Trino Márquez 11 de abril de 2019
@trinomarquezc
Nicolás
Maduro sabe que el tiempo que le resta en Miraflores depende casi
exclusivamente de la eficacia de la maquinaria de extorsión, terror y represión
que sea capaz de armar.
Recuperar
el sistema eléctrico e hidráulico para aliviar las penurias de la gente cuesta
demasiado dinero. Mucho más del que puede conseguir en los mercados
internacionales. El bloqueo financiero que lo acosa lo mantiene asfixiado. Sus
socios rusos y chinos no se muestran dispuestos a costear la recuperación de
esas redes, destruidas por la incompetencia y corrupción de los gobernantes.
Ellos saben que allí residen las verdaderas causas del desastre. Nada que ver
con los ataques terroristas cibernéticos, electromagnéticos o babosadas
parecidas. Nadie más peligroso que un madurista al frente de un servicio que
requiere conocimiento del área y un plantel de profesionales y técnicos de alto
nivel.
El
relanzamiento económico luce igual de lejano. ¿Quién en el mundo de los
negocios tendrá la osadía de invertir grandes capitales en Venezuela, donde no
existe seguridad jurídica, el servicio eléctrico es una calamidad, por los
grifos no sale agua, sino barro, las vías de comunicación, los puertos y los
aeropuertos dan pena y buena parte del personal clasificado ha huido? Venezuela
está quedando para que vengan los saqueadores de tumbas, los garimpeiros y los
depredadores de todo género, dispuestos formar parte de la red que destruye el
ambiente y se lleva el petróleo, el oro, los diamantes, la bauxita, el coltán y
todas las demás riquezas que Maduro les permite.
Maduro
se encuentra incapacitado para resolver las demandas de la sobrevivencia
cotidiana. Con él se agravarán todas las carencias que hoy padecemos.
Si
quiere seguir gobernando en medio del caos que ha provocado, Maduro tendrá que
intentar demoler todo vestigio de democracia, pensamiento crítico y
organizaciones independientes. Esta, al menos, será su intención. No logra
cristalizar sus aspiraciones por dos razones básicas: el país ha sacado fuerzas
del subsuelo para encararlo y la comunidad democrática internacional de la
región y de buena parte del planeta, se le plantó de frente. Para Maduro, 2019
ha sido un año de sorpresas desagradables. Juan Guaidó se convirtió en el líder
indiscutible de una oposición renacida y la figura en torno de la cual se
aglutina la mayoría de las fuerzas que se oponen al régimen. La comunidad
internacional actúa con un nivel inusual de compromiso y solidaridad con los
demócratas venezolanos. La entrada progresiva de la ayuda humanitaria a través
de la Cruz Roja, la victoria obtenida en la OEA con el reconocimiento a Gustavo
Tarre y el debate en el Consejo de Seguridad de la ONU, representan muestras
inequívocas del compromiso de las naciones democráticas con Venezuela. A Maduro
solo lo acompañan las dictaduras del continente y del mundo, o gobiernos como
el de López Obrador, atrapados por la telaraña que la izquierda cavernícola
tejió desde hace décadas en América Latina.
En
medio del aislamiento, impopularidad y quiebra financiera que lo agobian,
Maduro optó por redimensionar el sistema represivo que lo resguarda. Le teme a
las FAN. No confía en el Ejército, la Aviación, ni la Marina, a pesar de
intenso proceso de fanatización ideológica al que esos componentes han sido
sometidos. Viró hacia la Guardia Nacional, que fue desdibujándose
progresivamente. Los esfuerzos que se realizaron en el pasado por
profesionalizarla se olvidaron. Ahora es un aparato de choque, que reprime a
mansalva y se ha incrustado en el esquema construido a lo largo de dos décadas,
cuyo centro reside en la corrupción. Junto a la GNB, el sistema represivo
madurista está compuesto por la Policía Nacional Bolivariana (PNB), las Fuerzas
de Acciones Especiales (Faes), la Milicia Bolivariana y los colectivos. Los
cuatro primeros cuerpos poseen un revestimiento formal. Al menos en su forma
jurídica, son órganos del Estado. Se financian con fondos públicos y aparecen
en un renglón del Presupuesto Nacional. Esta característica obliga a Mauro a
guardar algunas apariencias formales. Deben sujetarse a ciertos códigos y
normas jurídicas.
En
cambio los colectivos, llamados ahora ‘cuadrillas de paz’, son agentes libres.
Grupos paramilitares. Irregulares dispersos integrados por delincuentes que actúan
en misiones ad hoc. El régimen los financia con fondos de la Nación, pero sin
que nadie sepa cuál es la procedencia de esos recursos, ni estén sometidos a
ningún control o supervisión institucional. Nadie conoce la partida del
Presupuesto donde aparecen. Su naturaleza ilegal los convierte en un arma
mortal al servicio irrestricto de Maduro.
La ONU
declaró a la Guardia Revolucionaria de Irán como grupo terrorista. Igual
debería suceder con los colectivos armados. Sería un golpe noble al instrumento
represivo más brutal con el que cuenta Maduro. Eje de su sistema represivo
informal.
Trino
Márquez
@trinomarquezc
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