Por Gisela Ortega
La pobreza tiene nombre de
mujer. Agencias internacionales y expertos de todo el mundo denuncian que nacer
mujer lleva consigo más probabilidad de ser marginada.
En materia de economía, a
finales del Siglo XX, los Estados de América Latina y el Caribe, comenzaron a
reorientar su estrategia de desarrollo, lo que implico el establecimiento de
una estricta disciplina fiscal y el control antiinflacionario, en un marco de
reformas comerciales que redujeron los niveles de protección efectiva. Todo
ella ha conducido en los últimos años, a una moderada recuperación monetaria y
una relativa estabilidad financiera.
Si bien el capital en
Latinoamérica funciona sobre nuevas bases, los países no crecen a ritmos que
permitan disminuir el desempleo y subempleo. El elemento de incertidumbre
siempre presente en la región se agudiza por factores extraeconómicos, y el
cambiante panorama internacional genera señales contradictorias.
Es así como subsisten graves
problemas y dificultades que se expresan muy notoriamente en la persistencia de
elevados indicies de pobreza, una inequitativa distribución del ingreso y,
muchas veces, un deterioro en la provisión de servicios sociales, lo que no
sólo hace frágil la convivencia democrática, sino que también pone en tela de
juicio el fortalecimiento y la calidad misma de la recuperación económica.
A comienzos del Siglo XXI,
más de 200 millones de personas no estaban en condiciones de satisfacer sus
necesidades básicas y cerca de 94 millones se encontraban en situación de
extrema indigencia en el mundo. En América Latina y el Caribe, este estado
de cosas, perjudica proporcionalmente más a las mujeres, debido a su inserción
inequitativa en el mercado laboral, y es agravado por el aumento de la jefatura
femenina en el hogar. Este asunto comienza a ser considerado como parte de la
problemática de los derechos humanos, entendido como un requisito básico para
el desarrollo.
Es evidente que para
estabilizar las democracias y lograr una ciudadanía de hecho verdaderamente
universal, es indispensable avanzar hacia el pleno ejercicio de los derechos
económicos y sociales, lo que supone eliminar la indigencia y lograr cohesión
social.
La Comisión Económica para
América Latina y el Caribe –CEPAL- sostiene que la pobreza es hoy
predominantemente urbana en términos de los volúmenes de población afectada, lo
que trae consigo el aceleramiento del deterioro ambiental...
La distribución del ingreso
de América Latina y el Caribe es la más inequitativa del mundo, como lo señala
la CEPAL, hecho que agudiza la fragmentación de la sociedad y es fuente de
tensión política y social. En este contexto, también la situación de las
mujeres adquiere una complejidad mayor, ya que crece aún más la distancia entre
una minoría que sigue exhibiendo importantes mejoramientos y una gran mayoría
cuyas condiciones son deficientes, y a la vez ambos grupos son objetos de
diferencias salariales en todos los niveles.
La idea de que es necesario
combinar el crecimiento económico con el equilibrio, y de hacerlo por medio de
un enfoque integrado, surge en este contexto como la opción más factible para
generar y consolidar el proceso de desarrollo.
La equidad de género debe
encontrar su ámbito de progreso natural para abordar los procesos de
incorporación igualitaria de las mujeres a la sociedad. En este sentido, la
perspectiva de género, en torno de la cual la reflexión se inició en la década
de 1980, pero se ha hecho más sistemática en la actualidad, aporta al análisis
de las condiciones de vida y de la integración de las mujeres al desarrollo la
idea de mejorar estos aspectos, no es suficiente si no se evalúa la posición
femenina en la sociedad, condicionada no solo por factores socioeconómicos,
sino por el papel asignado a las mujeres en función de razones culturales.
El enfoque de género, emerge
como una posible herramienta para explicar los factores de discriminación y
subordinación que determina la condición de las mujeres.
Lograr una inserción
equitativa de las mujeres en la sociedad sigue siendo un asunto complejo. En el
convergen variables cuantitativas y cualitativas, pero lo fundamental es lo que
supone un modelo de sociedad futura, que en estos momentos de grandes cambios
ningún grupo tiene íntegramente configurado, ni menos, por lo tanto, los medios
para llegar a concretarlo.
Es necesario destacar que la
carencia, en la mayoría de los países, de políticas explicitas y continuas
destinadas a las mujeres no permite evaluar las acciones que hayan dado origen
a la renovación. En este mundo de transición, mujeres y hombres redefinen con
muchas dificultades sus papeles en la sociedad, en la familia y en la pareja,
buscando ajustarse a una realidad cambiante y con distintas exigencias.
La irrupción de las mujeres
en el escenario público modifico necesariamente la configuración de lo privado,
pero la magnitud del cambio aún no es clara y persiste el desfase entre el
discurso sobre esta esfera y su realidad actual.
Lo que cada vez aparece con
mayor nitidez como un consenso creciente es la necesidad de analizar la
cooperación de las mujeres en la sociedad y en el contexto regional y con
respecto a la participación de los hombres. Ello significa que no se trata
de mejorar o promover sólo aspectos específicos de la vida de las mujeres, sino
de abordarla en lo que es el conjunto de la construcción de la ciudadanía para
varones y mujeres de América Latina y el Caribe.
21-10-19
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