Carlos Romero Mendoza 22 de marzo de 2019
@carome31
El 15
de enero 2017, la Asamblea Nacional, a través de su Comisión mixta para el
estudio de la crisis eléctrica, presidida por el diputado Jorge Millán, presentó
el diagnóstico sobre la realidad del Sistema Eléctrico Nacional. Al respecto
señaló:
1.
Estancamiento en la producción de energía
eléctrica.
2.
Violación de los límites técnicos de seguridad
de las líneas de transmisión.
3.
Desincorporación masiva de las centrales
turbo-vapor por falta de mantenimiento.
4.
Sobreexplotación de la central hidroeléctrica
Simón Bolívar.
5.
Gastos excesivos en el sistema de generación,
pero no así en el sistema de transmisión eléctrico.
6.
Colapso del sistema de distribución y
comercialización.
7.
Caída de la facturación industrial y comercial
8.
Déficit de combustibles para el parque
termoeléctrico
9.
Incumplimiento del plan de expansión previsto
para el sector eléctrico
10. Rezago
tarifario y reducción de 83% en ingresos reales de CORPOELEC por concepto de
facturación.
El
Informe de la Asamblea Nacional, cuestionó y advirtió de la inexistencia de una
política energética integral en Venezuela y expresamente responsabilizó de la
realidad que presentaba el Sistema Eléctrico Nacional, a los presidentes Hugo
Chávez (1999-2013) y Nicolás Maduro (2013-2016), pues en ambos períodos “el
servicio eléctrico se ha deteriorado a niveles nunca vistos por la sociedad
venezolana”.
Así
mismo, el informe responsabilizó, entre otros, a los ex ministros Rafael
Ramírez, Alí Rodríguez, Jesse Chacón y Luis Motta Domínguez por el incumplimiento de sus funciones como
planificadores, fiscalizadores y reguladores del sector eléctrico, en
concordancia con el ordenamiento jurídico vigente a partir del año 1999, pues
ello ha “producido una crisis energética de gran impacto para la población
venezolana que se ha traducido en un racionamiento eléctrico permanente”.[1]
Según
la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico (LOSSE), el Estado se reservó
las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización, a
través del operador y prestador del servicio, por razones de seguridad,
defensa, estrategia y soberanía nacional; así como también se reservó el
despacho del sistema eléctrico a través del Ministerio del Poder Popular con
competencia en materia de energía eléctrica.
En
consecuencia, la Asamblea Nacional luego del diagnóstico realizado en el 2017,
como era lógico, aprobó un voto de censura contra el ministro de Energía, Luis
Motta, quien se negó a ser interpelado sobre su responsabilidad en la crisis
eléctrica del año 2016[2].
Dos
años después de aquel informe de la Asamblea Nacional, la crisis eléctrica
–anunciada y alertada con antelación por distintos actores de la sociedad
civil– arropó al país con un apagón nacional por varios días en marzo 2019.
Por
supuesto, como era de esperarse, el régimen respondió acusando que el apagón
era el resultado de un ataque por parte de la oposición venezolana y
denunciando que fue causado por tecnología utilizada por el gobierno de USA.
Además,
el régimen usurpador decidió crear un comando para la protección de los
servicios básicos en Venezuela, principalmente agua y electricidad, integrado
por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. También activó unos ejercicios
militares “Ana Karina Rote” a los fines de proteger el sistema eléctrico del
país[3].
Por
otro lado, y en relación con la prestación del servicio de agua potable que se
agravó luego del apagón nacional, el régimen anunció el plan “tanque azul”, a
través del cual entregará a la población contenedores de agua vía Carnet de la
Patria.
Curiosa
iniciativa que reedita las acciones tomadas en el pasado por la Alcaldía
Metropolitana, en ocasión de enfrentar la irregularidad en el cumplimiento del
plan de racionamiento de la prestación del servicio de agua potable en algunos
sectores de Caracas. Por otro lado
representa otro ejemplo más de la utilización del carnet de la patria como un
instrumento de control y exclusión social.
La
respuestas del régimen no sorprende y, menos aun, el anuncio de la
reestructuración del gabinete usurpador cambia la realidad crítica que
presentan los servicios públicos de la electricidad y el agua en Venezuela.
La
crisis eléctrica y el racionamiento severo de la presentación del servicio de
agua potable continúa sin esperanza de solución a corto plazo. Por parte del
régimen usurpador su respuesta evidencia que no puede y/o no quiere resolverlo,
condicionando así la mejora al cese de la usurpación.
Por lo
pronto, la LOSSE, claramente identifica la responsabilidad del régimen
usurpador de Nicolás Maduro sobre el adecuado funcionamiento del sistema
eléctrico nacional y los antecedentes advierten de un régimen que en el pasado
tuvo toda la información técnica y los recursos financieros para atender el
sistema eléctrico nacional en función de evitar el inédito apagón nacional.
En tal
sentido, no debemos olvidar que en el año 2013[4] el propio Maduro declaró,
mediante un decreto, la emergencia del sistema eléctrico nacional y, en ese
momento, declaró como zonas de seguridad todas las instalaciones eléctricas,
las cuales fueron militarizadas con el fin de garantizar la protección contra
peligros o amenazas internas y externas que pongan en riesgo el funcionamiento
del servicio.
Mientras
el régimen responde militarmente y con tanques azules a esta crisis, la
Asamblea Nacional aprobó por unanimidad de los diputados de la Unidad
Democrática, la solicitud del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, de
declarar un estado nacional de emergencia como consecuencia de la interrupción
generalizada de energía eléctrica en todo el territorio nacional.
Resultaría
importante que desde la Asamblea Nacional se impulse la activación de la LOSSE,
a los fines de promover que cada asamblea de ciudadanos o cabildo abierto que
se realice demande a las autoridades municipales que, cumpliendo con las atribuciones
que le otorga la LOSSE, incorporen a los ciudadanos en el monitoreo de la
prestación del servicio eléctrico en el municipio, a los fines de levantar
información sistemática y permanente sobre la crisis eléctrica y su impacto
local.
Si los
municipios cumplieran la función que la LOSSE les exige, entonces no sólo los
ciudadanos podrían ser parte de un sistema de monitoreo que podría alimentar el
informe de la Asamblea Nacional; sino que también permitiría a los alcaldes
exigir ser parte activa en el diseño de las políticas que deben ser asumidas
para restablecer el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional Eléctrico.
La
LOSSE reconoce la participación, la corresponsabilidad y la solidaridad como
principios rectores del Sistema Eléctrico Nacional, que en estos momentos deben
activarse a los fines de exigir la prestación de un servicio que cumpla con los
otros principios reconocidos, a saber: transparencia, eficiencia,
confiabilidad, equidad y sustentabilidad económica y financiera.
Activar
desde la Asamblea Nacional a los ciudadanos para exigir que los municipios
asuman un rol activo en la tarea de exigir el adecuado funcionamiento del
Sistema Eléctrico Nacional es una acción política, cívica y pacífica de
reivindicar el orden jurídico, democrático e institucional del país.
[1]AN.
Comisión mixta para el estudio de la crisis eléctrica del país. Informe final.
15 de enero 2017.
[2]Cuentas
Claras. Ministro Motta Dominguez rehúye
a la AN para explicar crisis eléctrica y recibe moción de censura. 22 de
febrero 2017. Online en:
https://www.cuentasclarasdigital.org/2017/02/ministro-motta-dominguez-rehuye-a-la-an-para-explicar-crisis-electrica-y-recibe-mocion-de-censura/
[3]El
Pitazo. Maduro anuncia creación de
Comando para proteger los servicios básicos. 16 de marzo 2019. Online en:
http://elpitazo.net/politica/maduro-anuncia-la-creacion-de-un-comando-para-proteger-los-servicios-basicos/
[4]La
Nación. Venezuela declara emergencia su
sistema eléctrico para estabilizarlo. 23 de abril 2013. Online en: https://www.nacion.com/el-mundo/venezuela-declara-en-emergencia-su-sistema-electrico-para-estabilizarlo/M24KIVPDDFCFJPT5KUFWNUDBN4/story/
Carlos
Romero Mendoza
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