Acceso a la Justicia 05 de julio de 2018
La
emergencia humanitaria que vive el país obliga a revisar el funcionamiento del
Estado venezolano, el cual fue concebido para que “asegure el derecho a la
vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la
igualdad sin discriminación ni subordinación alguna”, pero a la luz de su
conducción por parte del Gobierno nacional, quien además ha monopolizado todas
sus funciones, el mismo ha perdido buena parte de su razón de ser.
Estos
principios básicos –establecidos en el preámbulo de la Constitución– que luego
fueron desarrollados en su articulado, prácticamente han dejado de tener
sentido para la ciudadanía, pues las obligaciones del Estado en materias
fundamentales como seguridad y justicia, así como su deber de atender áreas
vitales para la calidad de vida de la población como salud, educación, alimentación
y servicios básicos, han sido dejadas a su suerte, constituyéndose en lo que
podemos llamar un Estado negligente, pero también en muchos casos ausente.
Son
múltiples las garantías constitucionales que actualmente carecen de atención
gubernamental, y esto pasa principalmente por la omisión intencionada o no en
la que viene incurriendo principalmente el Ejecutivo Nacional.
Garantías en peligro
La
existencia de un Estado ausente o negligente por inacción o ineficacia ya desde
hace unos años ha estado condenando a la población venezolana a sufrir los
rigores de los peores indicadores socioeconómicos de su historia, o a tener que
sobrellevar un acceso muy limitado a sus derechos fundamentales como seguridad,
salud, justicia o alimentos. A continuación, Acceso a la Justicia destaca
algunas de las garantías constitucionales que las autoridades violentan día
tras día, negando con ello la propia esencia del Estado, que es la de servir al
ciudadano.
1. Lo
social no es primero
Las
estadísticas de mayo del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social
(OVCS) muestran que la crisis está en pleno apogeo, ya que el alto costo de los
alimentos, el desabastecimiento, la falta de medicinas y la precariedad de los
servicios básicos fueron los reclamos ciudadanos más reiterados.
Una de
las principales preocupaciones de la población es en materia alimentaria,
afectada por la escasez o la imposibilidad de comprar lo necesario para vivir
–debido a la hiperinflación– por lo que o hace largos recorridos en comercios
tratando de cazar un producto que le permita subsistir, o protesta por la falta
de rubros básicos que pueda comprar, o sale a la calle a buscar comida en la
basura, ya que los precios, en su mayoría, son prohibitivos.
Lo
mismo se repite en el sector transporte. El impedimento de los conductores para
mantener sus unidades –ya sea por precio o falta de repuestos– ha hecho
desaparecer numerosas rutas urbanas y suburbanas, y ha provocado el uso de
camiones de carga sin condiciones de seguridad para tratar de paliar la notable
falta de buses y “por puestos” en el país.
En
paralelo, los servicios de electricidad y agua viven sus peores horas. No hay
región del país que no padezca de cortes del suministro energético,
principalmente asociados a la falta de mantenimiento, ya que el Estado no ha
cumplido con su misión de asegurar sus operaciones; así como la distribución de
agua también falla de manera generalizada por las mismas razones.
En el
caso de la salud, aunque el artículo 83 de la Constitución estipula que este es
un “derecho social fundamental”, y que debe ser garantizado como parte del
derecho a la vida, la realidad es que el Gobierno no asegura ninguno de los
factores que lo conforman: atención hospitalaria, acceso a medicamentos,
vacunación, entre otros.
El
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala en su
artículo 11 el derecho de toda persona “a un nivel de vida adecuado para sí y
su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora
continua de las condiciones de existencia”.
Sin
embargo, todas estas y otras garantías de índole social en Venezuela, que son
responsabilidad del Estado, o no forman parte de las políticas públicas y
acciones que emprende el Ejecutivo Nacional, o no son atendidas adecuadamente.
2. La
justicia debe ser accesible e imparcial (artículo 26)
La
Carta Magna no sólo estipula que “toda persona tiene derecho de acceso a los
órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e
intereses”, sino que además “el Estado garantizará una justicia gratuita,
accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente,
responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o
reposiciones inútiles”.
Con
cada una de estas estipulaciones la Constitución busca blindar el acceso a la
justicia y la ejecutoria de la misma, pero el país dista mucho del ideal
planteado por el texto fundamental, pues prácticamente todas esas condiciones
son recurrentemente violentadas por el Gobierno, e incluso con la venia de
quienes lideran el Poder Judicial.
Por
ejemplo, las protestas antigubernamentales de 2017 desnudaron el estado de la
justicia venezolana, pues al tiempo que se aplicaron miles de detenciones
arbitrarias –Foro Penal contó 5.517 al cierre de diciembre 2017, y otras 164
hasta marzo 2018–, lo que supuso que los arrestos se hicieran sin una orden o
sin que hubiera flagrancia como lo impone el debido proceso, el quebrantamiento
de este último precepto continuó, ya que muchos de los apresados no fueron
presentados en las primeras cuarenta y ocho horas ante una autoridad judicial, mientras
que muchos fueron sometidos a la justicia militar, privándolos de su derecho a
ser procesados por su juez natural.
Una
manera de proceder similar se evidencia con el tiempo de respuesta a demandas o
recursos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Por ejemplo, en una muestra de
146 sentencias que fueron noticia desde diciembre de 2015 (elección de la
Asamblea Nacional) y marzo de 2018, el máximo tribunal decidió las causas
presentadas por el presidente de la República en un promedio de 7,8 días y siempre
a favor, cuando las de los partidos de oposición le tomó una media de 137,5
días, y los temas antigobierno presentados por ciudadanos los resolvió en 302,2
días, en contra en todos los casos.
Así
tenemos que frente a la inacción y negligencia en materia de derechos sociales
se tiene un Estado diligente y que no escatima en nada a la hora de reprimir.
Esa es la imagen del Estado venezolano, uno que sólo vive para sí mismo y no
para los ciudadanos.
3.
Todas las personas son iguales ante la ley (artículo 21)
La Constitución
desarrolla en este apartado una serie de garantías, entre las que se debe
destacar el primer numeral, el cual estipula que “no se permitirán
discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o
aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar
el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos
y libertades de toda persona”.
De
este tipo son numerosas las formas de discriminación que ha impuesto el
Ejecutivo, pero la ejercida a través del Carnet de la Patria las lidera todas.
El panel de expertos designado por el secretario general de la Organización de
Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, emitió un informe en el que considera
que con este documento, el Gobierno ha instrumentado una política de apartheid
para entregar medicinas y alimentos, lo que viola los derechos humanos.
Los
Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y los despidos políticos
también se enmarcan entre los métodos discriminatorios puestos en marcha por
las autoridades, pues todo aquel que no se subyugue al régimen político es
visto como un enemigo y, en consecuencia, le son menoscabados sus derechos.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
A la
luz de la forma indolente e irresponsable como el Gobierno viene ejerciendo sus
funciones, es necesario rescatar el ejercicio de la autoridad del Estado, pues
actualmente el ciudadano desconfía de casi toda acción que provenga del poder
político, y no cree que pueda ser favorecido o atendido por las políticas
públicas.
Ante
esto, resulta peligroso para la recuperación futura de la democracia y el
Estado de derecho en Venezuela que debido a la desidia, discriminación e
incapacidad con la que actúa el Ejecutivo Nacional, se ponga en tela de juicio
la efectividad del Estado como forma de organización política.
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