VenEconomía 16 de enero de 2014
Maduro este miércoles 15 de enero fue
a la Asamblea Nacional supuestamente a cumplir con el mandato constitucional de
rendir cuentas a la Nación sobre la gestión de gobierno en 2013, año cuando
detentó el poder como presidente encargado, primero, y presuntamente electo
después.
Sin embargo, esta Memoria y Cuenta del
sucesor de Chávez no se ajustó en absoluto a lo que debe ser esta obligación
anual que tiene todo funcionario público, como es el presentar a la Asamblea
Nacional, poder público que debería ser representativo de todos los
venezolanos, una exposición razonada y suficiente de las estrategias, planes en
general, objetivos, metas y resultados, con sus respectivos informes económicos
y financieros, de la gestión del año que antecedió.
Si se analizan bien las cosas, Maduro
tuvo razones suficientes para no entrar en esas “minucias”: NO tenía NADA
positivo qué mostrar de la gestión de un año que terminó siendo el más terrible
en cuanto a resultados económicos y sociales, con una inflación que casi pasa
la barrera del 60%, escasez generalizada, delincuencia y corrupción
desbordadas, resultados electorales amañados y aplazado en todos los índices
internacionales de medición de desempeño público.
Sin embargo, las razones de fondo de
Maduro y su combo para no rendir la memoria y cuenta de manera tradicional y legal
no es el fracaso de su gestión. La razón de su incumplimiento constitucional
radica en que un gobierno con vocación dictatorial NO tiene en su esquema
rendirle cuentas a nadie, menos aún al país del que se asumen son dueños y
señores.
Con respecto a la otra obligación del
mandatario de entregar al Parlamento los lineamientos de gestión para el año
que comienza, lo que Maduro dio, fue un menú muy confuso y contradictorio:
1) Fusiones de organismos
económicos (Ministerio de Finanzas con Banca Pública y Sundecop con Indepabis).
2) Un ambiguo y nada
transparente proceder en materia cambiaria, informando que sigue pero
desaparecerá Cadivi, dejando en ascuas a amplios sectores importadores a los
que el Estado les adeuda cifras millonarias; manteniendo el cambio oficial a
Bs.6,30:$ durante todo 2014 y más, negando así una devaluación abierta que es
imposible de evitar sin seguir incrementando las distorsiones económicas; y
anunciando una reforma la Ley de Ilícitos para establecer “mecanismos de
sistemas complementarios”.
3) El anuncio de una ley
habilitante para fijar precios y costos “justos”, que establecerá ganancias
máximas de 30% a todas las actividades económicas.
4) Ratificando la
determinación de darle al Estado el rol de único importador, proveedor y distribuidor
al mayor de bienes y productos del país.
5) Nuevos enroques
ministeriales donde destaca: Más militares en el poder, uno que comandará las
finanzas del país (con Marcos Torres en la fusión del Ministerio de Finanzas y
Banca Pública) y un jefe de batalla como intendente de los precios justos,
Motta Domínguez, (reinsertado a la FANB); ratificación del poderío económico
del policamburista Rafael Ramírez; y el retorno de Nelson Merentes al Banco
Central.
6) Repotenció de las
amenazas de hostigamiento y prisión para quienes se le antoje por cualquier
excusa de tildar de especulador.
7) Y, la guinda de la
torta: Realizó una verónica en materia de inseguridad y violencia generalizada,
al culpabilizar al mensaje de los medios de comunicación de la delincuencia
criminal, a fin de no ponerle el cascabel al hampa que se ampara en una
irresponsable política de impunidad y complacencia.
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