Prensa UNT 06 de diciembre de 2017
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Más de
4 mil casos de violación de Derechos Humanos ha atendido la Comisión de
Política Interior de la Asamblea Nacional durante este año, una cifra récord en
comparación con el año 2016 donde se registraron 1800 casos, así mismo se ha
incrementado en un 60 por ciento las cifras de presos y represión por razones
políticas.
La
información la dio a conocer la presidenta de la Comisión de Política Interior
de la Asamblea Nacional, la diputada Delsa Solórzano quien presentó, acompañada
de los diputados que conforman la instancia parlamentaria, un balance de la
gestión del año correspondiente al 2017.
Explicó
la diputada que los casos por violación de derechos humanos van desde
allanamientos de moradas ilegales hasta los casos de prisión y persecución
política. Señaló que actualmente hay 483 presos políticos en el país. Agregó que se han atendido casos en materia
de salud, por la falta de medicamentos y por desnutrición producto de la
escasez de alimento, siendo los más afectados los niños y los ancianos.
“No
solamente el tema de la represión ha sido materia prioritaria en el seno de la
Comisión, sino que ha tenido que ampliarse para atender otro tipo de violación
de Derechos Humanos, que van desde la inexistencia absoluta de medicinas hasta
la falta de comida. Hemos atendidos casos de violación de derechos humanos como
la situación de los portadores de VIH, quienes lamentablemente no cuentan con
los medicamentos para poder mantenerse sanos. Así como los casos de niños que
no pueden ir a las escuelas porque no tiene que comer y con hambre no pueden
recibir clases”
Destacó
que en el seno de la Comisión de Política interior se ha tratado de dar
respuesta a la cantidad de problemas que enfrentan los venezolanos en materia
de violación de los Derechos Humanos, a través de las distintas sub comisiones
asignadas.
“Este
año se registró un caso nuevo de violación de Derechos Humanos por parte de las
llamadas OLP, pero aún estamos trabajando con los casos anteriores, como el caso
de la masacre de Barlovento, que no ha habido la debida indemnización a las
víctimas, el caso de la Ensenada, donde más de 300 familias se quedaron sin
vivienda por actuación ilegal de las OLP y aún siguen en la calle. Adicionalmente hemos detectado un altísimo
porcentaje, 60 por ciento de casos de represión por allanamientos ilegales,
persecución y detención por razones políticas en el marco de las
manifestaciones”.
También
la diputada Solórzano se refirió a que este año se han incrementado las agresiones
contra los parlamentarios, casos que han sido tramitados y remitidos a la Unión
Interparlamentaria Mundial, la cual en
su Comité de Derechos Humanos, donde fue designada como vice presidenta, se ha
pronunciado por estos casos ha emitido
decisión y ha ordenado el cese a la
violación de la inmunidad parlamentaria y
el reconocimiento a la Asamblea Nacional, como único ente legislativo legítimo en Venezuela.
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