Edgar C. Otálvora 07 de
septiembre de 2015
La oposición brasileña optó por frenar sus acciones
directas para promover que el Congreso procese a Dilma Rousseff en procura de
su salida de la Presidencia. Presiones del gran empresariado sobre las
dirigencias de los principales partidos, jugadas políticas en el Congreso por
parte del gobierno y la oposición, apertura de nuevos procesos judiciales
contra Rousseff, la adelantada pugna por las nominaciones presidenciales para
las elecciones del 2018 en partidos como el PMDB (actualmente prooficislista) y
el opositor PSDB, están marcando los tiempos de la crisis política que vive
Brasil.
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En el seno del partido opositor PSDB están chocando
las posiciones de los precandidatos presidenciales, el gobernador de São Paulo
Gerardo Alckmin y el presidente del partido y excandidato presidencial senador
Aécio Neves. Alckmin se muestra reacio a comprometerse en el plan de solicitud
de impeachment contra Rousseff mientras Neves está promoviendo y participando
en acciones de calle contra la mandataria. Alckmin quiere esperar hasta 2018
mientras Neves cree poder capitalizar su posición en unas eventuales elecciones
presidenciales adelantadas. Varias reuniones se han producido en la residencia
de Fernando Henrique Cardoso en São Paulo en las últimas semanas, en las cuales
Neves, Alckmin y el senador José Serra han intercambiado puntos de vista. El
18AGO15, tras masivas manifestaciones registradas dos días antes, Neves,
Alckmin y FHC acordaron frenar la solicitud de impeachment en espera de los
resultados de los procesos judiciales abiertos contra Rousseff en el Tribunal
de Cuentas y el posible enjuiciamiento por el Tribunal Superior Electoral. El
25AGO15, el tribunal electoral decidió retomar las investigaciones sobre el
financiamiento de la campaña de Rousseff en 2014. Ese proceso podría llevar a
la convocatoria de nuevas elecciones.
La posición del PSDB fue transmitida el 24AGO15 por
el senador Aloysio Nunes, a la dirigencia del partido en São Paulo. Consultado
el diputado Nunes para este Informe, ratificó que la posición del PSDB es
“apoyar el pedido de impeachment, cuando existan condiciones objetivas para
ello, en la forma establecida por la ley”. El gobierno Rousseff tambalea pero ninguna
fuerza partidista brasileña se muestra dispuesta a apostar al impeachment y
eventualmente perder la jugada.
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El sábado 22AGO15 el presidente de Colombia Juan
Manuel Santos intentó, sin resultados, mantener una conversación telefónica con
Nicolás Maduro. El mecanismo, que muchas veces había servido para activar
secretas operaciones de apoyo logístico venezolano a las conversaciones entre
Santos y las Farc, ya no funcionó. El pacto de no agresión y de comunicación
directa acordado por Hugo Chávez y Juan Manuel Santos el 10AGO10 en Santa
Marta, Colombia, estaba roto.
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El cierre por 72 horas de tres puentes fronterizos
que unen al estado Táchira con el departamento Norte de Santander, una de las
fronteras más activas de Latinoamérica, fue anunciado por Maduro la noche del
miércoles 19AGO15. La medida oficialmente era la respuesta a un incidente en el
cual resultaron heridos efectivos militares que realizaban una supuesta misión
anticontrabando en San Antonio del Táchira. La captura de los atacantes
(calificados por el gobierno venezolano como “paramilitares”) fue el
justificativo inicial para el cierre fronterizo. El 21AGO15 las cancilleres de
Maduro y Santos, Delsy Rodríguez y María Ángela Holguín, aprovechando una
visita común a Costa Rica, conversaron, posaron para la prensa y acordaron
reunirse a mediados de septiembre para tratar la situación fronteriza, revisar
acuerdos previos de combate al contrabando y fijar nuevas acciones. La tarde de
ese viernes el gobierno colombiano calculaba que el cierre sería una medida
provisional que podría levantarse tras la conversación de las ministras.
Pero esa misma noche Maduro dejó ver que el cierre
formaba parte de una estrategia mayor de política interna: colocar la frontera
bajo control de una autoridad militar y carear al gobierno colombiano. La
publicidad oficial del régimen venezolano asegura que la latente hiperinflación,
el desabastecimiento de alimentos, la erosión de la tasa de cambio, además de
la inseguridad y la violencia criminal en las ciudades venezolanas son causadas
por un plan de la derecha internacional motorizado desde Colombia. En
consecuencia, la noche del 21AGO15 Maduro anunció el cierre indefinido de la
frontera Táchira-Norte de Santander, el eventual cierre de otros segmentos y la
emisión de un decreto suspendiendo garantías constitucionales en seis
municipios fronterizos. La medida dejó perplejo al gobierno de Santos cuya
Canciller pocas horas antes había conversado con su homóloga venezolana sin que
se advirtiera de la radicalización de las medidas.
El intento de Santos por aplacar la crisis con una
conversación directa con Maduro fue infructuoso. Las cancillerías acordaron
adelanta una reunión binacional, para el día 26AGO15 en Cartagena. Santos,
blanco de los ataques de diversos bandos en su país, acusado de una posición
blanda ante Maduro, se jugaba la carta de la diplomacia buscando poner fin a
una crisis que de comercial y diplomática se había convertido en humanitaria.
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Por convocatoria de Maduro, los cancilleres de la
alianza castrochavista ALBA, se reunieron en Caracas el 10AGO15. En su
declaración final, la canciller de Maduro y sus invitados se mostraron
preocupados “por las actuales deportaciones y desplazamientos forzados de
ciudadanos dominicanos de origen haitiano, y reafirmamos los derechos humanos
fundamentales de todos aquellos que están siendo desplazados”. Quince días después,
Maduro había desatado una crisis humanitaria en su frontera con Colombia, con
la deportación masiva de más de un millar de personas con el consecuente
desplazamiento forzado de varios miles más que salieron de Venezuela.
Las imágenes de una multitud, incluyendo mujeres y
niños, vadeando el fronterizo río Táchira huyendo de Venezuela, provocaron una
fuerte reacción política en Colombia. La cancillería colombiana negoció con
Venezuela el ingreso de camiones a territorio venezolano para retirar los enseres
de los deportados, así como la entrada del Defensor del Pueblo colombiano,
Jorge Armando Otálora, para entrevistar a sus paisanos aún presentes en la
zona. El fracaso de la reunión de cancilleres en Cartagena, el no cumplimiento
de lo pactado (camiones y acceso al Defensor) dieron pie para que Santos el
27AGO15 declarara agotada los esfuerzos de conciliación y ordenara que su
Embajador en Venezuela, quien se encontraba en la zona de frontera,
permaneciera en Colombia y no regresara a Caracas.
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Nicolás Maduro no asistió a la toma de posesión del
segundo gobierno de Santos el 07AGO14, reflejando un sostenido alejamiento
entre ambos, el cual quedaba disfrazado por sonrisas en las pocas ocasiones
cuando coincidieron en eventos internacionales. Una semana antes, Maduro y
Santos se habían reunido en Cartagena para acordar un plan conjunto contra el
contrabando. El 11AGO14, el gobierno colombiano fue sorprendido por la decisión
de Maduro de ordenar el cierre nocturno al transporte de carga en los pasos carreteros
entre Táchira y Norte de Santander, el cual comenzó a aplicarse también a
personas y en todos los pasos binacionales desde diciembre de ese año. En
aquella ocasión Colombia protestó tibiamente por la medida.
La tirantez en las relaciones entre Maduro y Santos
siempre parecía ser compensada por el mutuo interés en las conversaciones con
las Farc. Pero los asomos de tensión fueron aumentando desde principios del año
2014, cuando Colombia se mostró contrario a la celebración de una cumbre
presidencial de Unasur para apoyar a Maduro en medio de protestas callejeras en
Venezuela. En marzo del 2014, Colombia votó favorablemente en la OEA para que
la diputada opositora Maria Corina Machado interviniera ante el Consejo
Permanente. Más recientemente, el 26ENE15, el gobierno de Colombia emitió un
comunicado en el cual afirmó “esperamos que Leopoldo López recupere su libertad
lo antes possible”, en relación al preso politico venezolano. En mayo, el
gobierno Maduro emitió un decreto creando una zona militar en aguas no
delimitadas con Colombia, ocasion que dejó ya en claro que los mecanismos de
comunicación entre ambos gobiernos están fuera de servicio.
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Lo que aparentemente era una acción contra la
delincuencia fronteriza, rápidamente se convirtió en un enfrentamiento del
régimen chavista contra el gobierno Santos. El gobernador del estado Táchira,
el chavista José Vielma Mora, anunció el 21AGO15 que “la frontera va estar
cerrada hasta que Colombia nos entregue los seis ciudadanos que estaban en el
área de la emboscada”. Esa misma noche Maduro emitió un decreto de estado de
Excepción para la zona fronteriza, cuyo contenido apenas fue conocido el
24AGO15 cuando circuló en la Gaceta Oficial. Según Maduro las medidas estarán
vigentes hasta que se alcance la paz. En la reunión entre cancilleres el
26AGO15, el gobierno venezolano solicitó que Colombia actuara contra el alto
“diferencial cambiario” de las monedas y que entregara un listado de los
“paramilitares” desmovilizados. El 27AGO15, Maduro colocó sobre la mesa nuevas
condiciones: “aspiro que el gobierno de Colombia prohíba que se vendan en
territorio colombiano productos venezolanos, que prohíba que se ataque al
bolívar y hasta tanto no lo haga no abriré la frontera”. De atenerse a los
reclamos del gobierno Maduro, la frontera permanecerá cerrada por largos años
ya que difícilmente Colombia puede resolver problemas cuyo origen están
justamente en el esquema artificial de funcionamiento económico sobre el cual
el chavismo apuesta a su supervivencia política.
El viernes 28AGO15, el chavismo congregó en Caracas
a militantes y empleados públicos para apoyar a Maduro ante Colombia. El tema
fronterizo se convertía así en un móvil de movilización partidista en medio de
la campaña electoral venezolana.
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