Vladimiro Mujica junio 13,
2013
Sepultadas
en los cuadernos electorales pueden encontrarse varias verdades de lo ocurrido
el 14-A. Siempre estuvo claro que la posible usurpación de identidad no era
detectable en la auditoría que hizo el CNE.
La participación de los ciudadanos en
los procesos electorales es un elemento central de la estrategia de la
alternativa democrática. Conjuntamente con la intervención en los escenarios
pacíficos de protesta, desobediencia civil y conflictividad social, el voto
juega un papel esencial en continuar debilitando las bases de poder del
chavismo y en llevarlo a una condición de negociación sobre el futuro de Venezuela
que termine con la pretensión de imponer, a troche y moche, un proyecto
revolucionario en el que por lo menos la mitad del país no cree aún después de
14 años de desgobierno.
Esto determina que la denuncia de
fraude en las pasadas elecciones presidenciales deba ser vista con la máxima
seriedad, porque contrariamente a la visión simplista sobre este tema que
sostiene que toda denuncia sobre fraude deslegitima al gobierno de Maduro,
existe un riesgo real de desmotivar la participación electoral si el asunto no
se maneja con sabiduría política. Quizás para entender mejor lo que está en
juego es importante distinguir entre una conducta abusiva y de hostigamiento a
la población de la oligarquía chavista, algo que se ha expresado en los últimos
procesos electorales y que constituye un hecho muy grave porque restringe el
ejercicio libre de un derecho fundamental de los ciudadanos. Sobre este tipo de
violaciones reiteradas la MUD y el comando electoral de Capriles han presentado
evidencias incuestionables. Este tipo de conductas atentatorias contra las
libertades ciudadanas están claramente establecidas en la Carta Democrática
Interamericana de la OEA. Sobre esto hay que continuar insistiendo y reclamar
que el TSJ se pronuncie sobre estas graves irregularidades.
La reciente declaración de la
presidenta del CNE señalando que la extensión de la auditoría ciudadana al 100%
de las cajas electorales no había arrojado ninguna discrepancia, no es ninguna
sorpresa y constituyó un lamentable despilfarro de recursos. Lo que Capriles y
la MUD estaban pidiendo, una auditoría que incluyera los cuadernos electorales
y las otras etapas del proceso electoral, no iba a ser concedido de manera
graciosa por la vía administrativa del CNE y tampoco por la vía judicial del
TSJ. Sepultada en los cuadernos puede encontrarse una verdad muy importante
sobre la usurpación de identidad, una gravísima violación de las leyes
electorales y que tiene el potencial necesario para distorsionar
sustancialmente los resultados. Desde el comienzo estaba claro que la eventual
existencia de la usurpación de identidad era completamente indetectable en la
auditoría que el CNE acordó realizar, donde simplemente se cotejan las
papeletas electorales con el acta emitida por la máquina de votación, por la
sencilla razón de que una vez emitido el voto este aparecerá registrado como
válido independientemente de si el votante es o no la persona que está
registrada en el cuaderno de votación.
Ninguno de estos elementos tiene un
carácter desmovilizador para la población, porque en esencia lo que se exige es
más compromiso y firmeza para asistir a votar. Ello incluye el tema de
verdaderamente alcanzar el 100% de presencia de los testigos de la oposición en
las mesas. En esta materia se han hecho importantes avances pero lamentablemente
aquí no es posible aceptar que un 90% o 95% de presencia es suficiente. La
probabilidad de que se produzca la usurpación de identidad, o cualquier acto
fraudulento, se maximiza si no hay testigos durante todas las etapas del
proceso. Este es un asunto de la mayor importancia de cara a las elecciones de
diciembre.
Lo que verdaderamente puede tener un
efecto deletéreo sobre la conducta electoral del votante opositor es la
sospecha de que el fraude electrónico existe. Por supuesto que si algún individuo
o grupo reúne las evidencias técnicas suficientes para probar que esto es
posible y que en verdad se ha estado haciendo, sería un acto de responsabilidad
elemental con los venezolanos explicarlo y hacerlo público. Hasta ahora ninguna
de las afirmaciones en esta dirección ha sido sustentada, de modo que la
existencia del “Big Brother Electrónico” capaz de cambiar datos durante la
transmisión, intervenir en máquinas físicamente desconectadas de la red,
modificar las actas de totalización y, en definitiva, mover votos a placer, no
pasa de ser, en el mejor de los casos, una conjetura. En este contexto cabe
preguntarse por qué en el audio del Silvagate la única referencia que se hace
al proceso de votación es precisamente para señalar que el grupo de Cabello
alteró los votos para perjudicar a Maduro, creando una situación de legitimidad
precaria. Sospechoso, por decir lo menos, que Silva haya apuntado sus dardos en
esa dirección.
Desde el punto de vista ético y moral,
uno podría decir que fraude es fraude, no importa su alcance u origen. Desde el
punto de vista político hay una denuncia sobre el fraude que moviliza y otra
que puede debilitar el indispensable esfuerzo electoral. Demasiadas cosas hay
en juego como para no mantener clara esa separación en esta jornada al filo de
la navaja.
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