ROBERTO R. BALLESTEROS 21 de abril de 2019
@RRBallesteros
El
titular del Juzgado 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha abierto
una macrocausa contra altos cargos de Nicolás Maduro y
de Hugo Chávez por blanquear en España dinero procedente del
petróleo venezolano. Las diligencias abiertas por el magistrado apuntan tanto a
miembros del ejecutivo actual y del anterior como a colaboradores de todos
ellos que residen en la península ibérica desde hace años y
que habrían facilitado a sus compatriotas las vías para devolver los fondos de
la empresa estatal PDVSA al curso legal a través de diferentes
inversiones inmobiliarias y de todo tipo.
La
investigación, que aún se encuentra en un momento incipiente y bajo secreto de
sumario, supone la mayor causa que emprende el mencionado juzgado de
instrucción desde que está al frente el juez Peinado y, según fuentes
judiciales consultadas, este magistrado dedica la mayor parte de su tiempo a
sacar adelante el procedimiento. No en vano, incluso durante estos días
de Semana Santa el instructor ha estado practicando
diligencias para hacer avanzar el asunto, en el que hay decenas de personas
investigadas, apuntan las mismas fuentes consultadas, que hablan de más de 40
imputados.
En
concreto, el juez rastrea más de 70 contratos firmados por la petroleraestatal
PDVSA con empresas de la trama. Parte de ellas estarían vinculadas a la actual
vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que de momento aún no
ha venido a España para declarar. Estos convenios, muchos de ellos obtenidos
tras un soborno previo, habilitaban a estas sociedades para extraer y
comercializar el crudo de Venezuela, según apuntan las primeras
investigaciones, coordinadas por la Fiscalía Anticorrupción. Las mercantiles,
explican otras fuentes ligadas a la causa, eran contratadas a dedo por
el Gobierno de Maduro con el fin de que éstas explotaran los
yacimientos petrolíferos y vendieran luego el material a Europa.
Rodríguez
ejerce como vicepresidenta del país desde el pasado junio, cuando abandonó su
cargo al frente de la Asamblea Nacional Constituyente para pasar a ser la mano
derecha de Maduro. Anteriormente había sido canciller de la República Bolivariana y ministra de Información,
puesto este último que luego pasó a ocupar su propio hermano Jorge
Rodríguez, hoy vicepresidente de Comunicación y también investigado en la
causa que dirige el Juzgado 41. Con Chávez, Delcy también tuvo un alto cargo,
el de ministra del Despacho del Presidente nada menos. Su trayectoria política
la convierte en una de las personas más influyentes del país, pues
ha permanecido en puestos de responsabilidad con los dos últimos jefes de
gobierno.
El
procedimiento que instruye el Juzgado 41 comenzó en España después de que a lo
largo de la investigación realizada en otra causa abierta por un juzgado de
Houston las autoridades norteamericanas descubrieran que la trama contaba
con una derivada en Europa. En concreto, la justicia vinculó la
organización con mercantiles en Portugal. La colaboración internacional permitió
posteriormente descubrir que los fondos derivados a este último país
pasaban luego a Andorra y de ahí a España. Cuando las autoridades
de Estados Unidos descubrieron esta circulación del
dinero, se lo comunicaron a la justicia portuguesa, que abrió las
correspondientes diligencias por blanqueo de capitales, y ésta a la española.
No en
vano en 2017, a petición de las autoridades lusas, la Audiencia Nacional coordinó
una serie de registros en propiedades del hijo del magnate
venezolano Roberto Rincón Fernández en España por el desvío de
6.000 millones de euros procedentes de PDVSA a actividades en España con el fin
de ser blanqueados. Sin embargo, la red era de tal magnitud que era necesario
iniciar una nueva causa coordinada por un juzgado español para investigar la
derivada de la trama. La Fiscalía Anticorrupción la puso en marcha y
ahora se encuentra en el citado Juzgado 41 de Madrid. Los investigadores
estiman que el entramado societario podría haber blanqueado 500
millones de euros solo en España a través de los negocios que los
venezolanos vinculados a la trama abrieron aquí.
El
Gobierno de Maduro está preocupado por la causa y por eso tiene la
intención de personarse en la misma a través de un bufete de abogados
francés con el que ya ha entrado en contacto. El magistrado Peinado, sin
embargo, aún no ha resuelto sobre este extremo, que permitiría al ejecutivo
acceder a toda la información sobre investigación que no esté bajo
secreto de sumario a través de la figura de la acusación particular o
popular.
El
juez ya ha tomado declaración a varios investigados, como Luis Carlos
de León -exresponsable financiero de Electricidad de Caracas, empresa pública dependiente de PDVSA-
o Nervis Villalobos, exviceministro de Energía y una persona
cercana a los ministros Rodríguez. Ambos fueron detenidos hace más de un año en
España en relación con la trama que dirige el juzgado de Houston, dado que se
encuentran también en el centro de esa causa, que sigue procedimiento contra
otras personas igualmente imputadas en España, como Rafael Reiter -exjefe
de seguridad de PDVSA- o Roberto Rincón Bravo, hijo del magnate
venezolano Roberto Rincón Fernández, entre otros.
La
Unidad contra los Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional
ya detuvo el pasado junio a Rincón Bravo en el
marco de un procedimiento que inició el Juzgado 27 de Madrid, que
posteriormente derivó su investigación al 41. Su padre Rincón Fernández confesó
su implicación en el pago de sobornos a PDVSA a cambio de contratos de la
petrolera con empresas ubicadas en Estados Unidos y otros países, entre los que
parece ahora que estaba España. Según apuntó un escrito del juzgado de Houston
en agosto de 2017, Rincón Fernández y su socio Abraham José
Shiera pagaron 27 millones de dólares a funcionarios del Gobierno
bolivariano y a directivos de la petrolera para asegurarse contratos para sus
empresas.
La
causa estadounidense comenzó después de que la Asamblea Nacional de Venezuela,
liderada por la oposición al régimen de Maduro, denunciara en 2016 que entre 2004 y
2014 desaparecieron 11.000 millones de dólares de PDVSA. Un año
antes de esta denuncia pública, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos
acusó a un banco de Andorra de blanquear 2.000 millones de dólares que habían
sido sustraídos de la petrolera estatal. La operación para lavar el dinero en
España se basaba en la adquisición de inmuebles y en la inversión en las
empresas de la trama, que se dedicaban a un amplio abanico de sectores,
como el inmobiliario o el industrial, entre otros.
PDVSA
ha sido la principal fuente de financiación de los gobiernos de Chávez y Maduro. La denominada gallina
de los huevos de oro financió los programas sociales de los dos
mandatarios. Sin embargo, la mala gestión de la petrolera y, como comienzan a
demostrar las investigaciones judiciales, el desvío de fondos a los bolsillos
de sus saqueadores provocaron la catastrófica situación que sufre la empresa
pública, una crisis que potencia el desplome de los precios de los
hidrocarburos. En este contexto, el ejecutivo de Donald Trumpha
incrementado las sanciones contra PDVSA para darle la puntilla al Gobierno de
Maduro al tiempo que el líder de la oposición Juan Guaidó ha
anunciado una reforma a fondo del sector petrolífero venezolano que regulara
las ofertas de licitación y persiguiera la corrupción, según contó S&P
Global.
QUIÉN
ES QUIÉN
Delcy
Rodríguez es la actual vicepresidenta de la República
Bolivariana de Venezuela y mujer de absoluta cercanía a Nicolás Maduro. Ha
ocupado varias carteras ministeriales en los Ejecutivos de Chávez y Maduro,
entre ellos, estuvo al frente de Exteriores entre 2014 y 2017. En septiembre
pasado, Delcy Rodríguez fue
sancionada por el Departamento del Tesoro de EEUU e incluida en la
lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC).
En una reciente visita a Moscú, la vicepresidenta afirmó que “Venezuela vive un
momento particular donde es víctima de una agresión multiforme dirigida desde
los Estados Unidos".
Jorge
Rodríguez es hermano de Delcy y actual ministro de Comunicación
e Información de Venezuela. Entre 2008 y 2017, fue el alcalde de Caracas. Al
igual que su hermana, está incluido en la lista negra de la OFAC. Jorge y Delcy
son hijos del guerrillero y fundador de la Liga Socialista de Venezuela, Jorge
Antonio Rodríguez, quien murió en 1976 cuando se encontraba bajo custodia
de la policía en el primer Gobierno de Carlos Andrés Pérez. Se le acusaba de
haber secuestrado a un empresario estadounidense.
Nervis
Villalobos, alias ‘Enano’, fue viceministro de Energía (2002-2006) en
el primer Gobierno de Hugo Chávez. Fue detenido en Madrid en octubre de 2017 a
petición de Estados Unidos por su supuesta implicación en una trama que habría
desviado fondos de la estatal petrolera PDVSA. Desea ser extraditado a Estados
Unidos para colaborar con la Justicia norteamericana, pero tiene causas
pendientes también en España, Andorra, Portugal y Venezuela. El auto
de acusacióndel tribunal de Houston de 2017 describe cómo Villalobos y
sus presuntos cómplices urdieron en 2011 una red internacional de empresas,
intermediarios y cuentas bancarias para blanquear el dinero procedente de
sobornos originados en asegurarse la concesión de obras en el sector de la
construcción de plantas de energía. Entre sus colaboradores estaban Luis Carlos
de León Pérez y Rafael Reiter, también investigados por el Juzgado 41 de
Madrid. Tiene diversas cuentas
en bancos suizos y maneja sociedades en al menos 5 países: España,
Portugal, Estados Unidos, Panamá e Islas Vírgenes Británicas. Disfruta ahora de
la libertad provisional en su lujosa casa de La Moraleja. En 2018, Villalobos
declaró en sede judicial lo siguiente: “El presidente de la República, por ese
entonces el presidente Chávez, tenía el control absoluto de todo.
Todo pasaba por él. El decidía qué se contrataba, qué no se contrataba, qué
empresas se podían contratar, qué empresas no se podían contratar”.
Luis
Carlos de León, que goza de doble nacionalidad venezolana y
estadounidense, fue director financiero de la empresa estatal de electricidad
de Corpoelec. Detenido en España a petición de Estados Unidos en 2017, fue
extraditado a este último país, donde firmó un acuerdo con un tribunal de
Houston que lo investigaba. En el pacto admitió su culpabilidad por haber
recibido sobornos de empresarios como Roberto Rincón y Abraham Shiera, ambos
afincados en EEUU. Las coimas abonadas a De León les abrieron las puertas a
obtener contratos en el sector energético de Venezuela. Parte de ese dinero
recibido lo blanqueó De León en bancos suizos.
Rafael
Reiter fue el jefe de seguridad de PDVSA. Su misión
principal consistía en detectar posibles irregularidades en la gestión de la
petrolera estatal. Es investigado
en EEUU por el mismo caso que Villalobos y De León, por lo que fue
extraditado desde España a ese país. Con el dinero obtenido por los sobornos de
empresarios que consiguieron contratos con PDVSA, entre otras adquisiones,
compró una casa de lujo en San Cugat del Vallès (Barcelona). El FBI
lo investigó también por haber sido uno de los ‘valijeros’ que llevó
millones de dólares en 2007 a Argentina para financiar la campaña electoral
de Cristina
Fernández de Kirchner.
Roberto Enrique Rincón Fernández
y Abraham José Shiera, empresarios venezolanos afincados en
Florida, fueron
acusados por la Justicia de Estados Unidos en 2015 de pagar
sobornos a altos funcionarios de PDVSA con el fin de adjudicarse contratos de
forma privilegiada entre 2009 y 2014. Ambos se declararon. Rincón y Shiera
desviaban una gran parte de sus ganancias a sociedades en paraísos fiscales,
entre ellos, las Islas Cook o Barbados. En julio de 2019, un juez de Houston
dictará sentencia por la causa de Roberto Rincón y Abraham José Shiera por
haber participado en esquemas de corrupción al pagar coimas de al menos 27
millones de dólares en negocios cuya suma se eleva por encima de los 1.000
millones de dólares. El hijo del primero, José Roberto Rincón, y su
mujer, María Lila Bravo, están
siendo investigados en España por blanqueo de capitales.
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