Por Dra. Aída Lamus
Valero, 16/01/2014
Boletín 165 AIPOP
Al abrirse el compás
electoral (en los dos próximos años no está previsto un nuevo proceso), se nos brinda
una oportunidad única de pensar con una visión de futuro sobre el país que
queremos. Es la hora de la reflexión, sin desviaciones interesadas u
oportunistas de corto plazo, sin ir buscando participaciones individualistas o
tratando de imponer soluciones ajenas al interés colectivo, sustituyendo este,
por medidas populistas en los partidos de gobierno; denunciando problemas sin ánimos
de plantear soluciones transcendentales sobre cuestiones fundamentales, tales
como: ¿Queremos una sociedad integrada por ciudadanos libres, críticos,
interesados en conocer y participar en los asuntos públicos, con capacidad para
defender sus derechos, mediante el ejercicio del control del poder exigiendo
rendición de cuentas en forma oportuna y eficiente? ¿Cuál es el tipo de Estado
que queremos, un modelo centralizado en lo político, con énfasis en la empresa
pública y escasa o mínima participación de la empresa privada, reglas impuestas
conforme a criterios de un grupo detentador del poder, sin más limitaciones que
los intereses del jerarca o del salvador creado según las directrices impuestas
a los medios de comunicación, por los sustentadores del régimen?
Antes de ofrecer
alternativas viables, es necesaria una simple reflexión, sobre las
consecuencias de escoger este modelo en un entorno de un mundo con énfasis en
el desarrollo del conocimiento, basado en la innovación, en el esfuerzo continuado
de los países para obtener una mayor eficiencia, en la observación de los
derechos humanos, en la protección del ambiente y en las exigencias éticas en
los negocios.
El modelo en
referencia, con marcada tendencia hacia la formación ideológica, en detrimento
del espíritu crítico e innovador con carencia de habilidades y destrezas en
áreas esenciales (matemáticas, física, química e idiomas.) fallas que, en
definitiva, constituirán obstáculos para la competitividad del país,
transformándose en un enclave ajeno a la evolución, conformando una sociedad de
súbditos temerosos sometidos al poder, sin posibilidad de una debida protección
por instituciones contraloras de ese poder.
En Venezuela, nos
encontramos en un escenario caracterizado por instituciones débiles, la
Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia actúan más al servicio del
Proyecto Político del Gobierno que en la protección de los derechos del
ciudadano y la justicia. En lo económico el modelo no es mejor, una inflación
de 51,7 % la más alta de América Latina, y más grave aún una inflación de 72,3
% en alimentos, aunado al crecimiento del P.I.B. de 1.2 % en el 2013 con estimación
de solo 1% para el 1014 (Informe CEPAL). A mayor abundamiento, una evaluación
de la política de controles de precios, refleja un alto índice de escasez y una
mayor percepción del riesgo país, traducido en un porcentaje más alto del
interés por concepto del servicio de la deuda. El incremento de las
importaciones frente a la disminución de los ingresos del sector petrolero,
hace que el modelo no sea sustentable si no se toman las medidas correctivas
apropiadas.
Por todas estas
razones, invitamos a las personas que les interese este país a configurar
grupos de trabajo, que pudiesen elaborar documentos para el debate en las
cuestiones fundamentales y servir de orientación para la formación de una
propuesta alternativa, que paute la ruta hacia la construcción de un país donde
sea posible un desarrollo social, político y económico con la participación del
esfuerzo creador de sus empresarios y emprendedores en un marco de reglas
jurídicas y éticas generadoras de confianza.
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