Carlos Romero Mendoza 10 de octubre de 2017
@carome31
En el
año 2009 el “Pacto de Estambul sobre el Agua” reconoció a las autoridades
locales y regionales como actores políticos en la implementación de un enfoque
integrado y participativo para la gestión sostenible del agua y saneamiento, y
en la promoción de acciones en la ciudad o región respectiva, orientadas a
buscar el diálogo con todas las partes para establecer una visión común sobre
las prioridades locales y planes de acción en el sector del agua.
Así
mismo, a través de aquél pacto, autoridades locales y regionales del mundo se
comprometieron a implementar planes de acción para mejorar los servicios del
agua y saneamiento, incrementando la capacidad de adaptación local y regional
frente a los desafíos mundiales.
En ese
sentido, el año 2016 en Sincelejo, Sucre (Colombia) se realizó el I Congreso de
Seguridad Hídrica de la Región del Caribe, en el cual los Gobernadores de la
Región, acordaron y suscribieron lo que se llamó el Pacto por el Agua[1].
Ese
pacto, firmado un 18 de mayo de 2016, se fundamentó en el reconocimiento
expreso que hace la Corte Constitucional de Colombia, en el año 2011, al agua
como un derecho fundamental, como servicio público y como elemento indisoluble
para la existencia del ser humano.
La
carencia y la mala calidad del agua –que impacta significativamente la agricultura,
acentúa la inseguridad alimentaria, propicia delicados problemas de salud,
engrosa los índices de pobreza y provoca en casos extremos desplazamientos que
desembocan en conflictos que involucran poblaciones más vulnerables– fueron las
razones que motivaron a los gobernadores a suscribir el denominado “Pacto por
el Agua”.
El
pacto, además, permitió a los gobernadores reconocer en el Consejo de Seguridad
Hídrica Regional, un espacio formal e institucional para la discusión
permanente de interacción entre niveles nacionales y regionales, a los fines de
diseñar proyectos, programas y políticas públicas que atiendan el problema de
la oferta, demanda y sostenibilidad de los recursos hídricos de la región.
Recientemente
en España, la ministra de Agricultura y Pesca, anunció el inicio de
conversaciones entre distintos actores a los fines de lograr concretar un Pacto
Nacional de Agua, a través del cual se presenten acuerdos sobre los principales
desafíos que presenta la gestión del líquido en España[2].
Según
nota informativa, los puntos más relevantes del futuro pacto nacional son la
atención al déficit hídrico, el cumplimiento de los objetivos ambientales
fijados en los Planes Hidrológicos y la activación de los Planes de Gestión de
Riesgos de Inundación.
En ese
marco, la Región de Murcia anuncia el 27 de julio 2017[3], que inicia una serie
de acciones a los fines de construir un Pacto Regional del Agua en el cual se
logre construir los consensos sobre los desafíos del agua en la Región, y
así contribuir de manera mucho más
efectiva con el Pacto Nacional del Agua.
¿En
Venezuela es posible plantearse que las autoridades nacionales, estadales y
municipales puedan asumir la responsabilidad de construir políticamente un
Pacto sobre el Agua? Si hubiera voluntad
política, pero además, reconocimiento a los gobernadores y alcaldes como actores
institucionales políticos en el desarrollo integral de la Nación, claramente el
ordenamiento jurídico existente hace viable la posibilidad de una iniciativa
como las presentadas en este artículo.
En tal
sentido, los gobernadores a ser elegidos el próximo 15 de octubre, pudieran
asumir el reto de convocar a los alcaldes de su entidad federal y construir
juntos una iniciativa política concreta que además permite incluir a la
sociedad civil organizada de esa entidad local en el tema de la gestión integral
del agua.
Recordemos
que en enero y diciembre 2016 la Asamblea Nacional abordó el debate sobre la
crisis del agua, logrando aprobar un Acuerdo sobre la materia al inicio del
año, y luego a mitad del 2016 debatió un informe sobre la realidad de la crisis
del agua específicamente en relación a la situación de los embalses.
Oportuno
es señalar que por parte del Gobierno Nacional se impulsó un Consejo de Estado para el Agua en el 2014
y luego un Consejo Nacional Presidencial para el Agua en el 2015, pero sin que
se hubieran planteado soluciones de fondo a la crisis del agua en Venezuela. En
tal sentido, el racionamiento severo e irregular se mantiene vigente.
Los
gobernadores y alcaldes son reconocidos en la Ley de Agua como actores e
integrantes del Consejo Hidrológico Regional, creado legalmente como un espacio
formal e institucional de consulta, concertación y toma de decisión; en el
marco de un espacio que se define como plural, deliberante, analítico y
promotor de una mejor gestión del agua.
El
país fue dividido en 16 regiones y en cada una de ellas debería haber un
Consejo Hidrológico Regional, que claramente se diseñó –como la misma Ley de
Agua lo señala– como un espacio para la coordinación entre el Gobierno Nacional
y los gobiernos estadales y municipales.
La Ley
de Aguas reconoce el acceso al agua como un derecho humano fundamental y como
un elemento insustituible para la vida, el bienestar humano, el desarrollo
social y económico, constituyendo un recurso fundamental para la erradicación
de la pobreza y debe ser manejada respetando la unidad del ciclo hidrológico.
Además,
reconoce el legislador venezolano al agua como un bien social, cuyo uso y
aprovechamiento debe ser eficiente, equitativo, óptimo y sostenible, bajo una
gestión integral que además debe efectuarse en forma participativa. La
descentralización y la desconcentración, así como la corresponsabilidad
interinstitucional son algunos de los principios rectores de la gestión
integral del agua reconocidos expresamente en el ordenamiento jurídico vigente.
Un
pacto por el agua en Venezuela puede ser una iniciativa de los próximos
gobernadores electos. Independientemente de los obstáculos que el régimen les
pondrá en el camino –intentando anularlos e ignorando la voluntad popular– esta
podría ser una iniciativa política que puede facilitar un elemento de cohesión
que vincule a autoridades municipales y sociedad civil organizadas en la
búsqueda de soluciones al problema del agua, que claramente tienen incidencias
en la salud pública y en la calidad de vida de los ciudadanos.
Un
pacto por el agua, impulsado por los nuevos gobernadores, tendría que retomar
el llamado al Gobierno Nacional que se hizo en el “Pacto por el Agua de
Estambúl” en el 2009, a reconocer a gobernadores y alcaldes como actores en la
implementación de un enfoque integrado y participativo para la gestión
sostenible del agua y saneamiento, y en la promoción de acciones en la ciudad o
región respectiva.
Estamos
conscientes de los obstáculos que el régimen promoverá para anular a los
gobernadores, y con ello desconocer, nuevamente, la voluntad del pueblo
soberana, pero una iniciativa como un pacto político puede servir como
herramienta de reivindicación del modelo federal descentralizado de Estado que
representan legítimamente y encontrarse con la Asamblea Nacional para que, de
manera conjunta, asumiendo la representación legítima que ostentan, incluyan a
los ciudadanos en el reclamo constante, permanente y responsable por una óptima
y sostenible gestión integral de agua en Venezuela, en el marco del
cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
Carlos
Romero Mendoza
@carome31
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