Marta de la Vega 10 de junio de 2019
@martadelavegav
Si
no fuera tan compleja la situación geopolítica en la que se halla Venezuela,
tironeada entre los intereses de los gobiernos de Rusia, Turquía, Irán y China,
dominados el gobierno y las instituciones claves del país por el régimen cubano
y sus más de 23.000 “misionarios”, apoyados Nicolás Maduro y su camarilla
militar civil por otros regímenes execrables, como Siria y Corea del Norte, el
dictador de Nicaragua o el demagogo de Bolivia, no entenderíamos cómo es
posible que un gobierno antes ilegítimo y hoy, además, usurpador, se mantenga
impasible, aparentemente muy bien atornillado. Como si todo estuviera “normal”.
A
pesar del rechazo casi unánime del país contra el gobierno de Maduro no ha sido
evidente un quiebre entre este y las fuerzas armadas. Al contrario,
persecuciones y represión brutal han empeorado. El colapso de los servicios
públicos ha alcanzado niveles críticos con la escasez de gasolina; la falta de
alimentos se agudiza. Estos no pueden ser transportados desde las zonas de
producción por falta de combustible. Por no poder movilizarlos se están
perdiendo muchas toneladas de productos agrícolas y pecuarios provenientes de
Mérida, Táchira y Zulia. Los efectos han sido devastadores.
Se
paraliza la educación escolar y también las actividades en algunas
universidades por falta de transporte. No hay efectivo en las entidades
bancarias porque las empresas de valores no pueden distribuirlo. En condiciones
cada vez más duras, sectores productivos y de servicios y algunas empresas
mantienen su actividad laboral, muy disminuida por la contracción económica, la
hiperinflación, el desastre social y las medidas gubernamentales, siempre
erráticas e improvisadas.
El
apoyo internacional de una mayoría de gobiernos democráticos, más de 50, entre
los cuales Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y los latinoamericanos del
Grupo de Lima se consolida. Reconocen al legítimo presidente encargado, Juan
Guaidó, por mandato imperativo del artículo 233 de la Constitución de
Venezuela. Las presiones aumentan contra los altos funcionarios del régimen
venezolano y empresas del Estado.
El
Secretario General de la OEA ha precisado la importante diferencia entre
negociar 2 partes o mediar para que cese la usurpación. Una cosa es hacer
concesiones, con tal de encontrar una salida pacífica y electoral, lo cual
oxigena el régimen criminal y sanguinario que busca aferrarse al poder a
cualquier costo y otra cosa es negociar, sí, pero para que cese la usurpación.
No se trata de convenir parcelas de poder entre Maduro y las fuerzas
democráticas. Se trata de redemocratizar el país y restaurar las instituciones.
Superar el legado de Chávez. No solo es preciso un cambio de gobierno sino de
régimen. No es mediar para que se prolongue la agonía del pueblo venezolano y
quienes sufren en carne propia los horrores de la sobrevivencia cotidiana en el
país. No olvidemos que enfrentamos una banda mafiosa y despiadada que ha
usurpado el poder y destruido la convivencia. Con una crisis humanitaria
compleja que, según informe de UNICEF, ha provocado que más de 3 millones
doscientos mil niños carezcan de nutrición, salud y educación.
El
gobierno de Maduro ha mentido e incumplido cuando ha pedido dialogar. Chávez
hizo antes lo mismo. El diálogo en Noruega no tiene sentido si se pretende
complacer al usurpador y sus secuaces. Una transición negociada implica facilitar
garantías para que los tiranos desalojen el poder. Para que los chavistas no
criminales puedan competir en política. No, en cambio, se puede abrir la
competencia electoral a un sujeto condenado por corrupción y acusado de
crímenes de lesa humanidad como primero en la cadena de mando. Habría que
evitar la escalada de violencia. Se facilitaría una justicia transicional sin
impunidad. Habría gobernabilidad y estabilidad para el nuevo gobierno de
transición y paz, sin el régimen, cuya fuerza se afianza solo al confrontar; no
ha podido ser propositivo ni proactivo sino siempre reactivo. Consciente del
abismo propiciado por su voluntad de dominación, no cesa de agravar las
calamidades producidas por su gestión.
El
gobierno de transición va a contar con un plan de emergencia para la
reconstrucción en las áreas claves de la economía, que incluye no solo aspectos
financieros y productivos sino sociales para compensar las calamidades
derivadas de un gobierno cínico, incompetente y cruel, que sigue saqueando las
riquezas nacionales. Se requiere además una reforma para reinstitucionalizar
las fuerzas armadas, para que retornen a la legalidad con el respeto del
artículo 328 de la Constitución vigente y retomen sus funciones y misión
específicas.
Urge
rehacer la democracia destruida, afirmar la vida, educar para estimular la
decencia, la honestidad como actitudes cotidianas, la integridad y honradez en
el ejercicio de funciones públicas, el sentido de responsabilidad, los méritos.
Hacen falta compromiso, aspiración al logro y apego al trabajo para cosechar
resultados tangibles en calidad de vida. Ni facilismo ni inmediatismo. Hay que
deslastrar el país y las mentalidades mayoritarias de la rémora del populismo
dirigista de un Estado paternalista, clientelar, corrompido y centralizado.
Marta
De La Vega
@martadelavegav
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