Ismael Pérez Vigil 12 de mayo de 2019
La
semana pasada, el mismo 30 de abril (30A), fuimos informados por declaraciones
de John Bolton (Consejero de Seguridad Nacional de los EEUU) y por detalles más
específicos de Elliot Abrams (Enviado de EEUU para Venezuela), sobre una
negociación que se venía desarrollando con altos personajes del régimen y con
el conocimiento y participación del gobierno de los EEUU. Elliot Abrams, negó
tal participación de los EEUU, pero su conocimiento de ciertos detalles, lo
delata y permite suponer que si hay tal participación.(Ver: https://aperturaven.blogspot.com/2019/05/negociacion-en-la-practica-30-de-abril.html)
En los
días posteriores al 30A, se vieron diversas reacciones a la noticia detallada
por Abrams, en particular las de algunos sectores que apuestan al fracaso de la
“Ruta Guaidó”, niegan cualquier posibilidad de negociación con el régimen y
están atentos a cualquier detalle que se pueda filtrar, en ese sentido, para
“demonizarlo”.
Pero
lo más importante es que Elliot Abrams hizo referencia a un documento en el
cual estarían contenidos los puntos –15– de esa negociación y sobre la cual
habría habido acuerdo, pero que fue “abortado”. Lo que insinuó Abrams del
documento de 15 puntos, que si no es apócrifo o inexistente, estoy casi seguro
que nunca lo vamos a ver, es que –según él– se basa en la constitución
bolivariana –aparentemente en el Consejo de Estado contemplado en el artículo
251– a la hora de integrar un “gobierno de transición”. (Aunque algunos han
hablado del Consejo de Defensa de la Nación, al citar el artículo 323 de la
constitución). En el misterioso documento, se habría acordado dar una “salida
digna” al presidente usurpador y garantías para los altos mandos militares, que
además, junto con el TSJ, “quedarían en sus posiciones”, en un gobierno frente
al cual estaría Juan Guaidó. De manera pues, que el “chavismo” integraría ese
“gobierno de transición”, de pleno derecho, pues según Abrams forman una parte
importante del país, que hasta 55 representantes tienen en la Asamblea Nacional
electa en el 2015. Ese “acuerdo”, por supuesto, tendría la venia de los EEUU.
No era
para menos que esas declaraciones encendieran las alarmas, pues, sí no está muy
claro –en la “Ruta Guaidó”– como es el “fin de la usurpación”, lo del “gobierno
de transición” en ninguna parte está definido; mejor dicho, lo poco que está
definido, no está bien divulgado ni explicado. Elliot Abrams cita la
constitución al hablar de la conformación del “gobierno de transición”, pero
ignora algo que nosotros no podemos olvidar –pues tiene también carácter
constitucional–, y es el “Estatuto que rige la Transición a la Democracia para
Restablecer la vigencia de la Constitución”, que fue aprobado por la Asamblea Nacional
el 5 de enero de 2019. Es en ese Estatuto donde precisamente se define la
famosa “Ruta Guaidó”, con respecto al “gobierno de transición”, si bien no dice
como se integra dicho “gobierno”, si dice claramente como NO se integra: la
condición de “gobierno usurpador” abarca a Nicolas Maduro y a cualesquiera
funcionarios o personeros de su régimen (artículos 7, 8 y 9 del Estatuto), lo
que significa que el “cese de la usurpación” consiste en la liberación de todo
el régimen dictatorial, el que ejerce Nicolás Maduro y demás personeros de su
régimen, que en consecuencia no podrían integrar el “gobierno de transición”,
al menos los que están en cargos ejecutivos de gobierno, en mi interpretación
del Estatuto.
De
manera que tenemos el “Estatuto” como principio legal orientador acerca de lo
que se puede o no hacer a la hora de integrar un “gobierno de transición”; pero
tenemos también el sentido común y la realidad política que se nos impone. La
composición de la “transición”, así como el “gobierno” que la rija, no dependen
del “deseo” o los “buenos deseos” de nadie en particular o de “los principios y
valores” de una parte de la población del país, por más “ruidosas” que sean sus
intervenciones en redes sociales. La composición de ese “gobierno” que rija la
transición y la transición misma, dependerán de dos factores: de nuestra fuerza
para lograr hacer valer nuestras condiciones –y naturalmente de la fuerza que
el llamado chavismo pueda tener en contrario–, y de la “gobernabilidad” que se
pueda desarrollar. A menos fuerza de nuestra parte, más condiciones impondrá el
régimen y sus acólitos y si se les “ocurriera” irse dejándonos el país en las
condiciones en que está, menos gobernabilidad habrá en el país, con lo que se
aseguran un próximo y largo retorno, al estilo Nicaragua; es así de simple.
En
esta materia no podemos caer en extremos ni en excesos. El gobierno usurpador
solo cesará por la presión que logremos ejercer para que eso suceda, que será
una combinación de presión interna y presión internacional; pero pensar que el
llamado chavismo va a desaparecer con el gobierno usurpador –que ese si va a
desaparecer– es una quimera; y tan extremo es pensar que se puede constituir un
“gobierno de transición” con personajes que están claramente involucrados y son
cómplices de los desmanes y delitos cometidos durante este régimen que ya lleva
20 años, como lo es pensar que tras hacer una especie de prueba de ADN político
o de sangre, a todo aquel que se le descubra –que tiene o tuvo– una traza en su
ADN o una gota de sangre chavista en sus venas, debe ser excluido.
Pero
lo sustantivo, regresando a lo ocurrido el 30A, es que por la forma en que se
maneja la información política en Venezuela –desde los años 90 del pasado
siglo–, por la forma en que se discuten y analizan las ideas políticas y por la
credibilidad que en el país se concede a los líderes políticos, probablemente
nunca vamos a saber que ocurrió realmente el 30A. Cuando alguno de los
protagonistas o involucrados directos diga lo que realmente ocurrió, su versión
será interpretada como eso, una versión más, de la cual se pensará que está
teñida y sesgada por la interpretación particular del interesado y por sus
intereses personales y políticos.
Además,
porque ya ha pasado a un segundo plano eso de que a lo mejor estuvimos en los
prolegómenos de la caída del régimen, o tratar de descubrir cuales errores se
cometieron que impidieron que se consumaran unas acciones militares que
condujeran a que el dictador se diera a la fuga; ahora ya tienen más
preeminencia algunos de los antecedentes, como el que hemos señalado más
arriba, de que se estaba negociando la probable composición del llamado
“gobierno de transición”, del que tanto se ha hablado desde que Juan Guaidó fue
electo Presidente de la Asamblea Nacional y después Presidente Encargado de
Venezuela
Para
cerrar el tema del 30A, hay cientos –literalmente hablando– de
interpretaciones, versiones, hipótesis y sobre todo conjeturas ante los hechos
y los vacíos y huecos; cada quien los ha ido llenando con su propia interpretación,
la que mejor se acomoda a su ideología, tendencia política y esquemas
particulares de análisis y evaluación de la realidad. Al final, ninguna de las
versiones llena los huecos y vacíos, ni resuelve completamente nuestras dudas y
hasta nos deja el anhelo de que nos estén ocultando algo. Pero debemos unificar
los criterios, porque así es muy difícil construir una estrategia exitosa, que
se debe basar, entre otras cosas, en uno de los hechos objetivos que nos dejó
el 30A, que la aparente unidad monolítica de la FFAA es un mito.
Ese
hecho mitiga otro lamentable, que de algunas cosas, como por ejemplo los
supuestos detalles del proceso de negociación –que algunos, muchos, apoyamos y
suponemos existe, pues no se sale de esta crisis sin una ardua negociación– nos
hayamos enterado por representantes del gobierno norteamericano y no por
nuestros propios dirigentes.
Ismael
Pérez Vigil
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