Desde sus comienzos, la
revolución Bolivariana generó controversias, alineamientos enfrentados y nuevos
entusiasmos continentales. Hoy, la República Bolivariana atraviesa una severa
crisis que pone en cuestión las bases mismas del modelo chavista y hace
necesario un balance crítico por parte de las fuerzas progresista del
continente.
COYUNTURA
La derrota de la
centroizquierda chilena y la vuelta al poder de Sebastián Piñera reponen la
necesidad de un debate profundo acerca de la coalición que marcó la transición
democrática en el país. El programa reformista de Michelle Bachelet –cambio
constitucional, reforma impositiva y reforma educativa– perdió impulso en su
implementación, y la Nueva Mayoría, heredera de la Concertación, presentó un
candidato débil e improvisado, mientras emergía una nueva izquierda que la
desafiaba. La experiencia chilena muestra, en todo caso, problemas de los
progresismos a escala global, en un contexto latinoamericano incierto y marcado
por reemergencias conservadoras.
TRIBUNA GLOBAL
Los rankings universitarios se
crearon principalmente para intervenir en los flujos internacionales de
estudiantes, pero se convirtieron progresivamente en una fuente directa para
reforzar el prestigio de un pequeño grupo de universidades, de sus principales
revistas y editoriales oligopólicas. Su aplicación tiende a volver cada vez más
periférica a la ciencia desarrollada en los espacios alejados del circuito
mainstream o de corriente principal. Por eso es necesario crear nuevas
herramientas de mediciónde la producción científica de la periferia que
contemplen las interacciones de sus universidades en sus distintas direcciones,
y no solo con los circuitos dominantes.
TEMA CENTRAL
El Estado mágico.
Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela, de Fernando Coronil (editado por
Nueva Sociedad en 2002), es uno de los libros fundamentales para comprender
Venezuela. Fue reeditado en 2013 por la editorial Alfa, deCaracas, y el prólogo
de Edgardo Lander, que reproducimos casi en su totalidad, nos permite avanzar
en un análisis de problemas actuales de Venezuela bajo la luz de un modelo
rentista que se inició en la década de 1930 y perduró bajo la Revolución
Bolivariana, que hoy se enfrenta a su momento más crítico.
Muchos de los fundamentos de
la crisis que vive Venezuela, así como la evolución de la Revolución
Bolivariana bajo el gobierno de Nicolás Maduro, estaban inscriptos ya de algún
modo en la era Chávez. Bajo esta perspectiva, es posible leer las derivas
políticas de estos últimos años –protestas, contraofensivas oficiales,
retrocesos económicos– desde una mirada tanto intra- como parainstitucional, y
dejar así de lado los análisis simplistas de ciertas izquierdas y también de
derechas continentales.
El «sistema comunal» no estuvo
inscripto desde el principio en el proyecto bolivariano de democracia
participativa y protagónica. Sus inicios deben buscarse en el segundo gobierno
de Hugo Chávez y, tal como se desprende de los reproches de este a ministros y
funcionarios, las comunas y los consejos comunales no lograron cuajar como una
nueva institucionalidad. Enredadas en la maraña de instituciones creadas por el
chavismo y sin autonomía política, estas formas se superpusieron a tradiciones
de asociatividad popular ya existentes y no lograron crear capacidades
institucionales para las responsabilidades que se les asignaron.
Venezuela fue sacudida en 2017
por un nuevo ciclo de protestas ciudadanas que duró cuatro meses y dejó un
amplio saldo de personas fallecidas, heridos y presos políticos. Al final, este
movimiento se agotó sin una clara resolución de la crisis política y económica
que padece el país. Hoy se observa un incremento del autoritarismo, de la
militarización y de la crisis, pero al mismo tiempo se percibe un creciente
descrédito opositor. Tanto la Asamblea Nacional como la Asamblea Nacional
Constituyente son instituciones desprestigiadas. Y todo apunta a una
convivencia cada vez más precaria, con una población cada vez más vulnerable y
sin salidas a la vista.
Venezuela está inmersa en la
más severa crisis económica que haya encarado país latinoamericano alguno en la
historia moderna, con sombrías perspectivas de recuperación económica en el
corto plazo y sin que se vislumbre una voluntad política decisiva para diseñar
e implementar un programa económico integral, que atienda los desequilibrios
macroeconómicos, las profundas distorsiones de los precios relativos y la
disfuncionalidad de instituciones que mantienen la economía en un estado de
caos.
Desde sus comienzos, el proyecto
bolivariano incorporó en sus discursos una interpelación directa a las mujeres
más pobres, reconoció su situación de exclusión y explicitó el compromiso de
sacarlas de la pobreza. Sin embargo, las formas de promover la participación de
las mujeres están asociadas a una visión que las limita al rol de madres y
cuidadoras. A partir de entonces, el Estado chavista ha venido consolidando una
suerte de ideología maternalista que exalta ese papel, sin contemplar las
condiciones en que se desenvuelve la maternidad ni la existencia de otras
mujeres no madres, no cuidadoras, que merecen también la atención de la
política de género del Estado venezolano.
El sindicalismo venezolano
atravesó con dificultades el proyecto impulsado por Hugo Chávez desde 1999. La
antigua Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) levantó banderas
políticas en favor de la democracia que la acercaron a sectores patronales
antichavistas y la alejaron de los asuntos laborales, mientras que la central
aupada desde el oficialismo renunció a la independencia y la libertad sindical.
Pese a los intentos actuales de articular ambos bloques, ante un Estado
autoritario, el sindicalismo venezolano se muestra, hasta el momento, incapaz
de superar sus propias deficiencias y de jugar un rol relevante en medio de la
profunda crisis que vive el país.
El creciente papel de los
militares en la economía y política venezolanas ha ido a contracorriente de los
objetivos de un mayor control democrático sobre los sectores de seguridad y
defensa. Su creciente participación política y partidista –que incluye su
desempeño como represores de protestas sociales y sus labores en el sector de
inteligencia– y sus actividades empresariales han potenciado el auge del
militarismo. El resultado es la desinstitucionalización, la
desprofesionalización y la desconfianza social respecto de las Fuerzas Armadas
y la constitución de una suerte de «socialismo militar».
La constitución del Arco
Minero del Orinoco busca una suerte de «diversificación del extractivismo»,
ante la imposibilidad de diversificación de la matriz productiva venezolana.
Pero, al mismo tiempo, el aparato legal para constituir esta megaárea de
explotación minera es violatorio de diversas partes de la Constitución y se
corre el riesgo de que se genere una peligrosa vinculación entre intereses
asociados a la minería ilegal y actores estatales, en un contexto de porosidad
del Estado respecto de los intereses delictivos y de constitución de una suerte
de «rentismo lumpenizado».
Más que una transformación
socialista (o desarrollista), la economía venezolana vivió una masiva
transferencia de renta hacia el capital importador y hacia una casta
burocrático-militar que vive a costa de las arcas públicas mediante la
sobrevaluación del bolívar y las importaciones fraudulentas para captar divisas
a precios preferenciales. El proceso bolivariano ha sido más bien una variante
del rentismo petrolero que ya se había registrado durante el primer gobierno de
Carlos Andrés Pérez (1974-1979). Antes que a las revoluciones socialistas
clásicas, el proyecto bolivariano se parece a un nacional-populismo
militarista.
Venezuela experimenta hoy la
crisis más importante de su historia contemporánea, que se observa en una
economía contraída y disfuncional, un esfuerzo estratégicamente deliberado del
gobierno para consolidar el autoritarismo y una sociedad empobrecida, con
oportunidades y condiciones de vida cada vez más precarias y psicosocialmente
afectada por 19 años de intensa polarización. La pregunta que se plantea a
partir de esta situación es si Venezuela está a punto de iniciar una transición
hacia la democracia y una progresiva apertura de su economía o si, por el
contrario, está por enfrentar una profundización del autoritarismo (o el arribo
de un neototalitarismo) y una mayor estatización económica.
ENSAYO
Una definición historicista
permite comprender el carácter inclusivo del populismo latinoamericano en clave
comparada y los límites que le genera la necesidad de sostener una legitimidad electoral
mayoritaria para reclamarse como representante del pueblo. Esta definición pone
el acento en el impacto de la construcción del concepto de soberanía popular,
en la histórica debilidad de los Estados latinoamericanos y en el efecto de los
ciclos político-económicos que producen reacciones frente a procesos de
exclusión, para explicar el carácter inclusivo tanto de las experiencias
populistas clásicas de las décadas de 1930 y 1940 como de las del nuevo
milenio.
18-04-18
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