Por Eddie Ramírez, 01/10/2013
Pdvsa aplicó sanciones a 178 trabajadores
despedidos ilegalmente a raíz del paro cívico iniciado el 2 de diciembre del
2002, entre ellos 22 damas. Inicialmente el expediente fue levantado por el
Auditor Fiscal Raúl Soto, a quien sustituyó Ramón H. Torres C, ambos nombrados
a dedo, usurpando un cargo que debe ser asignado por concurso. En el documento
participó el Delegatario Paúl Alvarado Rodríguez, a quien la División contra
Robos de la antigua PTJ acusó en el 2001 de un hecho del cual no tenemos mayor
información.
Conforme a derecho podemos alegar que todo lo
actuado es nulo, que los hechos investigados prescribieron y que no se tomaron
en cuenta los alegatos de los sancionados. Sin embargo, en esta ocasión
queremos destacar el contenido del mamotreto mal llamado expediente. Resalta
que la investigación abarca del 2 de diciembre del 2002 al 31 de marzo del
2003, lapso que toma en cuenta para establecer el monto de las supuestas
pérdidas de Pdvsa. Estas fueron estimadas en 8.340 millones de dólares por el
crudo que se dejó de exportar, 504 millones de dólares por el combustible
importado y 209 millones de dólares ( antes el Comisario de Pdvsa había
estimado 789 millones ) por daños no especificados. En total nueve mil
cincuenta y tres millones de dólares, equivalentes a 19.463.950.000,00
bolívares fuertes al cambio de la época.
¿Cómo distribuyeron esta elevada suma entre
178 ciudadanos de Pdvsa y filiales, que incluyen a 40 presidentes,
vicepresidentes y directores, 19 gerentes generales, 55 gerentes, un docente,
cuatro periodistas, tres analistas, nueve asesores, cuatro abogados, 10
capitanes de barcos, cuatro del área de aviación, un médico, un sindicalista y
otros profesionales? ¿Cómo estimaron las sanciones si unos fueron separados y
suspendidos de sus cargos cuando el entonces presidente de Pdvsa Alí Rodríguez
asumió poderes especiales el 8 de diciembre? ¿Es o no cierto que Rodríguez
llamó a los círculos paramilitares para que tomaran las puertas de las
instalaciones y que el 8 de diciembre las militarizaron impidiendo el ingreso a
quienes consideraban no afectos a la revolución? ¿Es o no cierto que entre
diciembre y enero se produjeron la mayoría de los despidos?
No hay ninguna acusación concreta e incluso
no se comprueban inasistencias al trabajo. Los señalamientos son genéricos “por
no haber actuado como el mejor padre de familia” para garantizar las
operaciones, reportajes de prensa sobre el paro, ser fundadores de Gente del
Petróleo o asistencia a una rueda de prensa a la que muchos de los sancionados
no concurrieron. Extraña que se haya sancionado a personas que se mantuvieron
trabajando y a quienes Alí Rodríguez les aprobó la jubilación, así como algunos
que desempeñaban cargos en el exterior o que estaban de vacaciones. En mi caso
me aplicaron la sanción más alta, 124.928.665,16 Bs. F, a pesar de que había
entregado mi cargo el 31 de octubre 2002. Ningún petrolero llamó al paro. Una
vez que se produjo lo respaldé con declaraciones, de lo cual no me arrepiento.
Como en botica: Las “corazonadas” de Maduro permiten detectar fallas en aviones.
Empresas aéreas le ofrecen trabajo ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
Eddie Ramírez
eddiearamirez@hotmail.com
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