José Luis Carrillo 22 de octubre de 2019
@CarrilloJoseL7
Organizaciones
políticas como AD, Voluntad Popular, Primero Justicia y UNT se activarán en las
comunidades para explicar a la población que el censo inmobiliario que busca
realizar el gobierno de Nicolás Maduro contraviene principios constitucionales
y que solo debe ser realizado por el Instituto Nacional de Estadística cuando
corresponde en 2021
El pasado 6 de septiembre, el ministro de
Planificación, Ricardo Menéndez, dio a conocer que el gobierno de Nicolás
Maduro ordenó adelantar para este año la realización del censo nacional, que
corresponde hacer en 2021, con una primera fase de levantamiento de información
inmobiliaria, que será seguida en 2020 con el empadronamiento familiar.
En esa oportunidad, el titular de la Planificación
indicó que el censo generará una “cédula inmobiliaria”, que contendrá datos
estadísticos y geográficos y "permitirá agilizar la tramitación y pago de
servicios”.
Además de la novedad de ese levantamiento de
información inmobiliaria, en tiempos donde muchos venezolanos se han trasladado
a otros países en busca de mejores oportunidades y dejado a familiares o
incluso amigos al cuidado de sus inmuebles, el anuncio hecho por Menéndez
generó alarma: entre los empadronadores del censo estarán miembros de
la Milicia Bolivariana, representantes de lo que el chavismo llama el “poder
popular” y también habrá gente que forma parte del movimiento Somos
Venezuela, aunque a quien corresponde ejercer esas labores es a funcionarios
del Instituto Nacional de Estadística (INE) y jóvenes voluntarios.
Partidista
Tales factores cargaron de un componente político
extra al censo y generó reacciones en ONG y diversos sectores de la comunidad.
La asociación MiCondominio.com, particularmente, refirió que el censo nacional
representa “la mayor movilización civil que hay” y por ello cuestionó la
participación de la Milicia Bolivariana, y además señaló que el Movimiento
Somos Venezuela es una agrupación alineada con Nicolás Maduro y ha participado
en eventos electorales en apoyo al mandatario.
“Esto es un hecho sin precedentes, tienen que dar una
explicación. Un censo nacional debe ser llevado adelante por un órgano
facultado por la legislación para que garantice objetividad y que los datos
recabados no sean utilizados con fines partidistas, electorales y
gubernamentales”, expresó entonces Elías Santana.
Este tema fue objeto de debate en la Asamblea
Nacional, que en su sesión correspondiente al martes 1º de octubre aprobó
un acuerdo de rechazo al censo inmobiliario, en el que se establece
exigir el cese inmediato del proceso, respeto al derecho fundamental a la
propiedad privada y designar una comisión especial que investigue a
los funcionarios que violen el derecho a la propiedad.
Durante el debate, el diputado Elio Serrano
(PSUV), insistió en que el censo constituye una herramienta que se
utiliza para la planificación de políticas públicas. “Una vez más se convierte
una iniciativa del gobierno revolucionario en un fantasma”, expresó Serrano,
quien añadió que se va a abrir una cédula para que cada propietario de un
inmueble pueda tener acceso a créditos habitacionales.
Organización
Desde entonces, los partidos políticos de oposición
han venido abordando el tema y preparándose para estar al frente del rechazo
popular al procedimiento del censo inmobiliario. Algunos dirigentes han hecho
llamados directos para que las personas no abran la puerta de sus casas a
milicianos y líderes de partidos que quieran obtener la información de las
viviendas, pero el gobierno ha indicado que a través de la mencionada cédula
inmobiliaria se podrá acceder a créditos para mejoras de viviendas, por lo que
muchas personas podrían sentirse coaccionadas a permitir el empadronamiento.
“Es un mecanismo inducido al control social de la
población. Sabemos que existen dos artículos de carácter constitucional que
prohíben de manera categórica este tipo de actividades, y atañen al derecho a
la propiedad privada y el derecho a la vivienda. Nosotros desde las
organizaciones políticas tenemos que ir a los sectores populares, los gremios,
sindicatos. Sin duda que no hay una intencionalidad propositiva sino a crear un
mecanismo de generar perturbación y angustia en la población y esto hay que
condenarlo desde todo punto de vista”, manifestó a TalCual, el
vicepresidente del partido Acción Democrática (AD), Édgar Zambrano.
A juicio de Zambrano, este tipo de cosas se
convierten en una especie de reto hacia los sectores populares, ya que,
aseguró, quienes sufren las consecuencias de acciones de esta naturaleza, que
afectan la propiedad son la clase media y los sectores populares.
Asedio
Lawrence Castro, diputado de Voluntad Popular (VP),
hizo mayor énfasis en que la operación consiste en un paso más en el asedio a
la propiedad privada.
“El chavismo busca avanzar hacia un modelo comunista
retrasado, retrógrado que busca asediar a la población y no cumplir con los
cánones de convivencia establecidos en la Constitución. Es una evidencia de la
promoción de la delincuencia, una prueba más de que Maduro y Diosdado Cabello
promueven la delincuencia, el robo, el pranato. No hay ningún tipo de garantía
para la población de que los datos se mantendrán confidenciales o que servirán
realmente para acceder a créditos o beneficios”, señaló Castro.
Añadió que es necesario decirle a la población
que tiene que organizarse para defender la propiedad privada, “tanto la suya
como la del vecino, amigo o familiar. No podemos dejar que nos roben
nuestros apartamentos, nuestras casas, la herencia de nuestros hijos, nietos.
También hay que señalar que toda persona que se preste para eso está cometiendo
un delito y además está profundizando al país en la pobreza, la marginalidad.
Quien robe alguna casa actualmente, debe saber que pronto eso será calificado
como delito y se hará justicia”.
Desconfianza
El partido Primero Justicia (PJ) creó un correo
electrónico, primeromicasa2019@gmail.com para
que los ciudadanos consignen denuncias o inquietudes y puedan recibir
asesoramiento legal gratuito referente al tema del censo o la defensa de la
propiedad privada.
El dirigente de PJ, Gabriel Santana, lideró una
movilización del partido hasta la sede del Instituto Nacional de Estadística
(INE), donde entregaron una carta al presidente del organismo, Raúl Pacheco,
conjuntamente con el acuerdo de la AN aprobado el día martes en rechazo al
censo, en la que señalan su inconstitucionalidad y exigen el cese del mismo.
"En Primero Justicia hacemos un llamado a no
cooperar con el censo, a no dar información que es privada a personas que no
son de confianza", apuntó Santana.
Precisó que si fuera un censo realizado por el INE,
donde todos los empadronadores fueran personas formadas y preparadas por ese
organismo en un proceso de selección transparente, que en todos los países dura
años hacerlo, no hubiera problema, pero
en este caso sí lo hay porque los que van a realizar el censo inmobiliario son
los milicianos "que son ciudadanos armados paralelos a la FAN, y
militantes del movimiento Somos Venezuela que es un partido político y líderes
del poder popular, que son militantes del PSUV y son los que manejan los CLAP,
ninguno de los cuales genera confianza a los venezolanos".
Mala intención
“Es inoportuno, mal organizado, mal intencionado y por
lo tanto no va a funcionar”, fue la afirmación que hizo el diputado a la
Asamblea Nacional por el partido Un Nuevo Tiempo (UNT) Enrique Márquez, quien
aseguró que los dirigentes partidistas van a organizarse para advertirle a la
gente “que no tiene necesidad de atender a ese censo, el cual debe ser
pospuesto para un mejor momento”.
Además, adelantó que se iniciarían acciones en otras
áreas, incluida la legal, para hacer frente al procedimiento. “Vamos a hacer lo
que podamos para tratar de persuadir al gobierno para que no siga por ese
camino”, puntualizó.
Para Lawrence Castro, la intención del Ejecutivo al
adelantar el censo que corresponde al año 2021 lo que busca es propiciar una
confrontación en la población.
“El gobierno está promoviendo un enfrentamiento entre
la gente que no se va a dejar robar su propiedad privada ni la de su familia.
Es una situación embarazosa porque más allá de una campaña, porque sabemos de
la conciencia del pueblo de Venezuela pero también sabemos el nivel delictivo
del PSUV, entonces lo que nos queda a nosotros es defendernos como población”,
alertó el dirigente.
Fracaso
“Yo me imagino a la gente que van a censar en
Maracaibo, donde están sin luz ni el resto de los servicios públicos. Me imagino que no les van a abrir la puerta, y
eso también va a pasar en todo el país”, advirtió Enrique Márquez.
Édgar Zambrano coincidió con Márquez en prever que la
población esta vez participará en el empadronamiento. “Este es un país que está
reclamando paz social, que está en el límite de la crisis política, que no
tiene oportunidad para un segundo tiempo, un gobierno que no da pie con bola
utiliza este mecanismo como punto de inflexión para tratar de mantener una
cohesión entre sus copartidiarios que hace tiempo no tienen. No van a lograr
corregir el fracaso de sus políticas públicas”, vaticinó.
Ismael León, diputado de Voluntad Popular, indicó el
jueves 3 de octubre que en algunas zonas donde ya se está adelantando el censo
inmobiliario, como en la urbanización Nuevo Prado, efectivos de la Milicia
Nacional preguntaron a las familias si sus integrantes pertenecían a alguna
misión social del Ejecutivo, cuentan con vivienda propia y si tienen algún
familiar fuera de Venezuela; mientras que personas del movimiento Somos
Venezuela preguntaron si las personas estaban de acuerdo en que Nicolás Maduro
repitiera como presidente.
Anunció que a las asambleas que realizarán con los
vecinos en las comunidades llevarán lemas como "Nicolás, en tu censo con
mi casa no cuentas" y el mensaje "no le abras la puerta a la
dictadura".
Gabriel Santana refirió que el partido ha impartido
una línea que es no abrir la puerta de la casa y no dar información que
es privada.
"El censo es otra herramienta de amedrentamiento
político. Lo decía el ministro Ricardo Menéndez, que si no participas te sacan
del sistema, eso significa que no recibes la caja CLAP, bonos o becas. Vemos
como cada día los CLAP van llegando a los sectores populares y clase media
porque vivimos una situación muy dura", apuntó el dirigente.
Variación
El último empadronamiento realizado en Venezuela (XIV
Censo Nacional de Población y Vivienda, 2011) mostró que el país contaba con
una población de 27 millones de habitantes, una tasa anual de crecimiento de
1,6% con respecto a 2001 y que del total de los venezolanos, 50,3% son mujeres
y 49,9% son hombres.
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