Por Xabier Coscojuela
Las bombas lacrimógenas son
arrojadas con una profusión que demuestra que de ellas no hay escasez. Este
gobierno no tuvo dinero para importar todo lo que hace falta, pero a la hora de
dar prioridades lo hizo hacia las armas y los equipos que le permiten mantener
su orden público
Reprimen con saña a todo
manifestante. No se conforman con disolver las concentraciones o marchas
opositoras, sino que persiguen a quienes en ellas participan aunque se estén
retirando y los agreden con una violencia incomprensible e innecesaria. No
sabemos si es producto de la obstinación que pueden sentir luego de 60 días de
protesta o es una orden que reciben de sus superiores.
El caso es que la violación a
los derechos humanos en Venezuela va en ascenso. Las muertes siguen creciendo y
la cantidad de heridos también. La última modalidad, masiva por cierto, es la
utilización de metras, rolineras y hasta pedazos de cabillas en cartuchos
"aliñados" por parte de guardias y policías nacionales para reprimir
a los manifestantes. Tales proyectiles son difíciles de rastrear y, por lo
tanto, la impunidad es mayor.
Las bombas lacrimógenas son
arrojadas con una profusión que demuestra que de ellas no hay escasez.
Este gobierno no tuvo dinero
para importar todo lo que hace falta, pero a la hora de dar prioridades lo hizo
hacia las armas y los equipos que le permiten mantener su orden público. Las
arrojan contra los manifestantes, pero también hacia edificios o casas provocando,
en algunos casos, incendios y daños importantes en las edificaciones de las
cuales no se hacen responsables.
Prosiguen con los juicios
militares a civiles, violando abiertamente lo establecido en la Constitución y
en diversos acuerdos sobre derechos humanos. En este aspecto, como en todos los
anteriores, el silencio del defensor del pueblo Tarek William Saab es
ensordecedor. Se precia de su trayectoria como defensor de los derechos
humanos, pero dicha trayectoria está sufriendo una mancha difícil de enmendar.
El que calla otorga, señor Saab.
Por supuesto que en esto de
utilizar la justicia militar con civiles también son responsables las máximas
autoridades de la FAN, institución que está cometiendo buena parte de las
violaciones a los derechos humanos a través de la Guardia Nacional. La
respuesta dada por el general Vladimir Padrino López a la fiscal Luisa Ortega
Díaz es un cheque en blanco a los efectivos militares para cometer todo tipo de
abusos.
La última modalidad puesta en
práctica por guardias y policías nacionales es el robo a los manifestantes. No
contentos con golpear y herir ahora también roban. Esto es un paso más en su
degradación y salvajismo.
Solo falta que también
empiecen a violar a las manifestantes. Es hora de que quienes dirigen a la
Fuerza Armada Nacional cumplan y respeten las leyes. No está de más recordarles
que las violaciones a los derechos humanos no prescriben.
03-06-17
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