Miguel
Méndez Rodulfo Caracas, 1 de agosto de 2013
Para la planeación y desarrollo del
Pacto por México se diseñó un Consejo Rector, mientras que para las actividades
de supervisión y seguimiento, se creó una Coordinación Técnica. El Consejo Rector
tiene la responsabilidad de articular las negociaciones centrales, definir
objetivos, determinar mesas de trabajo por materia y/o reforma, establecer un
calendario de trabajo y elaborar las iniciativas de ley que se requieran, para
someterlas a la discusión del Congreso de la Unión; además tiene un Presidente
cuya titularidad rotará de forma mensual entre los líderes nacionales de los
partidos políticos signatarios. La Coordinación Técnica del Pacto tiene la
responsabilidad de dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Rector y a los
acuerdos de las mesas de trabajo por materia, así como instrumentar las
acciones de comunicación y difusión a la opinión pública.
En
materia electoral, el
pacto exige y garantiza que quien haya cometido o cometa en un futuro delitos
electorales sea debidamente sancionado, por lo que se promoverán acciones de
procuración de justicia y de control administrativo. Además se toman medidas de
prevención para garantizar elecciones limpias, equidad en la competencia y
blindaje contra el uso electoral de los programas sociales, entre ellas:
suspensión temporal de movimientos de altas y bajas de beneficiarios en los
padrones de los programas sociales en los estados con elecciones hasta que se
instale un Consejo Ciudadano que verifique los criterios de aplicación de
dichos programas; suspensión de reuniones públicas con los beneficiarios de
programas sociales; adelantar 45 días la entrega de apoyos a los programas
sociales, antes de cada elección; publicación de la lista de los beneficiarios
de los padrones de Oportunidades: Sesenta y Cinco y Más, Estancias Infantiles,
Programa de Vivienda Tu Casa, Vivienda Rural, Seguro Popular y Programas de
Empleo Temporal; atención y resolución de las denuncias sobre los delegados
federales que presuntamente actúen con fines electorales, adicionalmente, la
Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público investigará las cuentas bancarias de los gobiernos de los estados si
realizan retiros en efectivo por cantidades relevantes.
Participación
de la sociedad civil.
Se crean instancias para que organizaciones de la sociedad civil especializadas
en transparencia, vigilen el funcionamiento y la operación de los programas
sociales con criterios no electorales, entre sus tareas están: auditar padrones
de beneficiarios de los programas sociales; revisar y emitir opiniones sobre
los criterios de las altas y las bajas de los beneficiarios para evitar sesgos
partidistas; revisar, transparentar y emitir opiniones sobre las reglas de
operación y los criterios técnicos de los principales programas de combate a la
pobreza y los convenios de colaboración; así como promover observatorios
ciudadanos del ejercicio del gasto de los gobiernos estatales y de la
imparcialidad de actuación de los gobernadores durante los procesos
electorales.
Sistema
Nacional de Programas Sociales.
Se instala una mesa integrada por los representantes del Consejo Rector y de
los Grupos Parlamentarios, para acordar una iniciativa que cree el Sistema
Nacional de Programas Sociales para combatir con mayor eficacia la pobreza que
evite las duplicidades, los subsidios regresivos y que establezca evaluaciones
permanentes, transparencia integral, la profesionalización de los delegados
federales y operadores de los programas sociales.
Las reformas que el Pacto por México
se propone adelantar son la educativa, la laboral, la fiscal, la de
telecomunicaciones y la energética. De éstas ya están en el parlamento la
educativa y la de telecomunicaciones. Si bien es cierto que la reforma
energética está generando muchas polémica, esto era de esperarse por el
nacionalismo intrínseco de los mexicanos alrededor de Pemex; sin embargo,
también hay la convicción de que la empresa de hidrocarburos es inviable
financieramente para acometer las inversiones que se requieren, por lo que
algún tipo de apertura al capital privado debe producirse.
Miguel
Méndez Rodulfo
Caracas,
1 de agosto de 2013
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