VenEconomía 17 de enero de 2014
Era de esperar que Nicolás Maduro
tocara el tema de la seguridad ciudadana con amplitud, profundidad y
transparencia en su “Memoria y Cuentas” de este miércoles 15 de enero y,
también, que informara con meridiana claridad cuál sería la estrategia a seguir
para combatir contundente y efectivamente el flagelo de la delincuencia que
está mermando a la población venezolana.
Y es que estar entre los cinco países
más peligrosos del mundo, y que cinco de sus ciudades principales y capitales
de estado estén dentro de las 80 más violentas del globo no es cosa para
tomarla a la ligera, ni por los gobernantes responsables directos e
incuestionables en enmendar la situación ni por sus habitantes que son los que
tienen en vilo sus vidas.
Tampoco es cuestión de evadir que
24.763 ciudadanos fueron víctimas de homicidios, (12 % de la tasa de mortalidad
general de Venezuela), como lo reveló un informe del Observatorio Venezolano de
la Violencia (OVV). Dicho de otra manera, en Venezuela se registraron 79
homicidios por cada 100.000 habitantes, en contraste con el promedio de 15 por
cada 100.000 habitantes del Hemisferio Occidental.
No era un tema para tratar a la ligera
ni con la cara lavada, como si no hubieran tenido durante 15 años la
responsabilidad en sus manos de controlar y combatir la delincuencia,
“reconocer” que luego de 15 años en el poder “todavía” no se ha “alcanzado la
verdadera y plena participación de toda la comunidad y del pueblo en la lucha
contra la criminalidad". La gravedad y trascendencia del tema tampoco es
para conformarse con aceptar un mea culpa de palabra y oír a Maduro decir que
el Gobierno bolivariano está "en deuda con el pueblo (...) en cuanto a la
construcción de un modelo de seguridad pública, un modelo de cuño socialista y
humanista" y llamar a debatir "los antivalores de la muerte" que
transmiten los medios.
Es una total irresponsabilidad y falta
de respeto a los familiares y deudos de los casi más de 200.000 ciudadanos que
han perdido la vida en estos tres quinquenios echarle la culpa de la
delincuencia generalizada a los medios de comunicación y a sus mensajes. Es una
bofetada a la inteligencia que Maduro quiera lavarle las manos y la cara a
quienes han propiciado con sus políticas (y con la ausencia de otras) el
descomunal salto de víctimas de la violencia que se quintuplicaron desde 1998,
según datos del Observatorio Venezolano de la Violencia.
Es responsabilidad del gobierno el
haber desmantelado a las policías regionales y municipales y desarticulado la
acción policial coordinada, para crear una Policía Nacional Bolivariana,
altamente politizada, deficientemente entrenada y mal orientada
vocacionalmente, indigentemente dotada, y en extremo mal pagada. Su política
policial ha sido parte del problema y no la solución.
También es responsabilidad del
gobierno de los bolivarianos haber hecho del sistema de justicia un apéndice
del poder ejecutivo. Los tribunales ocupados en bailar al son que les marca la
Presidencia para ajusticiar a políticos, disidentes y empresarios, dejan de
lado la administración y aplicación de Justicia (apenas un 2% de los homicidios
cometidos entre 1999 y 2012 habían sido resueltos por el Ministerio Público).
La pérdida de esta independencia es parte del problema de la delincuencia, y no
se orienta a su solución.
Además ha sido entera responsabilidad
del gobierno imponer un sistema penitenciario inhumano, contrario a la
educación y a la reinserción de los presidiarios a la sociedad. Un sistema
alcahuete que no es parte de la solución sino que al amparar a pranes y a
delincuentes incrementa la violencia en las calles.
Es directa responsabilidad de los
gobiernos de Chávez y de Maduro que en Venezuela haya crecido a niveles incontrolables
el monstruo de la violencia y la delincuencia, al dejar en el olvido la
enseñanza de valores, principios y civilidad, para imponer la agresión, el
desprecio al contrario y la impunidad.
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