Por Andrés Cañizález
Escribir, académica o
periodísticamente, sobre la diáspora venezolana constituye un desafío. No hay
cifras oficiales en Venezuela sobre el fenómeno. Incluso el discurso de los
altos funcionarios busca restarle importancia a la salida de venezolanos en
busca de oportunidades en otros países o se les descalifica. Lo que fue una
práctica esporádica durante los años de Chávez en el poder, en los años de la
presidencia de Nicolás Maduro se ha hecho una política: el régimen no brinda
información pública en temas que considera sensibles. La emigración es uno de
ellos.
En 2014 la prensa
internacional percibe la magnitud del fenómeno y de forma casi coincidente en
el tiempo se publicaron trabajos en El País y ABC, ambos diarios españoles, y en el portal
británico BBC Mundo. Precisamente en uno de estos
trabajos se constata que Venezuela dejó de publicar datos migratorios desde el
año 2000, es decir apenas en el segundo año de Chávez en el poder. En otro
escrito se presenta la cifra de un millón y medio de emigrados, para ese
momento, cotejando datos de estudios académicos y estadísticas de los países
receptores.
En ese entonces 260.000
residían en Estados Unidos, 200.000 en España, 110.000 en Portugal y 50.000 en
Colombia. No está dicho en el texto de ABC, pero en el caso de los últimos tres
países mencionados se trataba del retorno a la tierra de sus padres de
venezolanos hijos de españoles, portugueses y colombianos. Por su parte, en el
trabajo de BBC Mundo se confirmaba el clima migratorio con el aumento de las
colas en las oficinas públicas, en Caracas, para trámites oficiales de apostillamiento
de títulos de estudios universitarios, así como la multiplicación que se
observaba en charlas informativas y de asesoramiento sobre cómo emigrar.
Entre el último trimestre de
2017 y los primeros meses de 2018, se hizo patente la crisis migratoria con la
salida masiva de venezolanos ya no por vía aérea -como ocurría una década
atrás-, sino saliendo por tierra y haciendo recorrido de miles de kilómetros en
autobús. De Caracas a Lima la distancia es de 4.500 kilómetros, y para llegar
desde Caracas a Santiago de Chile se deben recorrer 7.800 kilómetros.
Para los altos funcionarios de
Venezuela, sin embargo, no existía tal éxodo. En octubre de 2017, por ejemplo, el Defensor del
Pueblo de Venezuela, Alfredo Ruiz, negó que Venezuela sea un “país de
emigrantes” y, por el contrario, afirmó que es mayor la cantidad de personas
que ingresa al territorio que la que emigra. En esa oportunidad, si bien admitió
que sí había venezolanos que salían del país, los catalogó de “jóvenes de clase
media” para restarle importancia al fenómeno.
En los primeros días de 2018, en tanto, el propio
presidente Nicolás Maduro insistió en la tesis oficial de que son más los que
ingresan a Venezuela que los que salen del país. Descartando que venezolanos
estuviesen cruzando la frontera para ir a buscar medicinas en Colombia, Maduro
aseveró que “en Táchira, Zulia y Apure (estados venezolanos limítrofes con
Colombia) miles de pacientes colombianos cruzan la frontera para atenderse,
operarse aquí, atenderse una gripe, atenderse una catarata, buscar las
medicinas en Venezuela”. Ni lo dicho por Ruiz ni lo asegurado por Maduro puede
ser corroborado o contrastado justamente porque el Estado venezolano dejó de
brindar cifras migratorias.
No sólo se niega la existencia
del fenómeno, no se admite la diáspora, sino que también el discurso oficial en
Venezuela apela a la descalificación de los migrantes venezolanos y
de los trabajos que realizan fuera del país. En una declaración que levantó
bastante polémica Maduro admite que se han ido personas del país: “Sé de muchos
que la propaganda (enemiga) les llenó la mente, se fueron y están arrepentidos.
No sabes cuánta gente está lavando pocetas en Miami ¿tú te irías a lavar
pocetas en Miami? Yo no dejaría mi patria jamás”.
Este discurso, en teoría,
buscaba tenderle un puente a los migrantes, ya que Maduro hablaba de que éstos
regresen a Venezuela. Pero mensajes de este tipo cierran la posibilidad de un
diálogo ya que ubica a los migrantes como incapaces de distinguir entre lo real
de lo que es propaganda, asimismo insiste en la caricaturización del trabajo
hecho por el foráneo en la sociedad estadounidense, en donde están afincados el
mayor número de venezolanos.
Ciudadanos venezolanos cruzan
el puente internacional Simón Bolívar desde San Antonio del Táchira hasta
Cúcuta, Norte de Santander, Colombia. 25 de julio de 2017. Fotografía de Luis
Acosta / AFP
Las cifras oficiales que están
ausentes en Venezuela, han tratado de ser suplidas por estudios de opinión y
estadísticas públicas en los países receptores. En la Encuesta Condiciones de Vida del Venezolano, que
ejecutan tres universidades del país (UCAB, UCV, USB) se introdujo la pregunta
sobre cuántos familiares han emigrado en los últimos 5 años. Como resultado hay
una estimación de que entre 2012 y 2017 se establecieron fuera del país un
total de 815.000 venezolanos. Los investigadores reportan que la mayor
concentración de hogares que confirmaron tener emigrantes está en Caracas (la
capital) y en las ciudades principales, siendo el 60 por ciento de los casos.
Sin embargo, un dato llamativo de cómo ha variado el fenómeno, atravesando al
conjunto de la sociedad venezolana, lo constituye éste: el 12 por ciento de los
hogares con emigrantes corresponde al estrato más pobre, según los resultados
difundidos en marzo de 2018.
Desde el 2016 los venezolanos
se van fundamentalmente a Sudamérica: Colombia, Chile, Perú, Ecuador y
Argentina. En esto último influyó tanto la condición económica de los migrantes
(sin posibilidades de pagar pasajes de avión en muchos casos), como la propia
crisis que vive el sector aeronáutico en Venezuela con una reducción
del 80 por ciento de los asientos de vuelos internaciones entre 2013 y 2018.
La preocupación cada vez más
patente de los gobiernos de otros países y de organismos internacionales deja
en evidencia que se está, con la diáspora venezolana, ante un problema de
envergadura regional. Tras largos meses de silencio, por ejemplo, la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) lanzó en abril de 2018
un plan de acción regional en 17 países de
América Latina para ayudarlos a gestionar el flujo de venezolanos que abandonan
el país. Los países beneficiarios son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, República Dominicana, Guyana,
Panamá, México, Aruba, Curazao, Bonaire, Trinidad y Tobago. Se asignaron 32,3
millones de dólares de financiamiento para este plan, el cual constituye toda
una novedad al tener a la emigración venezolana como foco de atención de la
OIM. De acuerdo con este organismo especializado, en los últimos dos años (2016
y 2017) un total de 1,6 millones de venezolanos ha salido de Venezuela para
residenciarse principalmente en otros países de la región.
En una visita en marzo de 2018
al Puente Simón Bolívar, que separa a Colombia y Venezuela, el director
del Programa Mundial de Alimentos,
David Beasley, corroboró que más de 40 mil venezolanos cruzan diariamente a pie
por este punto la frontera binacional. No todos estos venezolanos tienen planes
migratorios, ya que un alto número sencillamente van a Cúcuta, la ciudad
colombiana más cercana para comer y luego retornar a sus casas en Venezuela.
Colombia ha obtenido ayuda
internacional para atender esta crisis humanitaria. Estados Unidos donó 16 millones de dólares distribuidos
entre ACNUR y los gobiernos locales en las fronteras colombiana y brasileña con
Venezuela, dado que se han establecido albergues y lugares de acogida para
venezolanos. La magnitud de la diáspora venezolano ha ocupado a gobiernos
distantes geográficamente, pero sensibilizados con las crisis humanitarias, tal
como Noruega que también donó un millón de
dólares al gobierno de Juan Manuel Santos para que Colombia atienda a los
venezolanos que cruzan en forma precaria la frontera.
El problema migratorio
venezolano existe, de eso no cabe ninguna duda, por más que los voceros
oficiales desde Caracas intenten minimizar la magnitud del fenómeno o
descalifiquen a los migrantes. La crisis económica irresoluta, que se agrava
con el pasar de los meses, hace prever que la diáspora crecerá seguramente en
2018 y 2019. Con un estimado de inflación, según el Fondo Monetario Internacional (FMI),
de 13.864,60 por ciento para este año y de 12.874,60 por ciento para 2019,
junto a una caída del Producto Interno Bruto (PIB) que el FMI estima en 15 por
ciento para 2018 y de 6 por ciento para 2019, Venezuela está literalmente en
medio de una profunda debacle que seguirá alimentado la salida masiva de
venezolanos.
***
Nota: Este texto constituye un
avance de un artículo académico de largo aliento que el autor prepara sobre la
temática.
03-05-18
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