Fernando Camino Peñalver 29 de octubre de 2019
@fernandocaminop
Nuestro
país está entre los primeros cinco países del mundo donde la inversión es un
riesgo. Además del sistema político actual y la corrupción, uno de los factores
que impiden la inversión y el normal desarrollo de la producción, es la
inseguridad jurídica. En el sector de la producción de alimentos, la
inseguridad jurídica se pone de manifiesto mediante el irrespeto a la propiedad
privada, los controles y regulaciones a la libre iniciativa privada y el abuso
de poder por parte de autoridades civiles y militares, en un mal ejercicio de
funciones de Estado.
Sin
inversión no hay ni habrá producción. Es debido, entre otras cosas, a que
sufrimos la inflación más elevada del mundo, sobre todo en el renglón de
alimentos. La inflación ha generado un fenómeno que es una oferta de alimentos
(casi un 90% importados) con estructuras de costos dolarizados, que solo puede
comprar aproximadamente un 10% de nuestra población. La imposibilidad de poder
comprar los alimentos, ha generado un aparente abastecimiento, que no es más
que la pérdida de poder de compra del ingreso mínimo familiar, el cual ha
traído como consecuencia la caída en promedio, de más de un 50% del consumo de
nuestra población.
Lamentablemente
el problema de la inseguridad jurídica en nuestro país, si no reaccionamos a
tiempo, se agravará, porque un régimen que hasta ahora cubría la apariencia de
respetar el marco legal, ha entrado de lleno en el plano de un gobierno
deslegitimado, a causa de la creación de un supra poder ilegitimo, que pretende
imponerse por encima de instituciones y de las leyes, incluyendo nuestra Carta
Magna.
Mientras
más del 90% de nuestra población lucha y espera el cambio, no estamos cruzados
de brazos. Hemos fraguado junto a todos los sectores de nuestra nación, una
propuesta consensuada materializada en el Plan País. En materia de producción
de alimentos, la Asamblea Nacional, los gremios de la producción y de los
profesionales, así como los sectores académicos, de forma descentralizada,
hemos diseñado el Plan País Agroalimentario. Pero más efectivo será su
aplicación, si contamos ya con la estructura legal y las políticas públicas
necesarias y fundamentales para poner en práctica este excelente trabajo de
planificación técnica concertada.
Desde
la Subcomisión Permanente de Desarrollo Agroalimentario, junto con los sectores
del Plan País, estamos trabajando para restablecer el marco legal que
fundamente el plan agroalimentario para la plena producción de alimentos en
nuestra nación.
El
marco legal de la transición será la Ley Ómnibus, que debe su nombre a la ley
que se promulgó en España en 2009 para superar la crisis política, social y
económica que desató las llamadas protestas de los indignados. Esta ley
derogará los artículos, convertidos en “camisa de fuerza” para someter la libertad
económica y la libre iniciativa privada y permitir el arranque productivo del
gobierno de transición.
La
Ley de semilla ya aprobada en plenaria de la asamblea, va a modernizar la
producción primaria y nos introducirá en la más alta tecnología y nos permitirá
el uso de lo más avanzado en el desarrollo de semillas y cultivares del mundo
civilizado.
La
nueva ley de tierras, convertida en una ley de desarrollo de las tierras
públicas. Esta ley consagra la venta de las tierras públicas a productores y campesinos;
a los agrotécnicos y a los emprendedores sin más limitaciones que la
establecida en el Artículo 115 de nuestra carta magna. Mediante esta ley se
dará un impulso a la agricultura familiar y a las mujeres productoras,
introduciéndonos de esta manera en la corriente mundial de apoyo a estos
sectores y abriendo las puertas al financiamiento internacional.
La
ley que crea el banco de segundo nivel, institución que permitirá el
financiamiento a través de la banca, con plazos que permitan la construcción de
la infraestructura básica; la adquisición de semovientes, maquinarias,
embarcaciones y sistemas de riego. Esta institución es fundamental para la
intermediación del financiamiento internacional.
La
ley para el desarrollo de la pesca y de la acuicultura, esta ley derogará la
ley vigente que es una ley anacrónica y que solo ha servido para acabar con el
sector pesquero y el desarrollo de la acuicultura.
Con
la aprobación de estas leyes y de otras más que están en diseño, vamos a
declararle la guerra al hambre, derrotaremos este flagelo y vamos a enrumbar a
nuestra población por la ruta del desarrollo humano.
Fernando
Camino Peñalver
@fernandocaminop
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