Fernando Camino 05 de agosto de 2018
Está
claramente establecido en nuestra carta magna que es deber del Estado Venezolano, conjuntamente
con la iniciativa privada (así está escrito, la iniciativa privada) promover el
desarrollo armónico de la economía nacional, con el fin de generar fuentes de
trabajo para “elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía
económica de nuestro país”. También define que el Estado promueva el desarrollo
de la agricultura sustentable como garantía de la seguridad agroalimentaria y
del desarrollo rural.
El
régimen llega al poder teniendo como bandera la promulgación de una nueva
constitución. Bajo el chantaje y la arbitrariedad, logra imponer la nueva carta
magna, pero afortunadamente esta constitución no fue totalmente redactada por
las hordas radicales del chavismo, si no por el ala moderada (la mayoría de
ellos hoy deslindados del régimen), de allí que se mantuvo el respeto a la
propiedad y a la iniciativa privada ya establecidos en el derogado texto
constitucional.
Una
vez que el chavismo radical asume el control del régimen, comienzan las
violaciones a la nobel constitución, mediante un entramado de decretos leyes
permitidos por la habilitación otorgada por la Asamblea Nacional al poder
ejecutivo. Entre los años 1999 y 2014 se aprobaron 15 “decretos presidenciales
con rango de leyes”, que afectan al sector agroalimentario. Las más letales de ellas son la Ley de
Tierras y Desarrollo Agrario, la Ley de Pesca y Acuicultura y la Ley Orgánica
de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria.
Estas
leyes se constituyeron en el “marco legal” para la apropiación, por parte del
Inti, de más de seis millones de hectáreas con sus bienhechurías, todas en
producción; las “expropiaciones” y tomas forzosas del 60% de las agroindustrias
y la monopolización del agrocomercio. Gran parte del sector de almacenamiento
de materia prima y del comercio de los alimentos, también fue “expropiado” en
el afán del régimen de apropiarse y controlar todas las actividades productivas
de los circuitos agroalimentarios.
El
saldo rojo de la aplicación de estas leyes, ha sido el saqueo de miles de
unidades de producción agrícola y ganadera, la destrucción y ruina de la flota
pesquera artesanal e industrial, la monopolización del agrocomercio que ha
fomentado la especulación y el “bachaqueo” de los insumos, la paralización del
80% de la agroindustria y el colapso de la oferta de alimentos y de materia
prima. Además, el régimen ha cometido ilícitos establecidos en el artículo 113
de la CRBV como: la restricción y la monopolización sobre la producción y el
comercio de alimentos y de insumos; el abuso de su posición de dominio sobre
los circuitos de la producción de alimentos y por el efecto del control de
precios que ha creado una demanda concentrada de alimentos regulados, en
detrimento de la población que tiene que estar horas de su tiempo en largas
colas o tener que comprar los alimentos con sobreprecio a los denominados
“bachaqueros”.
Es
evidente el daño ocasionado por la destrucción del sistema privado de la
producción de alimentos. En 1998 producíamos toda la demanda nacional de
materia prima necesaria para la elaboración de harina precocida de maíz, del
café molido, del arroz empacado, de
azúcar, de tabaco y de alimentos de consumo directo como las hortalizas, las
frutas, plátanos, tubérculos y de productos cárnicos y de la pesca. Suplíamos
en más de un 50% la demanda industrial y de consumo directo de lácteos, de
pasta de tomate, de concentrados para
jugos y otros derivados de las frutas, de maíz amarillo y de sorgo para la
fabricación de alimentos balanceados para animales. Además exportábamos café,
arroz, plátanos, atún, langostinos, cangrejos y frutas tropicales, logrando así
un apreciable comportamiento de nuestra balanza comercial agrícola.
Este
régimen se ha convertido en la estafa del siglo XXI, incapaz de garantizar la
seguridad alimentaria de nuestra nación. Apenas producimos el 20% de los
alimentos demandados por la población y a pesar del aumento actual de los
precios del crudo, no hay divisas suficientes para importar, porque para colmo
de males, también Pdvsa fue destruida junto con las demás empresas básicas.
Quienes estamos pagando los “platos rotos” de esta estafa política somos todos
los habitantes de nuestro país, padeciendo innecesariamente esta tragedia de
escasez, hiperinflación, hambre, pobreza y desnutrición.
Solamente
el cambio hacia un Estado Democrático podrá salvarnos de este horror histórico
que padecemos. Un Estado Democrático que promueva el marco legal y las
políticas públicas necesarias para desarrollar una agricultura sustentable y la
producción de alimentos que nos garantice la seguridad alimentaria y el
desarrollo rural. Un Estado Democrático que nos garantice la seguridad jurídica
y el respeto a la propiedad privada, que nos permita un desarrollo armónico de
la economía nacional que genere trabajo para elevar el nivel de vida y del
consumo de nuestra población. Estamos en
el momento preciso de cambiarlo todo.
Fernando
Camino Peñalver
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico