Trino Márquez 02 de abril de 2018
@trinomarquezc
Pedro
Pablo Kuczynski presentó su renuncia porque la mayoría opositora, controlada
por su archienemiga Keiko Fujimori, lo forzó a dimitir. El motivo: sus
relaciones con Odebrecht, el zar de la construcción en América Latina; y haber
sobornado a diputados opositores para que votaran a su favor en el Congreso,
cuando el fujimorismo intentó el juicio de vacancia contra él en diciembre del
año pasado.
El
Presidente negó haber mantenido cualquier tipo de vínculo con la empresa y
haber comprado el voto de los opositores. Unas facturas mostradas por Odebrecht
evidenciaron lo contrario: en realidad PPK había asesorado al gigante brasileño
y su firma había cobrado importantes honorarios por esa labor consejera. El
Presidente le había mentido al Congreso y a la nación. Además, unos videos
(¡otra vez los videos!) demostraban cómo partidarios de PPK habían intentado
sobornar a diputados de la bancada opositora para evitar el juicio que lo
habría llevado a la destitución. Un acuerdo de última hora con Kenji Fujmori,
hermano de Keiko, logró salvarlo. El compromiso, al parecer, incluía la
liberación, invocando razones humanitarias, de Alberto Fujimori, el autócrata
que durante la década de los noventa cometió toda clase de desafueros contra
los derechos humanos y permitió el enriquecimiento obsceno de sus colaboradores
más cercanos, entre ellos el siniestro Vladimiro Montesinos.
Una
vez fuera del poder, a Kuczynski le corresponde defenderse de las acusaciones
de sus enemigos políticos. Este proceso ejemplifica la rivalidad tan enconada
que existe en Perú luego de casi veinte años de haber salido Alberto Fujmori
del poder y de la enorme polarización que existe en esa nación. También muestra
que las instituciones republicanas funcionan. El Presidente se vio forzado a marcharse debido a sus errores y excesos.
Su lugar lo asumió el primer Vicepresidente, Martín Vizcarra, a quien le
corresponde concluir el período constitucional. El terremoto desatado por
Odebrecht, además de PPK, se ha llevado por delante a Dilma Rousseff, a Lula, y
a Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador. En esos países los órganos
parlamentarios y de justicia han actuado para combatir la corrupción y castigar
a los responsables de esos delitos.
En
donde la onda sísmica desatada por Odebrecht no ha tenido ninguna repercusión es en Venezuela. Los primeros
desacuerdos serios entre Luisa Ortega Díaz y el gobierno de Maduro surgieron
cuando la fiscal del Ministerio Público decidió enviar a algunos fiscales
subalternos a Brasilia para que investigaran y recopilaran suficiente
información sobre los sobornos y comisiones ilegales pagadas por Odebrecht en
Venezuela. Este gesto de independencia no le fue perdonado. Luego, la Fiscalía
de Tarek W. Saab, la Contraloría y el TSJ decidieron prohibir todo tipo de
investigación por parte de la Asamblea Nacional y los organismos
jurisdiccionales a la actuación de las autoridades venezolanas que habían
sostenido algún tipo de relación o compromiso con Odebrecht. Es decir, quedaron
absueltos de antemano. Ni siquiera por una mera formalidad abrieron una
pesquisa, a pesar de las denuncias tan graves aparecidas en Brasil acerca de
los sobornos multimillonarios repartidos en Venezuela por esa empresa.
Además
de Brasil, Venezuela es el otro país del continente donde resulta indispensable
realizar una investigación a fondo de la corrupción propiciada por Odebrecht.
En ninguna otra nación la inversión de esa empresa desde hace quince años ha
sido tan cuantiosa y con resultados tan opacos. Un rápido arqueo por las obras
inconclusas dejadas por Odebrecht arroja el siguiente balance: Línea 5 del
Metro de Caracas: debió entregarse en 2010, de los 15 km. de su recorrido, solo
están listos 1,3 km; Sistema de Transporte Caracas-Guarenas-Guatire: su fecha
de inauguración era para 2012, solo funciona un tramo; Aeropuerto de Maiquetía:
el plan de trabajo comprendía el período 2013-2019, solo se han ejecutado nueve
remodelaciones; Metrocable La Dolorita, con inversión inicial de 300 millones
de dólares; Metrocable Mariche: presenta un avance de 40%, cuando debió estar
culminado en 2016; Cabletren Bolivariano: se prometió para 2015, pero de 5
estaciones solo tres están operativas, contaba con una inversión total para su
ejecución de 440 millones de dólares; Central Hidrológica Tocoma: la primera
turbina debió haber arrancado en 2012;
Complejo Agroindustrial José Ignacio Abreu de Lima: su construcción lleva más
de 7 años, en 2015 dejó de producir soya; Tercer Puente sobre el río Orinoco:
debió estar listo en 2015, reporta un avance de 70,31%; Línea II del Metro de
Los Teques: en construcción desde 2007, solo mantiene operativas tres de las
siete estaciones.
Cálculos
conservadores indican que la corrupción alrededor de Odebrecht puede rondar los
treinta mil millones de dólares. Una exploración a fondo del fraude seguramente
arrojará resultados escalofriantes, que dejaran los cobros de la empresa de PPK
como menudas propinas. El madurismo celebró con fuegos artificiales la salida
del expresidente peruano. Esperemos que un día no muy lejano podamos sonreír
porque en Venezuela se impuso la Justicia.
Trino
Márquez
@trinomarquezc
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