Ismael Pérez Vigil 06 de abril de 2019
Durante
las dos últimas semanas, afortunadamente, se ha dado una intensa discusión con
relación al tema de la intervención militar, externa o foránea, en Venezuela.
Pero en algunos casos, hay todavía una discusión un tanto confusa entre lo que
plantea el artículo 187 numeral 11 de la Constitución Nacional y lo que llaman
la responsabilidad de proteger o R2P.
Lo que
plantea el artículo 187.11 es que la Asamblea Nacional (AN) puede autorizar una
misión militar de Venezuela en el extranjero y, sobre todo, en el caso que nos
ocupa, autorizar una misión militar extranjera en Venezuela.
Cuando
se comenzó hablar de este tema, el mismo estaba conectado con la ayuda
humanitaria que entraría al país a partir del 23 de febrero y que —como toda
ayuda humanitaria— debería venir acompañada de algún tipo de fuerza militar
para asegurar que la ayuda efectivamente entrara, que no fuera asaltada, que no
fuera robada, es decir, que no ocurriera lo que en realidad ocurrió, que la
ayuda humanitaria no puedo entrar y que algunos de los camiones que lograron
hacerlo fueron incendiados y saqueados.
A
partir de allí, de una misión militar conectada con la entrada de la ayuda
humanitaria creció la idea de que esa misión militar, autorizada por la AN, se
convertiría en una fuerza extranjera de liberación del país y que pondría orden
en la crisis que nos acogota. A esa idea de la misión militar convertida en fuerza
liberadora —que hasta la dictadura ha “comprado”, pero ha utilizado como excusa
para reprimir y aumentar su control hegemónico— se unió la idea que señalé de
la responsabilidad de proteger. Este último concepto o idea se refiere a un
compromiso político global, apoyado por todos los Estados miembros de las
Naciones Unidas (ONU) en la Cumbre Mundial de 2005, con la finalidad de evitar
cuatro preocupaciones clave: prevenir el genocidio, crímenes de guerra,
limpiezas étnicas y crímenes de lesa humanidad. Dicho principio estaría por
encima de otro concepto, también de Naciones Unidas como es el de soberanía.
De la
fusión que han hecho algunos de esas dos ideas —la posibilidad de autorizar
misiones militares en Venezuela y el concepto de la ONU de responsabilidad de
proteger—- es que surge esa idea de que la AN y el presidente Juan Guaidó
deberían aprobar o invocar ese artículo de la Constitución para que una misión
militar entre en Venezuela y solvente o resuelva la crisis que venimos
padeciendo, gestada desde hace 20 años.
No
tengo ninguna duda con respecto a qué si una fuerza militar entrara en
Venezuela resolvería el problema que nos agobia. Tampoco tengo duda respecto a
que seguramente ocasionaría otros problemas, pero eso no es el punto en
discusión; el punto en discusión y que a mucha gente se le olvida, no es si la
AN y el presidente Juan Guaidó deben o tienen la capacidad de convocar a una
fuerza militar y si ésta podría o no resolver los problemas del país o si la
idea o el concepto de responsabilidad de proteger y de evitar cosas como
crímenes de lesa humanidad y genocidio que estarían ocurriendo en el país —de
lo que tampoco tengo dudas— está por encima del principio de soberanía. Creo
que el problema, en este momento, es mucho más simple: ¿Cuál es esa fuerza
militar dispuesta a entrar a Venezuela a resolver lo que haya que resolver, una
vez que haya sido convocada por el presidente Juan Guaidó y la AN?
La
comunidad internacional con la que contamos, los países que nos apoyan, han
dicho claramente que no son partidarios de una intervención militar para
solucionar la crisis en Venezuela, al menos en lo inmediato (Y subrayo esto, en
lo inmediato, lo que no significa que se cierre definitivamente esa
posibilidad).
Así lo
han dicho la Unión Europea, los países representados en el llamado grupo de
Lima y los Estados Unidos. La declaración de Elliott Abrams, esta semana, no
deja de momento lugar a ninguna duda con respecto a los EEUU; hasta hace
alusión directa a la inconveniencia de invocar, ahora, el artículo 187.11 de la
Constitución. Dicho en pocas palabras: de ninguno de esos países saldría esa
fuerza militar que intervendría en el país si es convocada por el presidente
Juan Guaidó y la AN. Eso nos regresa al punto cero. De nada sirve la discusión
teórica-filosófica-jurídica del 187.11 y del papel que juega el principio de
responsabilidad de proteger, porque la cosa es mucho más elemental; es
simplemente que nadie está dispuesto, hoy, a llevar a cabo una intervención
militar en Venezuela. Al parecer la cosa no era tan simple como levantar la
mano, pedir ayuda militar por WhatsApp o Twitter y que de inmediato acudirían
al país tropas a granel para ejecutar ese pedido. En resumen, preguntas que no
son retóricas, sino totalmente serias y dirigidas a quienes defienden contra
todo razonamiento la intervención militar: ¿Quién va a llevar a cabo esta
intervención militar?; más aún ¿Qué sentido tiene seguir elucubrando
políticamente con la posibilidad de una intervención militar externa que no va
a ocurrir en términos inmediatos?
Buena
parte de la confusión en este problema se debe a esa famosa frase: “todas las
opciones están sobre la mesa” que han repetido los voceros de varios países que
nos apoyan y muchos dirigentes políticos en Venezuela. Que todas las opciones
están sobre la mesa significa que la militar también es una opción y también
está sobre la mesa, pero eso no quiere decir que sea la primera opción o la
principal en la que estaban pensando los países que nos apoyan. Mas grave aún,
creo que no estamos plenamente conscientes que estamos cayendo en la estrategia
del régimen, que le hacemos el juego a la dictadura, que sí ha entendido que
esa opción no estaba planteada y nos quiere hacer ver, con su manipulación de las
redes sociales y de la información, que esa es la única salida posible, para
que abandonemos cualquier otra opción de lucha contra la dictadura o que
cometamos el error de solicitar una intervención militar internacional, que no
se llevará a cabo, y la oposición tendría un fracaso que arrastraría consigo
todos los esfuerzos recientes de Juan Guaidó y la AN, con lo cual se libra la
dictadura de otro formidable enemigo y de otra victoria, estratégica,
opositora.
No hay
duda que el cansancio, la frustración y la desesperación tras 20 años de
oprobioso régimen se acrecientan ahora, que estamos viviendo —literalmente— las
horas y los días más oscuros, en el medio de una caótica y surrealista vida.
Pero a pesar de eso, no podemos sucumbir, desistir, rendirnos, que es una
tentación, o entregarnos a pedir soluciones mágicas que “resolverían” todo de
un día para otro, aunque ya hemos padecido bastante y contemos por miles las
víctimas inocentes de la dictadura. Debemos, sí, mantenernos en pie de lucha,
persistir cada día con unidad y fuerza porque el régimen, sin duda, no lo está
pasando mejor que nosotros, pero sigue manteniendo el poder por la fuerza de
las armas, que es ya lo único que lo sostiene y no es algo despreciable, pues
lo vuelve muy peligroso.
Conscientes
que ellos tienen mucho que perder y nosotros mucho por ganar, debemos ser
proactivos y sobre todo asertivos y nuestros dirigentes y líderes políticos
deben estar más conscientes que nunca que los errores y precipitaciones en
estos momentos, los pasos en falso –como un 187.11 que caiga en el vacío– se
pagarán muy caro. El proceso de agitación popular debe intensificarse, para que
se produzca lo que sí puede acabar con esta dictadura, que es el quiebre del
bloque hegemónico que los mantiene en el poder. Y eso es lo que hay que lograr
con un efecto de tenaza o de pinza: movilización popular interna –entre otras
cosas– y apoyo internacional con sanciones que afecten a la dictadura, de
manera directa y personal, a sus militares y enchufados corruptos y a los familiares
de estos. Por supuesto las “otras cosas” en materia interna, no son motivo de
discusión pública.
Ismael
Pérez Vigil
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