José Luis Farías 02 de agosto de 2018
@fariasjoseluis
Las
recientes amenazas proferidas por Nicolás Maduro, a propósito de su censo vehicular
como condición para comprar gasolina subsidiada, recibieron una hábil y
contundente respuesta de Delsa Solórzano. Sin estridencias, pero con firmeza,
la diputada le respondió exigiéndole que desaloje el gobierno del que fue
destituido a comienzos de 2017 por la Asamblea Nacional. El argumento de la
destitución deja en evidencia su condición de usurpador en Miraflores y Fuerte
Tiuna y lleva un claro mensaje al pueblo, al propio parlamento y a la FAN.
La
respuesta de Delsa pone la pelota en el campo donde debe estar, en el de la
lucha social. El planteamiento de la legisladora la pone públicamente al frente
del llamado al pueblo a desobedecer la abusiva imposición. Le recuerda a Maduro
que él no es nadie para imponer y mucho menos amenazar y que debe desalojar el
gobierno, por haber sido destituido por el legislativo por abandono del cargo,
en estricto apego a la constitución nacional.
El argumento de la destitución es claro: toda actuación de Maduro en
nombre del gobierno nacional es ilegal, es delictiva.
Al
exigir el desalojo a Maduro, dada su condición de parlamentaria, es obvio que
las palabras de Delsa también caen sobre el propio parlamento nacional. El
legislativo no puede olvidar, como a veces se percibe de ciertas actuaciones,
que está obligado a seguir insistiendo en el desalojo de Maduro. La clase
política congregada en la Asamblea Nacional no puede pasar por alto, bajo
ninguna circunstancia, que Maduro no tiene legitimidad alguna porque perdió el
respaldo popular ni legalidad porque usurpa el más alto cargo ejecutivo de la
república de Venezuela. A los diputados le sale recordárselo, tal cual lo hace
Delsa, en todas y cada una de sus actuaciones y no dejarlo como un hecho más.
Al
resucitar la destitución de Maduro como el argumento central para llamar a
desconocer su nueva imposición y enfrentar sus amenazas, Delsa está llamando a
respetar la constitución frente a esa nueva fuente de discriminación que es el
censo vehicular. Ello comporta un emplazamiento al cuerpo armado de la
república para que haga respetar los derechos humanos de los ciudadanos. La FAN
también está obligada a hacer cumplir la constitución nacional y a poner en su
sitio al usurpador. ¡Buena esa Delsa!
José
Luis Farías
@fariasjoseluis
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