Por Froilán Barrios
Invocar a Dios para justificar
tropelías y barbaridades desde el poder no es nuevo en la historia, a propósito
del tortuoso decreto 2830 de fraudulenta convocatoria a la constituyente
comunal, cuyas intenciones han generado en el país una explosión social y un
clima de guerra civil, al percatarse la mayoría de la población de que su único
objetivo es perpetuarse en el poder y borrar de un plumazo todo vestigio de
democracia, convirtiendo en moribunda la vigente Constitución de 1999.
Ya una vez lo hizo Francisco
Franco, quien no escatimara esfuerzo alguno para imponerse títulos, el de
Generalísimo y, entre otros, el más pomposo, el de “caudillo por la gracia de
Dios”, frase incrustada en las pesetas y en la liturgia de la dictadura más
atroz que vivieran los pueblos de España el siglo pasado, inspirada en la
interpretación abusiva de la autorización de Dios para justificar la rebelión militar
y las tropelías y asesinatos que los alegres muchachones de la Falange cometían
bajo el eslogan de “toda autoridad viene del creador de todo” y así bendecir la
muerte de millones de españoles.
Ese artilugio de recurrir a la
autoridad divina para imponer la maldad se observa en las primeras líneas del
decreto, donde se unge de la bendición de Dios Todopoderoso, de la inspiración
en Guaicaipuro y del Libertador Simón Bolívar para convocar al disparate más
grande de la historia política continental. Como señalara Allan Brewer C.,
29/05/17: “…La magnitud de la inconstitucional acción, que raya en la
esquizofrenia, pretende encubrirla el presidente informando a los venezolanos
que el decreto lo dictó no con base en atribuciones que no tiene, sino simplemente
‘con la bendición de Dios Todopoderoso’, como si esto fuese una teocracia, sin
informarles a los simples mortales cómo, cuándo y en qué forma habría recibido
ese mensaje divino de respaldo de Dios para avalar el fraude al pueblo y a la
Constitución que pretende cometer Y, más grave aún, cuando anuncia en el
decreto que con la supuesta ‘bendición de Dios’ procede a convocar una asamblea
constituyente para imponerles a los venezolanos ‘la construcción del
socialismo’ que ya el pueblo rechazó mediante referendo en 2007…”.
Para implementar la barbarie
recurre a la distorsión abusiva de la proporcionalidad del voto territorial al
privilegiar la condición municipal del diputado, desconociendo el volumen
electoral de cada estado, al saberse perdedores en una consulta universal y
proporcional, y por otro lado se impone la preeminencia de una serie de
sectores sobre el electorado nacional, a partir del control absoluto e
inauditable del listado establecido por instituciones oficiales para elegir a
diputados representantes de trabajadores (79), estudiantes (24), discapacitados
(5), campesinos y pescadores (8), pensionados (28), empresarios (5), comunas
(24) e indígenas (8); por cierto, los indígenas son los únicos reconocidos en
el artículo 186 de la CRBV a elegir una representación sectorial.
La oferta engañosa de
representación sectorial la trastoca un CNE, cuestionado por su incapacidad de
actualizar en décadas, en forma creíble, un padrón electoral nacional, que de
manera genuflexa delega en manos del Poder Ejecutivo, es decir, el poder
constituido, para que este en días conforme a placer la data de cada uno de los
sectores mencionados. En definitiva, se “legaliza” un fraude monumental para
legitimar una dictadura, con el asesinato de decenas de ciudadanos y miles de
protestas a escala nacional.
07-06-17
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