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miércoles, 11 de octubre de 2017

Raffalli: Este es el único Estado del mundo que le vende comida a la gente pobre por @oscarmedina1


Por Oscar Medina


Que el Estado no pueda garantizar los mínimos razonables en materia alimentaria, ¿a qué se debe? ¿Es una muestra del fracaso del socialismo del siglo XXI o esto es parte del plan? Susana Raffalli, nutricionista especializada en gestión de la seguridad alimentaria, en emergencias humanitarias y riesgo de desastres, contestó esta y otras preguntas en una entrevista contundente para Crónica.Uno.

En la voz de Susana Raffalli hay un tono de determinación que sacude. Es la voz de quien ha estado allí, de quien va y viene para contarnos cómo es el horror que vemos y el que no vemos, cómo es la estructura, la arquitectura del poder que ha instalado al hambre como sistema. Raffalli es nutricionista, experta en gestión de la seguridad alimentaria, investigadora y asesora de la organización Cáritas. Sabe de lo que habla. Y, mejor aun, sabe que hay que hablar de esto una y otra vez porque hay que deshacer espejismos y advertir sobre la tragedia que ya está a la vuelta de la esquina.

Venezuela recibió en 2013 y en 2015 reconocimientos de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), por sus esfuerzos para erradicar el hambre. Y esas medallas se pavonean como condecoraciones en un pecho militar. Con niveles de desabastecimiento que han llegado a 80 %, escasez crónica, producción de alimentos al mínimo, inflación de tres dígitos y con una economía en rojo y dependiente de las importaciones, ¿qué otra cosa sino la miopía y la manipulación política explican semejantes premios? ¿Qué es lo que no vieron en la FAO?

En otras entrevistas ha explicado que la seguridad alimentaria tiene tres dimensiones principales. La primera de ellas es la disponibilidad, que haya una oferta suficiente de alimentos. Detengámonos aquí: sabemos que hay enormes problemas con la oferta, pero ¿ni siquiera llega a ser suficiente?

—Hoy por hoy no lo es, pero es difícil de cuantificar porque es el Estado el que debería hacerlo. Eso se hace sistemáticamente en un instrumento que se llama “hoja de balance de alimentos”, que recoge todo lo que se produce y se importa en el país para consumo humano y en el que se reporta la cantidad que año tras año la nación tiene disponible. Pero eso no se publica desde el 2014. Lo que tenemos son unos estimados que señalan que la producción nacional, al menos para los rubros básicos que son cereales, aceites y proteína animal, está cubriendo en promedio 30 % de lo que se necesita. Eso es un promedio, así que habrá variaciones por rubros específicos, como el caso del azúcar que está en alrededor de 7 %.


Lo que reportan entes como Fedeagro y Fedenaga es una producción que abastece apenas 30 % de lo que los venezolanos necesitamos. El restante es lo que se solía importar. Y las importaciones alimentarias han disminuido casi 70 % desde el 2013 hasta ahora.  Si nos referimos al lapso de 2015 al 2016 se trata de una reducción de 52 %. ¿Qué queda? Ese 70 % de brecha que usualmente se llenaba con importaciones quedó reducido a la mitad. Si sumas el 30 % que producimos, más el otro 35 % que importamos, hacen 65 %.

Hemos estimado que hay un déficit de oferta de alimentos al país de aproximadamente 35 % a 40 %.

¿Eso se refleja en la información oficial?

—No hay ninguna institución del Estado que lo explique o lo detalle. Sin embargo, tuvimos dos señales inequívocas de que esto es así. La primera la dio Iván Gil, quien fue por mucho tiempo director de las grandes corporaciones de alimentos del país. Él llegó a aceptar en mayo de este año que hay una disminución de la disponibilidad de alimentos en el país, pero que no hay una crisis humanitaria. Y luego Delcy Rodríguez cuando le respondió a una periodista de Al Jazeera: aquí no hay una crisis humanitaria, lo que hay es una disminución de la oferta calórica. Ya con eso lo da por aceptado.

No lo cuantifican, pero que estamos ante esa disminución es algo obvio. Y la tercera evidencia que tenemos la da la FAO. La FAO a nivel global tuvo que llenar el vacío de la FAO Venezuela y decir en su informe que hay 14 % de subnutrición, de subalimentación en el país. Ese indicador que usa la FAO no habla de consumo ni de estado nutricional, habla de la oferta alimentaria.

Y quiero además poner un acento aquí. Si todos comiéramos igual hubiera una disminución de la oferta en 35 % parejo para todos. Pero en una población tan desigual como la nuestra, que haya una brecha de 35 % en la oferta de alimentos significa que quienes usualmente comen menos tienen una brecha más profunda.

Quienes comen menos, comerán cada vez menos…  

—Ante una disminución de la torta, a quienes comen poquito les tocará una migaja. Y esto es aun peor. El 35 % de brecha que estamos calculando con base en la disminución de importaciones no contempla el hecho de que no todas las importaciones que llegaron al país fueron con fines alimentarios. Es decir, muchas de esas importaciones reportadas ni siquiera existieron, fueron nominales solo por tener acceso a los dólares preferenciales y no llegaron nunca a la mesa. Eso está denunciado. Todos sabemos que hay un proceso de corrupción a nivel de los círculos que tienen acceso al dólar preferencial para importar alimentos. La brecha puede ser peor considerando esto.

Pero es que ya las conclusiones a las que llegan ustedes resultan de estimados, hay una porción de la realidad que se escapa al cálculo…

—Econométrica, por ejemplo, estudia la escasez y publicaron recientemente que hay 42 % de desabastecimiento en los rubros básicos. También hay algo de eso en el Cendas. Creo que es bastante concreto, certificado y endosado por dos autoridades oficiales, el hecho de que hay una disminución en la oferta de alimentos. Es decir, el Estado perdió su capacidad para garantizar que haya suficiente comida para todos.

El acceso es otra de las dimensiones de la seguridad alimentaria. Aquí se plantea un doble problema: la dificultad del acceso por el desabastecimiento y al mismo tiempo por el efecto de la inflación…

—Y hay otro, porque está el acceso físico y el económico. El acceso físico al alimento, sobre todo a los alimentos básicos, está profundamente restringido en Venezuela. Hay una restricción en cuanto a que si quiero comprar harina y no me toca el número de cédula, no puedo. Exigir una huella dactilar es limitar el acceso físico. Y lo último que se está denunciando: que pidan certificado de residencia en una panadería para comprar pan o que para recibir una bolsa de Clap tienes que estar empadronado en un lugar. Esas son limitaciones extraordinarias al acceso físico al alimento.

Además son limitaciones impuestas desde el Estado, que es el responsable de garantizar el acceso…  

—Y se va a agravar. Cuando ya Nicolás Maduro anuncia que van a territorializar el carnet de la Patria es porque se va a agravar. Además de la barra de pan, esto se extenderá y si eres de Caracas no podrás vacunarte en el Zulia y cosas de este tipo que vulneran el principio de universalidad del derecho a la alimentación y a la vida. En cualquier parte del territorio del país debo tener la libertad de poder comprar una barra de pan. O de ir a un dispensario y recibir mi vacuna. Es una limitación importantísima en el acceso físico. Y es impuesta por el Estado.

En noviembre de 2016 el Ejecutivo impuso el decreto de que las industrias de alimentos tenían que venderle al Estado hasta 50 % de su producción para ellos abastecer los Mercales y con los Mercales a los Clap. Los Mercales representan solo 2 % del circuito de distribución de alimentos del país. Esto hay que verlo como lo que es: por decreto quedó restringida la distribución de alimentos a un corralito controlado por el Estado.

Y más allá de eso, el Estado se sienta con Polar y le dice dónde quiere la Mavesa este mes: para allá no, para acá sí. La industria de alimentos está totalmente cercada y obligada a distribuir los alimentos donde el Estado dice y en la cantidad que el Estado dice. Y con una imposición de cuotas de ventas para un circuito que representa menos del 3 % del flujo de alimentos en el país.

Y bajo unos parámetros desconocidos…

—Desconocidos, politizados y que no siguen ningún criterio nutricional ni alimentario. En ninguna de las estaciones del sistema en las que el Estado tiene el control las decisiones que está tomando son de carácter alimentario o nutricional, ni tienen en cuenta la vulnerabilidad de la población. Son todas decisiones que tienen que ver con el enriquecimiento ilícito de quienes manejan esto y con razones políticas. Hace poco Freddy Bernal decía en un programa de televisión que hay diferentes tipos de Clap y uno se llena con alimentos que la industria nacional le vende al Estado y con otros que dos o tres gobernaciones compran en el exterior. ¿Cómo es esto? ¿Cómo y por qué se decide que una gobernación importe alimentos?

Y el otro aspecto del acceso a los alimentos, es el económico. La inflación en alimentos le da tres vueltas a los incrementos del salario mínimo. Y ni siquiera estamos hablando de la inflación en el mercado negro de alimentos, sino la del programa oficial: la caja Clap tiene una inflación registrada en su año de funcionamiento de 930 %.

Y eso conduce a lo mismo: el mayor golpe de efecto es en el sector de quienes menos tienen…

—Estamos registrando en Cáritas, en la encuesta familiar, que la caja llegó a costar a principios de año 15.000 bolívares, la caja que llaman “la mexicana”. En el momento en que alcanzó ese precio las familias comenzaron a juntar recursos para comprar una entre dos familias. Es decir, esa caja ahora puede durar 5 días. Esa señora, de un barrio pobre, al día 6 sale a buscar un alimento que difícilmente va a encontrar y cuando lo consiga va a costar mucho más porque todo está operado por un mercado negro que se le fue de las manos al Estado. Aquí lo que hay es un mercado negro de alimentos operado por bandas de extorsión. Y eso se les escapó de las manos tal como sucedió con los pranes y con los colectivos. Esto forma parte de la fragilidad del Estado y de la pérdida del Estado de Derecho, pero subyaciendo a una función sagrada de la que depende la vida de los venezolanos que es la alimentaria.

Esto también es consecuencia del exceso de controles económicos…

—Exactamente. Y de las oportunidades que se generan alrededor del exceso de controles.

La tercera dimensión es la calidad de los alimentos. ¿Cómo se comprueba o se expone la calidad de los alimentos disponibles para el venezolano?

—A eso, en general, se le llama consumo. Es la función en la que finalmente el alimento que estuvo disponible y que pudiste comprar te lo comas y sea adecuado en términos de su calidad y de su dimensión cultural. No hay seguridad alimentaria si el Estado decide, por ejemplo, importar toda la proteína que necesitamos y esa proteína resulta ser caracoles molidos. Aunque se trate de una buena fuente de proteínas no forma parte de la cultura, del patrón de identidad nacional.

En las emergencias en las que se reparte ayuda humanitaria y llegan alimentos extranjeros que la gente desconoce, eso sirve para salvar vidas unos meses, pero no puedes decir que allí hay seguridad alimentaria porque no la hay hasta que la gente pueda alimentarse por sí misma. Y nunca lo harían de estas cosas.

Claro, por eso es una emergencia…

—Estás asistiendo una emergencia, no estás dando seguridad alimentaria. Esa parte de la dimensión es importante. En el consumo aquí se nos ha debilitado el patrón cultural y esto es avalado y promocionado por el Estado. Cuando el Instituto Nacional de Nutrición pone un día sí y un día no la receta de como hacer arepas sin maíz o como hacer carne mechada con la concha de un plátano, lo que está haciendo es avalando la violación del principio de adecuación cultural de dos alimentos que forman parte del plato nacional. Cuando la propia institución del Estado que está regulando y controlando lo alimentario importa una harina de maíz con la cual no salen arepas sino tortillas que se hacen y comen en México y Centroamérica, lo que está diciendo es “no me interesa lo que estoy importando, no me interesa que tengo la obligación de garantizar que tus alimentos sean adecuados culturalmente”.

¿Y cómo sabemos sobre la calidad de esos alimentos?

—La otra cosa es que desconocemos si hay control sanitario de esos alimentos, que son muchísimos. No se reporta, desde hace años, si las harinas que están importando cumplen la norma de fortificación de alimentos que hay en Venezuela desde los años 90, que servían para proteger a la población contra la deficiencia de hierro. No sabemos verdaderamente si están importando alimentos adecuados.

Que el Estado no pueda garantizar los mínimos razonables en materia alimentaria, ¿a qué se debe? ¿Es una muestra del fracaso del socialismo del siglo XXI o esto es parte del plan?

—No sé si había una intencionalidad en el sentido de decir vamos a hacer que pasen hambre. Eso no lo puedo afirmar…

¿Dominar a través del hambre, esa es la idea?

—Es claro que reservarse el control de lo alimentario tenía una finalidad política. Y eso no lo dice Susana Raffalli, hasta hay declaraciones de Aristóbulo Istúriz diciendo eso. Lo segundo que era evidente con el manejo alimentario es que la creación de los Clap ha sido una estafa. Fueron creados a principios de 2016 como una medida temporal, dice el decreto, para estabilizar el suministro de alimentos y no habían pasado seis meses y ya estaban diciendo que los Clap son la unidad organizativa política y social del estado comunal.

¿Qué estafa es esa? ¿Cómo usaste lo alimentario para montar un andamiaje de organización política? Esta es una violación rampante del derecho a la alimentación. Se están violando al menos el 80 % de las disposiciones del pacto de derechos humanos sobre la alimentación. Y lo hace el mismo Estado. Sí creo que el control tenía una orientación política.

Y también pienso que, por supuesto, que hay algo de incapacidad, pero también algo de abandono. Y lo digo en este sentido: las instituciones del Estado, en cualquier país, son garantes de la alimentación, pero eso no quiere decir que sean las responsables de alimentarnos. Ese no es el concepto. Dentro de la concepción del derecho a la alimentación el Estado tiene un papel regulador y facilitador. Es decir, usted como Estado está en la obligación de facilitarle a quienes producen alimentos seguridad jurídica, seguridad institucional, agua y energía en sus plantas, que tengan agroquímicos a tiempo, libre manejo de las divisas para importar materia prima; pero además como Estado estás en la obligación de regular los precios, que las grandes empresas no cobren lo que les dé la gana, que no acaparen… ese es tu papel. Pero el Estado venezolano se desvistió de eso y se puso el traje de un vendedor de alimentos más que le vende a la gente pobre. ¿Qué papelucho es este? Y además, pierde la neutralidad, que es el requisito mínimo de un regulador, en el mismo momento en el que se convierte en uno de los actores regulados.

Se convierte en actor del negocio, pero también es la manera más directa de ejercer control político utilizando los alimentos…

—Claro. Si decimos: ustedes 10 tienen la responsabilidad de alimentar a este país y tú, el numero 11, tienes la responsabilidad de regular que lo hagan bien, entonces no puedes dejar tu papel de regulador y convertirte en un vendedor más porque pierdes la neutralidad, pierdes la capacidad de regular el sistema. El Estado nunca debió hacer esto. Este es el único Estado del mundo que le vende comida a la gente pobre. ¿Qué es esto? En cualquier momento empiezan a cobrar el vaso de leche escolar.

Es una aberración que el Estado esté vendiendo las cajas Clap. Es una aberración que existan las cajas, porque el derecho no es a que te alimenten sino a que tengas las garantías para conseguir la comida y a tener un salario que te permita comprarla. No es que el Estado ejerza su obligación vendiendo los alimentos. Eso no tiene ni pies ni cabeza. El derecho a la alimentación en Venezuela se descompuso en toda su esencia.

¿Cómo es la dieta actual del venezolano?

—Hace tiempo que no se hace una encuesta de consumo. La última encuesta oficial nacional que publica el INE se llama Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos (Enca). Y la publicó el INE en enero de 2016 con datos de 2015. Esa encuesta ya reportaba hasta 30 % de disminución del consumo promedio y una disminución del consumo total de energía. El INE dice esto el mismo año en que la FAO le da la segunda medalla al Estado por ser Venezuela un territorio libre de hambre. ¿Te imaginas la inconsistencia? Desde entonces no hay una medición concreta, pero hay señales.

La Encuesta sobre Condiciones de Vida (Encovi) reporta una disminución de 30 % y 70 % de rubros básicos, la Federación de Ganaderos reporta —en consumo aparente— que hay una disminución de 16 kilos al año de consumo de carne por persona a 9 kilos. O sea, casi 80 %. La encuesta de familias de Cáritas demuestra que 80 % de los hogares están basando su alimentación solo en cuatro tipos de alimentos: algún tubérculo, alguna proteína barata como sardina o queso y por supuesto aceite y azúcar. Pero bajó a menos de 30 % la cantidad de hogares que reportan consumir carnes, vegetales, frutas. Los hogares que reportan consumir harina de maíz bajaron a menos de 40 %. Entonces es una dieta basada especialmente en tubérculos y alguna fuente de proteína barata. Que la gente esté comiendo solo yuca y plátano es un reflejo contundente de la pulverización de la industria alimentaria. Al final el Estado no puede secuestrar una mata de yuca o de plátano y la gente está saliendo a la tierra a buscar lo que no consigue en el abasto.

¿Qué futuro nos depara todo esto? ¿Qué consecuencias? ¿Una generación de venezolanos desnutridos?

—Creo que en el corto y mediano plazo van a aumentar las muertes infantiles por desnutrición porque hay ya un proceso de agotamiento de las reservas. Es decir, los niños no se morían tanto el año pasado porque son niños que entraron en esta crisis con cierto estado nutricional apropiado, pero ya las reservas se agotaron. Va a haber también un aumento de enfermedades y muerte de población adulta por problemas asociados a la mala alimentación, enfermedades crónicas que se agravan por la mala alimentación. En el largo plazo, la desnutrición infantil —incluso están naciendo niños ya desnutridos— impacta al menos a dos generaciones. Cuando la desnutrición ocurre durante los primeros años de vida se pierde la capacidad de formar todo el potencial cognitivo, afectivo, de los seres humanos. Son venezolanos que están incorporándose a la vida con un rezago enorme en esas dimensiones, en lo biológico, en lo afectivo y en lo cognitivo. Van a ser los padres y las madres de la pobreza, los niños desadaptados socialmente. Son niños que lloran y lloran y el cuidador no les puede responder con comida, son unos niños que crecen con un desamparo para toda la vida. Van a estar por ahí buscando con qué llenar unos vacíos enormes.

Foto: Cortesía Prodavinci

08-10-17




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