Por Monitor ProDaVinci
La Alta Comisionada de los
Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Fotografía de Fabrice Coffrini | AFP
El miércoles 20 de marzo de
2019, Michelle Bachelet, Alta Comisionado de los Derechos Humanos para la
Organización de Naciones Unidas, dio un informe de actualización sobre la situación de Venezuela ante
el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El informe fue solicitado
por el organismo de Naciones Unidas. Bachelet lo presentó mientras un equipo
técnico del Alto Comisionado de los Derechos Humanos realiza una visita in
situ para verificar la situación venezolana. Bachelet dijo que “es
esencial que el equipo tenga acceso total e irrestricto, y que no se den
represalias contra ninguna persona que se haya entrevistado o haya tratado de
entrevistarse con ellos”.
En su informe, la Alta Comisionada afirmó que está
“sumamente preocupada por la magnitud y la gravedad de la repercusión de la
crisis actual sobre los derechos humanos, que constituye además un inquietante
factor de desestabilización regional”.
A continuación las claves de
su discurso.
1. Desconocimiento de la
crisis por parte de las autoridades. “Las autoridades se han negado a
reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados
médicos, alimentación y servicios básicos, por lo que las medidas que han
adoptado no han sido suficientes. Desde junio de 2018 -la última vez que
publicamos un informe sobre Venezuela- el ejercicio de los derechos
sociales y económicos ha seguido deteriorándose continuamente. Los grupos de
población más vulnerables, tales como los niños, las mujeres embarazadas, los
ancianos y los pueblos indígenas, se han visto especialmente afectados. Por
ejemplo, las arduas condiciones de vida obligaron a un número considerable de
miembros de la etnia warao a cruzar la frontera con Brasil, en busca
de alimentos, atención médica y otros servicios básicos”.
2. Inicio de la crisis y
efecto de las sanciones. “Aunque esta devastadora crisis social y
económica comenzó antes de la imposición de las primeras sanciones económicas
en 2017, me preocupa que las recientes sanciones sobre las transferencias
financieras derivadas de la venta de petróleo venezolano en los Estados Unidos
puedan contribuir a agravar la situación económica, con posibles repercusiones
sobre los derechos básicos y el bienestar de la población”.
3. Denuncias de asesinatos
durante la actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). “En
2018, se informó de al menos 205 muertes atribuidas a las FAES. Otras 37
personas fueron presuntamente asesinadas en enero de 2019 en Caracas. Al
parecer, algunos de estos asesinatos se han producido según un patrón similar:
ocurren durante allanamientos ilegales de domicilio realizados por las FAES, y
posteriormente estos órganos notifican el fallecimiento como resultado de una
confrontación armada, aunque los testigos declaran que las víctimas no portaban
armamento alguno”.
4. Restricciones a la
libertad de expresión y prensa. “Me inquieta el aumento de las
restricciones a la libertad de expresión y de prensa en Venezuela y las
alegaciones de que las autoridades han usado arbitrariamente la ley contra el
odio, aprobada en noviembre de 2017, para imputar a periodistas, dirigentes de
la oposición y a cualquiera que exprese opiniones disidentes, lo cual termina
por generar autocensura. Este contexto tiene una importante repercusión sobre
el derecho de las personas a la información”.
5. Deterioro del sistema de
salud. “El sistema de atención sanitaria sigue deteriorándose, lo que
repercute considerablemente en la mortalidad y morbilidad materna, la
mortalidad infantil. La propagación de enfermedades infecciosas, que
habían estado previamente bajo control, es el foco de la reciente campaña de
vacunación implementada por el Gobierno con la ayuda de la Organización
Panamericana de la Salud”.
6. Aumento de la exclusión
escolar por la crisis. “Según una encuesta reciente, más de un millón de
niños han dejado de asistir a la escuela, la mayoría porque sus padres no
pueden proporcionarles el desayuno, porque los programas de almuerzo escolar
han colapsado, por la escasez de transporte público a precios asequibles, o por
la falta de docentes y personal escolar, muchos de los cuales han abandonado el
país”.
7. Colapso de los servicios
públicos. “La reciente interrupción del abastecimiento de fluido eléctrico
que afectó a todo el país ha agravado esta situación, al reducir aún más el
acceso de la población a los alimentos, el agua y los medicamentos, y también
ha afectado gravemente a los hospitales. Todavía no se conoce todo el alcance
de los daños ni el número de víctimas directas, pero este prolongado apagón
simboliza los problemas de infraestructura que afronta el país. La escasez de
agua y de gas natural y el colapso del transporte público también siguen
afectando a muchas personas; esta situación, combinada con la hiperinflación,
genera atroces condiciones económicas que han desencadenado miles de protestas
sociales”.
8. Criminalización de la
protesta. “En el contexto del auge de las protestas antigubernamentales
ocurridas en todo el país en los dos primeros meses de este año, mi Oficina
documentó numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por
las fuerzas de seguridad y los colectivos armados progubernamentales,
incluyendo el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias,
torturas y malos tratos en condiciones de detención, así como actos de amenaza
e intimidación”.
9. Emigración masiva de
venezolanos. “Un resultado directo de esta vasta crisis humanitaria es que
más de 3 millones de personas han huido de Venezuela, en busca de comida,
atención médica, empleo y protección. Muchas de ellas han partido en precarias
condiciones de salud y con poco dinero, a veces sin ninguno (…) Aplaudo los
esfuerzos que han realizado los países receptores de la región para abordar las
necesidades de los refugiados y migrantes venezolanos y les aliento a que
continúen el combate contra la xenofobia y la discriminación, y mantengan el
acceso a su territorio”.
10. Necesidad de encontrar
una solución pacífica a la crisis. “Es preciso que se alcance un acuerdo
sobre una solución política para todos los interesados, con medidas para
mejorar una amplia gama de problemas urgentes de derechos humanos. Exhorto a
las autoridades a que adopten esas medidas para demostrar su compromiso real
con la resolución de los numerosos desafíos presentes en todo el país”.
20-03-19
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