Ramón Flores 14 de abril de 2019
@líderhumano
Jugaba
softbol, tenía 26 años y ayudaba a su padre a vender quesos y carnes. Debido a
que el régimen de Nicolás Maduro le había secuestrado su futuro, se iba del
suelo que lo vio nacer, tal como lo han hecho más de cuatro millones de venezolanos,
para iniciar una nueva vida en tierra extranjera. Perú era su destino.
Pero
los sueños de Gregory Blanco terminaron en un charco de sangre. El grupo
exterminio del régimen chavista, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de
la Policía Nacional Bolivariana (PNB), allanaron su humilde casa del barrio Las
Dos Rosas, ubicado en La Vega en el municipio Libertador de Caracas. Los
funcionarios tocaron la puerta diciendo que “era la luz”, haciéndose pasar por
trabajadores de Corpoelec, y cuando les abrieron, varios encapuchados y con
armas largas, ingresaron a la morada diciendo que se trataba de un
“procedimiento de rutina”.
Sin
orden judicial de por medio, revisaron la casa y se llevaron a seis de las
siete personas que estaban presentes en esa vivienda. Solo dejaron a Gregory. A
los familiares se los llevaron bajo engaño en una patrulla, “los vamos a dejar
en un puesto de control en El Paraíso”, les dijeron, cuando en realidad los
sacaron de la unidad policial cerca de la estación del metro de La Paz, porque
“tenemos otro procedimiento”.
Cuando
regresaron, su hogar estaba literalmente saqueado: además de que se robaron la
ropa, el dinero, las prendas y equipos electrodomésticos, hasta la comida que
había en la nevera se la llevaron los funcionarios de las FAES. Pero lo más
importante: Gregory no estaba. Comenzó el calvario, el recorrido de la muerte
por los hospitales, con el susto en el alma, hasta que llegaron a la morgue del
Miguel Pérez Carreño, en La Yaguara. Y allí el mal pálpito se hizo certeza.
Encontraron el cadáver de Gregory con un tiro en el pecho, justo en el corazón.
“Mi
hijo no era ningún malandro”, dijo José Gregorio Blanco un desconsolado padre,
que a más de un año de ocurrida esta tragedia, aún espera justicia.
Este
caso de Gregory, reseñado ampliamente en su momento por distintos medios de
comunicación como El Nacional, El Pitazo y El Estímulo, entre otros, es una de
esas 333.029 muertes violentas registradas entre 1999 y 2018, período de 19
años en los que el régimen chavista ha bañado de sangre a nuestra patria, tal
como lo informó el director del Observatorio Venezolano de Violencia, Roberto
Briceño León, durante la presentación del Plan País que hizo nuestro presidente
encargado Juan Guaidó, enfocado en el tema de la seguridad, en la Universidad
Católica Andrés Bello (UCAB).
Y es
que los estudios que ha hecho el Observatorio Venezolano de Violencia deberían
provocar una conmoción nacional debido a la gravedad de los hechos documentados
por las academias del país, que entre otros horrores revelan que “283 jóvenes
menores de 30 años mueren cada semana por la violencia (…) mientras que en lo
que va de este año cada día los cuerpos de seguridad han asesinado a 15
personas por día”. Esto significa que aproximadamente cada hora y media es
ultimado un venezolano a manos de los grupos exterminio del régimen de Maduro.
Ahora,
el Plan País no se quedó solo en el diagnóstico del problema, y el equipo que
lo acompañamos en esta etapa de lucha por recuperar la democracia y las
libertades de nuestra amada Venezuela, también se enfocó en las soluciones que
tanto demandan y requieren nuestros ciudadanos.
Ya
tenemos los recursos económicos para avanzar en estos planes, los cuales serán
aportados por distintos entes internacionales que han anunciado su inmediata
ayuda una vez salgamos de la desgracia socialista. No obstante, contamos con el
mejor recurso que se pueda disponer: el capital humano, ese talento venezolano
que ya diseñó las políticas que efectivamente combatirán la inseguridad; los planes
educativos fundamentales orientados a nuestros niños, jóvenes y adolescentes
para sacarlos de ese mundo de violencia en el que viven actualmente; las
reformas judiciales que permitan a todos los ciudadanos lograr justicia; los
diseños de las cárceles para que realmente sean centros de reinserción social y
no una escuela para delincuentes como lo son hoy en día; así como el objetivo
de contar con policías bien remunerados, formados y que dispongan de la
dotación necesaria –material, científica y académica-, para luchar contra el
crimen.
Pero
acabar con esta matanza pasa por un primer elemento: el cese de la usurpación
de Nicolás Maduro y su régimen asesino, porque cada minuto que él ocupa en
Miraflores se traduce en la muerte de un venezolano producto de las balas, la
falta de alimentos, así como por la falta de medicinas.
Cada
instante de esta desgracia chavista es tiempo que perdemos para restaurar el
Sistema Eléctrico Nacional así como el servicio de agua para todo el país.
Mientras esta tiranía de delincuentes permanezca, más niños y abuelas buscarán
qué comer en la basura; más venezolanos escaparán de la miseria rumbo a otros
países; y nuestra patria seguirá sumergida en la crisis económica y el atraso
tecnológico.
Maduro
y su combo representan lo peor que ha ocurrido en la historia de Venezuela. La
Operación Libertad está en marcha, es hora de que sumes tu esfuerzo en esta
gesta heroica que es por nuestros hijos, hermanos, padres, nietos y abuelos.
Este camino no es fácil, nos consta porque los diputados de la Asamblea
Nacional ya lo hemos emprendido bajo el liderazgo de nuestro hermano Juan
Guaidó, pero contamos con un aliado invencible que es Dios, que nos guía en
esta campaña por sacar a nuestra patria de las tinieblas.
Ramón
Flores
Diputado
a la Asamblea Nacional
Presidente
del Parlamento Amazónico
@líderhumano
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