Carlos Romero Mendoza 12 de diciembre de 2017
@carome31
“La
crisis llegó a las alcaldías”, dijo en el año 2014 Carlos Ocaríz, actuando como
vocero de la Asociación de Alcaldes de Venezuela. En esa oportunidad, advirtió
que el Gobierno nacional tenía como estrategia asfixiar financieramente a los
gobiernos municipales presididos por alcaldes legítimamente electos en la
plataforma de la Unidad democrática.[1]
Nuevamente,
en el año 2016, se alertó que por falta de recursos para cubrir los gastos, el
80% de las alcaldías estaban en rojo, la denuncia la hizo en esta oportunidad
Gerardo Blyde, actuando como presidente de la Asociación de Alcaldes de
Venezuela.[2]
Complementan
esos antecedentes varias declaraciones que a lo largo del año 2017 fueron
registrándose en medios digitales y en las cuales se acusaba el impacto
negativo sobre el presupuesto municipal de los diversos aumentos salariales
aprobados por el gobierno nacional.
En ese
sentido, el Municipio Hatillo[3], en septiembre 2017, se declaró en emergencia.
El Municipio Libertador (Mérida[4]), también alzó su voz de alerta. Los secundaron
las alcaldías opositoras ubicadas en el estado Táchira[5] y también reclamó por
recursos públicos –ante lo que calificó de inminente quiebra– el alcalde del
Municipio Marcano del estado Nueva Esparta[6].
¿Las
elecciones municipales del 10 de diciembre 2017 sirvieron de marco para abordar
entre candidatos de la Unidad y vecinos el tema del impacto de la crisis
económica en las finanzas públicas municipales? ¿Esta rápida y atípica campaña
electoral municipal, permitió a los vecinos entender el riesgo y la amenaza que
hay sobre la propia existencia del municipio como unidad política primaria?
¿Cómo
enfrentar la hiperinflación?, es una pregunta que se hace todo ciudadano y
lejos de abrirse los espacios para discutir y debatir el tema, orientar y
construir estrategias básicas para enfrentar el desafío financiero, no hay
voces que estén haciendo una labor educativa e informativa sobre cómo afrontar
la crisis. Es más, si vemos la campaña bajo la experiencia del municipio
Baruta, el tema de la hiperinflación no parece haber golpeado los fondos de los
diversos candidatos a esa Alcaldía.
El
economista Luis Oliveros[7] dijo que experimentamos un “terremoto de gran
intensidad y aún nos falta los efectos del Tsunami”. Para Oliveros, vivimos una
hiperinflación con terribles costos para la sociedad en general, que
directamente también impactará negativamente en las finanzas públicas
municipales, pues principalmente esta realidad afecta la capacidad de recaudar
impuestos, potenciando así el déficit fiscal.
Además
del impacto negativo en el tema financiero, Luis Oliveros alerta que otra de
las consecuencias de la hiperinflación es el incremento de los índices de
pobreza. Estos dos elementos claramente plantean un desafío enorme para los
alcaldes que serán electos el 10 de diciembre 2017 y supone un escenario muy
grave para todos los vecinos de cada municipio del país, pues significa el
deterioro de la calidad de vida. Para Luis Oliveros el principal reto es
sobrevivir, en tal sentido, advierte que quien no actúe rápido y con
inteligencia, simplemente pierde. Asdrúbal Oliveros, también economista,
presenta la hiperinflación como un proceso destructivo que arrasa con todo, y
del cual nadie sale inmune[8].
El 11
de diciembre el país amanecerá con nuevas autoridades municipales. Es decir,
con una realidad política distinta, pero además, con una interpretación de la
participación ciudadana en el proceso electoral y sobre la transparencia del
Consejo Nacional Electoral en ese proceso. No podemos ignorar que hay unas
condiciones económicas y sociales que se van agravando con el paso de los días
y que según el FMI nos llevarán a cerrar el año 2017 con una inflación de 652%
y un PIB del 12%. ¿Estamos conscientes los vecinos que nuestro municipio y su
capacidad de respuesta se verá afectada por los efectos de la hiperinflación?
¿Estarán conscientes los candidatos sobre la necesidad de asumir una gestión en
tiempos de enfermedad crónica de la economía venezolana?
Para
el diputado y economista José Guerra[9], nos espera un futuro más negativo,
principalmente porque el Gobierno no impulsa los cambios necesarios en la
política de planificación central. Guerra advierte que llevamos 15 trimestres
seguidos (desde 2014) de caída.
Los
municipios están en riesgo, no sólo por el intento de implantar ese modelo
político llamado estado comunal, sino porque ahora hay un componente económico
que claramente obstaculiza e impide cualquier propuesta de desarrollo y
sostenibilidad de gestión municipal. Alcaldes, concejales y vecinos
necesariamente van a tener que encontrarse y debatir sobre la salud financiera
del municipio, a los fines de aclarar las expectativas, pero también, a los
fines de articular un plan de cooperación vecinal o de inclusión social, a los
fines de enfrentar los desafíos que tenemos por delante.
El año
2017 se veía en el pasado como la oportunidad electoral y política de poner en
la agenda nacional el debate sobre la descentralización como política de estado
y la autonomía municipal como principio rector del desarrollo local. Ese round hoy está perdido. El esfuerzo que
significó los “Lineamientos para la Gestión Municipal 2014-2018”, en las
elecciones municipales del 2013, los resultados positivos que esas propuestas
tuvieron a lo largo y ancho del país donde había un gobierno de Unidad, están
allí como aprendizaje para valorar la importancia de pensar y actuar en Unidad.
Como
dijo Ocaríz en el 2014: la crisis llegó a las alcaldías. ¿Estamos preparados?, guste o no, la sociedad
civil tendrá que decir algo y exigir transparencia a los nuevos alcaldes,
solicitando un diagnóstico sobre el presupuesto 2018, pues participando o no
electoralmente el 10D, no podrán evitar sufrir las consecuencias de un
municipio que podría verse claramente disminuido financieramente para responder
a las necesidades básicas de sus vecinos y prestar los servicios que el
ciudadano espera recibir.
@carome31
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