Por Ramón Guillermo Aveledo
La batalla política de
Venezuela es porque la Constitución recupere, para bien de todos, su condición
de norma suprema del Estado y de la vida social.
Así como caricaturiza a la
oposición, plural con conciencia social y esencialmente democrática, como una
pandilla de fanáticos ultraderechistas, el grupo en el poder pinta el conflicto
venezolano que ha generado y cultivado como uno de política internacional entre
ellos, por derecho propio encarnación de la soberanía nacional y el imperio
norteamericano, independientemente de quien gobierne en Washington. Desde el
“huele a azufre” contra Bush en la ONU, pasando por la gesta contra el “decreto
de Obama”, hasta la actual confrontación con Trump que al comienzo procuraron
evitar, culpando a su antecesor Demócrata por las malas relaciones. Recordemos
que el régimen ha echado de aquí a representantes diplomáticos estadounidenses
de presidentes de uno y otro partido. Y que lo recuerden los políticos de allá,
aunque estén en campaña electoral.
La crisis venezolana no es
una de política internacional. Su internacionalización se debe a dos factores.
Uno es el intencional ya mencionado, al cual se quiere introducir ingredientes
geopolíticos con los interesados rusos (venta de armas y juegos de poder) y los
reticentes chinos, cuya “guerra” es otra. El otro es un subproducto del mal
gobierno y su secuela de pobreza e ilegalidad: la masiva emigración que crea un
creciente problema en toda la región que ha llamado la atención en América y
Europa sobre todas las violaciones al Derecho internacional y al interno en las
cuales el grupito en el poder ha incurrido. O sea, la cara exterior de nuestra
crisis es hija del desastre interno que nuestros aprendices de brujo han creado
y que está en la base de la batalla política que aquí se libra.
Juan Guaidó, Presidente de
la Asamblea Nacional, no se “autoproclamó” encargado de la Presidencia de la
República, simplemente asumió el deber que le imponía el 233 constitucional. Al
revés, si alguien se ha “autoproclamado” es aquel cuyo poder, desde enero de
este año, no es el nacido de una elección realizada según la pauta
constitucional, igual que se autoproclama como representante del pueblo aunque
este mayoritariamente lo repudie o defensor de la soberanía cuando el poder de
decisión y los recursos nacionales los pone en manos ajenas.
El pueblo venezolano ha
votado y el valor de su voto ha sido desconocido. Ha manifestado
multitudinariamente y su voz ha sido desoída. Ha buscado salidas como el
revocatorio y se las han cerrado. Ve cada vez más limitado el ejercicio de sus
derechos y no puede defenderlos en los tribunales porque no le hacen caso, ni
en las instancias internacionales a las que el poder aquí no respeta, a pesar
de todos los tratados. ¿Qué más quieren que hagamos los venezolanos?
Esa es la batalla cívica de
nuestro país. Entre un pueblo que quiere que se cumpla su Constitución, porque
así puede defender su derecho a vivir y progresar en paz, y un pequeño grupo
alzado con el poder que se cree la Constitución e inventó un dispositivo
llamado ANC que ni siquiera se reúne, para sustituirla de facto, a la brava.
Cada quien, aquí y afuera, debe decidir de qué lado está.
09-04-19
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