MUD 08 de septiembre de 2015
@UnidadVenezuela
COMUNICADO
COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONAL
COMANDO
DE CAMPAÑA VENEZUELA UNIDA
Crisis
fronteriza Colombo-Venezolana
La
Comisión de Asuntos Internacionales del Comando de Campaña, Venezuela Unida,
expresa su rechazo a la forma como el Presidente Nicolás Maduro y su gobierno,
ha violentado la Constitución con el objeto de implementar el Estado de Excepción que conduce a dificultar
el desarrollo del proceso electoral. El estado de excepción, viola los derechos
humanos y contraviene los Convenios y Tratados firmados por Venezuela, entre
otros, el Pacto sobre Derechos Civiles y
Políticos, la Convención Americana de los Derechos Humanos, el gobierno debe
asumir su responsabilidad como agente internacional y sujeto del Derecho
Internacional.
Los
hechos de la frontera, son laconsecuencia del colapso del modelo económico y la
pérdida del poder de compra de nuestra moneda, al generar enormes distorsiones
en el comercio binacional.
Rechazamos
por inadecuado y contraproducente el Estado de Excepción en los municipios de
las fronteras del estado Táchira y Zulia, de la misma manera que las medidas de
control policial y militar asociadas al mismo, en perjuicio del ejercicio de
los derechos civiles y políticos de la población.
Alertamos
a la Comunidad Internacional sobre las intenciones del gobierno del Presidente
Nicolás Maduro de enrarecer el clima electoral, poniendo en riesgo la elección
de 22 parlamentarios en los municipios sometidos al citado régimen, lo que hace
perentoria una Observación Internacional Técnica e imparcial para estas
elecciones legislativas. Al respecto, solicitamos el levantamiento del Estado
de Excepción en dichos estados fronterizos.
Reconocemos
que el Estado venezolano en el ejercicio legítimo de sus competencias, puede
deportar a ciudadanos extranjeros que se encuentren en situación irregular
dentro del territorio, sin embargo, deben respetarse sus derechos humanos,
garantizarles el debido proceso y no está permitida la destrucción de su
propiedad privada, enseres y bienes. No se puede desconocer el status de refugiados, ni
desconocer la cedulación de ciudadanos colombianos que el gobierno bolivariano,
en su momento por intereses electorales, haya otorgado y menos separar a las
familias. La separación de las familias
y el éxodo o desplazamiento forzado de miles de ciudadanos constituye una
violación de los derechos humanos y podría considerarse (el desplazamiento) un
delito de lesa humanidad de conformidad con el Estatuto de Roma en su artículo
7. En este sentido, le pedimos al Gobierno Nacional que reconozca su responsabilidad en el manejo de la crisis
después de más de tres lustros de injustificables omisiones en hacer respetar las leyes de la
República en la frontera.
Hacemos un llamado urgente a la
reinstitucionalización tanto nacional
como bilateral de los temas de frontera y apelamos al rescate de la experiencia
adquirida en esquemas de trabajo nacionales y binacionales que probaron su
valía y permitieron una responsable y constructiva aproximación a la realidad
de la frontera.
Respaldamos
positivamente las palabras del Santo Padre Francisco y la mediación de las
Cancillerías de Brasil y Argentina, así como la intermediación del gobierno
uruguayo. Conscientes de que no hay soluciones unilaterales en la frontera,
invitamos a los Presidentes Nicolás Maduro y
a Juan Manuel Santos a entablar un diálogo franco y directo para
encontrar soluciones bilaterales integrales a un problema que es conjunto y donde
la solución es indiscutiblemente más diálogo e integración binacional.
Nuestros
pueblos están unidos por la historia y juntos construiremos la Venezuela Unida
y democrática a partir de este 6D.
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