el país. Pero más aún, en una estrategia que buscaba
el boicot de toda elección, las elecciones regionales fueron convocadas para el
10 de diciembre de 2017, el mismo día que se hizo el anuncio de la elección
ilegal e ilegítima de los miembros de la constituyente. De este modo, el
gobierno contaminó las elecciones regionales subsumiéndolas en el anuncio de la
ANC. Cabe señalar que la elección de los miembros de la ANC no contó con
vigilancia alguna por parte de testigos de la oposición o miembros de
organizaciones de observación nacional independientes, motivo por el cual el
resultado era, como lo fue, fácilmente manipulable por las rectoras del CNE.
Así, el fraude fue realizado por la “autoridad” electoral y develado por
Smartmatic (empresa proveedora de los equipos y el software usado en las
elecciones en Venezuela). En este contexto, con la instalación de la ilegal
ANC, y el anuncio de la oposición de participar en las regionales, el mismo día
que Smartmatic señaló el fraude, crearon un clima de zozobra y desconfianza en
ese proceso, el cual se incrementó con el decreto proveniente de la ANC,
indicando que debían adelantarse dichas elecciones para octubre.
En este punto, el debate sobre
participar o no esas elecciones fue intencionalmente subsumido en el marco de
la legitimidad y legalidad de la constituyente. Y el Gobierno ha insistido en
el argumento de que votar en las elecciones regionales es reconocer la ANC. Sin
embargo, no hay que perder de vista que las elecciones regionales habían sido deliberadamente
retrasadas con el fin de evitar una victoria de la oposición, no solo en
término de número de gobernaciones que podría obtener la MUD, sino en la
totalización de votos a nivel nacional. Así, las elecciones de gobernadores,
más que legitimar a la ANC, son un mecanismo para deslegitimar al Gobierno
mediante unas elecciones que están contempladas en la Constitución y cuyo
cronograma ha sido deliberadamente manipulado, a los fines de que la oposición
–partidista y ciudadana– abandonase las regiones.
Las protestas entre marzo y
julio, con su trágico saldo de muertos, heridos y presos producto de la
represión del Gobierno, no eran para que los partidos de la MUD compitieran por
cargos políticos a nivel subnacional, sino para una transición inmediata.
Las protestas que se dieron
entre los meses de marzo y junio buscaban reivindicar las demandas hechas por
la oposición a finales de 2016: Apertura de canal humanitario, respeto a la
Asamblea Nacional, liberación de los presos políticos y cronograma electoral.
Es en el último punto aquí señalado en el que se circunscriben las elecciones
regionales. Ante la ausencia de fechas claras de los procesos electorales no
convocados por el CNE, una de las demandas era precisamente acordar el momento
de cada elección. A esta solicitud, algunos sectores pedían elecciones
presidenciales adelantadas para lograr la transición. Sin embargo, la
experiencia indica que el adelanto de elecciones presidenciales en contextos
autoritarios solo es posible cuando se llega a acuerdos entre la oposición y
una parte de la élite gobernante dispuesta a abrir el juego político (porque se
logra una fractura interna).
Las elecciones presidenciales
(incluso en las fechas estipuladas por la Constitución) deben ser logradas
mediante la presión de la gente en todas las esferas posibles: en la calle, en
las urnas, en las comunidades, en el ámbito internacional. De manera que,
reafirmar la mayoría electoral es un paso necesario para evitar que el gobierno
reivindique una narrativa en la que son mayoría como consecuencia de la falta
de participación.
Los que compiten en las
elecciones regionales solo buscan la renta que esos cargos puede ofrecer.
Este último argumento se
fundamenta en la desconfianza propia que se tiene en los partidos políticos. El
concepto básico de partido político supone que son personas que se organizan
alrededor de un programa o idea común con el fin de alcanzar cargos públicos
mediante elecciones. Lo cierto es que los partidos políticos venezolanos hacen
mucho más énfasis en alcanzar cargos públicos y, poco o ningún esfuerzo, en
ofrecer un programa debidamente fundamentado. Adicionalmente, la estructura del
financiamiento de los partidos políticos depende, muy lamentablemente, de su
capacidad para alcanzar cargos en los niveles locales y regionales del Poder
Ejecutivo, en los que puedan incorporar a parte de su estructura burocrática
para bridarle un pago mínimo. Esta situación es consecuencia de la prohibición
del financiamiento público de los partidos políticos que impulsó Chávez en
1999, así como la falta de transparencia y control sobre el uso de las finanzas
públicas en todos los niveles del Estado.
Ahora bien, castigar a los
partidos por su lógica rentista puede ser una opción. En un contexto en el que
se busca un cambio en la distribución y ejercicio del poder, la alternativa
sería tener un movimiento político de amplio alcance que sustituya a las
estructuras partidistas existentes y tenga capacidad de alcanzar el poder por
medios no electorales en el mediano plazo. Así, ante la ausencia de un
movimiento de tal naturaleza, la abstención no parece ser la respuesta lógica
para demostrar que el descontento es mayoría, que el Gobierno es minoría y la
posibilidad de iniciar un cambio en el panorama político actual.
Por su parte, los partidarios
de la participación han tenido argumentos poco sostenibles también:
Las elecciones regionales
permitirán salir de la crisis económica.
Evidentemente, es un argumento
muy débil. Las gobernaciones no tienen capacidad de influir en las políticas
macroeconómicas que nos han llevado al desastre actual. Es decir, los controles
de cambio, precios y política sistemática de expropiaciones que han llevado a
la destrucción del aparato productivo son manejados sin duda alguna por el
ejecutivo nacional. En el mejor de los casos, uno esperaría que desde las
gobernaciones se estructure una propuesta de articulación a nivel regional para
llevar adelante iniciativas que promuevan la producción en las entidades
federales, según su especificidad.
Quien no vote en las
elecciones vota por el Gobierno.
Si bien el argumento es
tentador para muchos, lo cierto es que el que no vota simplemente no suma a
favor de cualquier de las opciones existentes en la oferta electoral. Este
argumento, muy utilizado por los seguidores la Unidad, puede ser
contraproducente en la medida que irrespeta el derecho que tiene el otro a
fijar una posición frente a la elección regional y sus creencias sobre el tipo
de estrategia política que debe ser utilizada. La abstención, dependiendo del
grupo que decida no participar, puede favorecer a ambos bandos, de manera que
puede haber una abstención que favorezca incluso a la oposición, así como hay
una abstención que favorece al Gobierno.
Foto: AFP.
Desde mi punto de vista, la
participación es necesaria a pesar de las condiciones flagrantemente injustas,
la manipulación de las normas y cronogramas por parte del CNE, incluso, ante la
posibilidad de que las gobernaciones sean anuladas por el Gobierno y la ANC.
Votar ayuda al cambio político aunque no de manera inmediata. No participar
puede suponer darle oxígeno al Gobierno en la comunidad internacional, la
cual no tiene muy claro cómo abordar el tema venezolano. Si el Gobierno es
capaz de demostrar que tiene una supuesta mayoría, posiblemente logre reducir
la presión internacional. Por otra parte, un cambio en las regiones pudiera
contribuir a la mejora en los niveles de organización y acción de la oposición
en las regiones, desmontando estructuras clientelares enquistadas en algunos
lugares desde la llegada del chavismo al poder. Finalmente, una votación masiva
a favor del cambio político puede generar una revitalización de la lucha desde
las regiones, para que haya elecciones presidenciales cuando corresponden.
Así las cosas, si bien es cierto
que hay muchas contradicciones en el seno la oposición –y que es posible que
ambos bandos tengan razones fundadas para ir a votar o no– la pregunta que yo
hago me hago es: ¿Cómo yendo a votar o absteniéndome contribuyo al cambio
político que necesitamos? Quizás la respuesta no sea perfecta, quizás conduzca
a más interrogantes, o el resultado suponga equivocarme. Lo importante es que
la decisión sea genuinamente propia y apegada a los valores democráticos que
cada uno tiene. Lo que no es sano ni tolerable es que este dilema conduzca a
conflictos, señalamientos y persecuciones entre quienes dicen luchar por
democratizar el país, porque para prácticas autoritarias el Gobierno es
suficiente.
11-10-17
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