InSight Crime 01 de agosto de 2018
La
acusación de las autoridades de Estados Unidos contra una red de miembros de
las élites venezolanas y actores financieros internacionales por el lavado de
más de mil millones de dólares, que sustrajeron de la estatal petrolera,
ilustra, una vez más, el alcance de la corrupción en el que ya ha sido
considerado un Estado mafioso.
Varios
funcionarios y empresarios venezolanos presuntamente malversaron más de
US$1.200 millones de la petrolera estatal del país, Petróleos de Venezuela S.A.
(PDVSA), entre 2014 y 2015, y más tarde buscaron blanquear los fondos a través
de bancos estadounidenses y europeos, según una denuncia criminal presentada el
23 de julio en un tribunal federal de Florida.
Los
funcionarios de PDVSA y los empresarios involucrados en la operación,
identificados como “boliburgueses”, habrían aprovechado el sistema cambiario de
moneda extranjera de Venezuela para incrementar el valor de fondos obtenidos de
la petrolera mediante sobornos y fraudes. Debido a las diferencias entre el
tipo de cambio real y el establecido por el gobierno, una red de individuos de
Venezuela pudo robar grandes cantidades de dinero de PDVSA.
“Esencialmente,
en dos transacciones, (una) persona pudo comprar 100 millones de dólares
americanos por un valor de 10 millones de dólares americanos”, según consta en
la demanda. Esto gracias a las diferencias y complejidades del sistema
cambiario que existía en Venezuela.
Después
de presuntamente obtener US$1.200 millones de PDVSA, los acusados blanquearon el
dinero a través de una serie de sofisticados esquemas, como la compra de bienes
raíces en Florida, bonos falsificados y fondos de inversión falsos, con el fin
de pagar sobornos a funcionarios y miembros de las élites de Venezuela.
La
mayoría de los acusados incluidos en la demanda siguen en libertad, y se
presume que algunos de ellos permanecen en Venezuela, donde es poco probable
que el gobierno coopere con la Fiscalía de Estados Unidos. Sin embargo, el
Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció en un comunicado que había
efectuado dos arrestos en relación con el caso.
Matthias
Krull, un ciudadano alemán que vivió en Venezuela y está actualmente radicado
en Panamá, fue detenido en Miami el 24 de julio. Krull trabajaba para un banco
suizo administrando las cuentas de las élites venezolanas y presuntamente
conspiró para blanquear parte del dinero malversado de PDVSA.
Gustavo
Adolfo Hernández Frieri, un colombiano con ciudadanía estadounidense que
presuntamente blanqueó parte de los fondos mediante inversiones falsas en
fondos mutuos, fue detenido en Italia el 25 de julio.
Francisco
Convit Guruceaga, empresario y miembro de las élites venezolanas; Carmelo
Urdaneta Aqui, exasesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de
Venezuela; José Vicente Amparan Croquer, “lavador profesional” venezolano;
Abraham Eduardo Ortega, exdirector de finanzas de PDVSA; el banquero portugués
Hugo Andre Ramalho Gois y el banquero uruguayo Marcelo Federico Gutiérrez
Acosta y Lara también han sido acusados como parte del caso.
En la
denuncia, las autoridades estadounidenses también se refieren a varios
conspiradores cuyos nombres no se indican, quienes forman parte de una élite
venezolana conocida como “bolichicos” o “boliburgueses”. Esta es una
denominación dada en Venezuela a una clase social que se ha enriquecido
rápidamente por sus vínculos políticos o por sus negocios con el chavismo.
Entre
los mencionados en la denuncia también se encuentra el propietario de una
cadena de televisión, que según el Miami Herald sería Raúl Gorrín, dueño de
Globovisión; y los hijastros de un importante funcionario venezolano, que según
información obtenida por el mismo diario serían el presidente Nicolás Maduro y
los hijos de su esposa Cilia Flores. Los boliburgueses se han visto implicados
en múltiples esquemas de corrupción en diferentes instituciones del Estado.
Análisis
de InSight Crime
El
multimillonario esquema de malversación de fondos de la petrolera estatal de
Venezuela y su consecuente blanqueo mediante una sofisticada serie de
inversiones falsas en el extranjero es el más reciente ejemplo de la corrupción
generalizada que ha saqueado no solo los fondos de PDVSA, sino además gran
parte de las arcas del gobierno de Venezuela en los últimos años.
“Eso
ocurre porque ese modelo económico está hecho precisamente para que el crimen
organizado tenga el control de Venezuela”, le dijo a InSight Crime el abogado
venezolano y experto en crimen organizado, Alejandro Rebolledo.
En
opinión de Rebolledo, el modelo económico llevó a que ciertas personas tuvieran
la potestad de autorizar la salida de estas divisas de las arcas de PDVSA,
usando como justificación supuestas compras y pagos a proveedores. Esto explica
el “enriquecimiento” repentino de estos boliburgueses con 600 millones de
dólares o más, precisó el experto.
Un
hecho llamativo es que las negociaciones con PDVSA que dieron origen a la gran
operación de lavado de dinero investigada por las autoridades estadunidenses
comenzaron el 23 de diciembre de 2014, y siete días después, el 30 de
diciembre, el presidente Maduro designó como vicepresidente de Finanzas de
PDVSA a Carlos Erick Malpica Flores, sobrino de la primera dama, Cilia Flores,
y para entonces también tesorero de la nación. Las transacciones de los
bolichicos con la petrolera continuaron durante 2015, mientras Malpica Flores
estaba al frente de la oficina desde donde se hicieron las transacciones.
Pero
el reciente caso de lavado de dinero no representa la primera vez que
funcionarios de PDVSA han sido acusados de participar en multimillonarios
esquemas de soborno. En el año 2015, fiscales federales de Estados Unidos
levantaron un caso contra dos empresarios estadounidenses que presuntamente les
hicieron pagos a funcionarios de PDVSA a cambio de que les ayudaran a obtener
contratos con la petrolera. Ese caso se extendió en 2017, cuando los fiscales
acusaron a varios exfuncionarios del gobierno venezolano de pedir decenas de
millones de dólares a cambio de dar prioridad a los pagos a ciertos
contratistas por parte de la petrolera en quiebra.
Por
otra parte, PDVSA tampoco es la única institución del gobierno de Venezuela que
ha sido penetrada por el crimen organizado y donde existe una corrupción
rampante.
Como
mostró InSight Crime en una investigación reciente, en prácticamente todas las
instituciones del Estado venezolano hay funcionarios investigados o señalados
por diversos delitos. Estos señalamientos incluyen a miembros de la Fuerza
Armada, la familia presidencial, y posiblemente al propio presidente Maduro,
que según el Miami Herald habría participado en esta operación de lavado de
dinero de PDVSA, aunque no está directamente mencionado en la investigación de
la Fiscalía de Estados Unidos.
Rebolledo,
que acaba de terminar de escribir su libro Así se lava el dinero en Venezuela,
le explicó a InSight Crime que “estas operaciones de lavado solo son posibles
si alguien en una posición de poder las permite. Esto es lo que propicia la
formación de una red como la identificada por las autoridades estadounidenses”.
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