Por Carlos
Romero M., 18/09/2015
El Estado Mayor
Fronterizo Cívico-Militar fue creado el 2 de agosto de 2013 mediante decreto
presidencial 40.220 como instancia responsable de transformar las zonas
fronterizas en territorios de vida, especialmente, aquellas que se ubican en el
límite con Colombia, promoviendo de esta forma el desarrollo social, económico
y cultural bajo un alto grado de conciencia Socialista y Revolucionaria.
La
transformación que sufre actualmente la frontera colombo-venezolana no es
precisamente producto del Plan Estratégico que el decreto ordena construir al
Estado Mayor Fronterizo Cívico-Militar, por el contrario, es el resultado de
una transformación que se impone vía militar aprovechándose de la declaración
del Estado de Excepción.
Lo que se
inició por la frontera entre Táchira y Norte de Santander, se extendió por el
Zulia y Apure, y ha llevado a crear nuevas autoridades militares con
responsabilidades extraordinarias sobre las distintas zonas geográficas
afectadas por el Estado de Excepción.
A partir del 11
de septiembre el decreto 2010 introduce una nueva figura al tablero de actores
fronterizos, se trata de la Misión Nueva Frontera de Paz, bajo la
conducción de otra autoridad militar y que operará legalmente como una
Fundación del Estado.
La Misión Nueva
Frontera de Paz busca constituir una nueva frontera, reforzando y mejorando la
seguridad de dichas zonas, las condiciones de la población y su capacidad
productiva, como estrategia para enfrentar el paramilitarismo, el narcotráfico,
el secuestro, contrabando y cualquier otra expresión contraria al orden
público.
La
responsabilidad que tienen los Alcaldes y Concejales, así como el propio
Consejo Local de Planificación Pública sobre el desarrollo integral local, ha
sido ignorada en esta arquitectura institucional que de manera excepcional se
va construyendo en la zona fronteriza con Colombia.
Por su parte,
los gobernadores del Táchira y del Zulia, autoridades que son parte del Estado
Mayor Fronterizo Cívico-Militar, se han transformado en agentes del ejecutivo
nacional, regresando así al rol político que tuvieron los gobernadores antes de
la descentralización que el país experimentó a partir del año 1988.
Desde Caracas,
el Presidente dio la orden de organizar un Seminario Consultivo Nacional[1], como estrategia para
construir algunas propuestas orientadas a refundar la dinámica económica y
social de la frontera. Esta iniciativa representa un juego político para
simular la inclusión ciudadana en la discusión sobre esa nueva frontera de paz[2].
El resultado de
ese Seminario, particularmente en el Táchira, merece especial atención, porque
algunas de las propuestas simplemente reiteran o ponen en evidencia el abandono
de la frontera por parte del Estado a lo largo de décadas.
Una primera
propuesta consiste en aprobar la Ley Orgánica de Fronteras, la cual debió
haberse concretado hace más de 10 años. La omisión del Estado en cumplir el
mandato constitucional es evidente, más cuando el gobierno ha disfrutado de
múltiples leyes habilitantes y de una mayoría oficialista en la Asamblea
Nacional. Claramente estas dos vías para aprobar el instrumento legal no han
sido puestas al servicio de los intereses y necesidades particulares de los
habitantes de la frontera.
Una segunda
propuesta, eleva un reclamo histórico, pues exhorta a mejorar las vías expresas
que permitan una mayor y mejor movilidad. En tal sentido, basta con
viajar entre San Cristóbal a San Antonio, y luego entre San Antonio y Cúcuta
para poder valorar los niveles de avance y/o desarrollo vial de un lado y del
otro de la frontera.
Una tercera
propuesta supone la necesidad de abrir y normalizar el comercio en la frontera,
pues es la única forma viable para lograr aprobar una política de peajes
internacionales con tarifas adecuadas al tipo de carga que genere suficientes
ingresos económicos para invertir en mantenimiento de las propias vías,
mejoramiento educativo de la zona, entre otros beneficios. De esto se habló
mucho cuando existió el peaje entre el puesto de la Guardia Nacional conocido
como Peracal y la población de San Antonio del Táchira.
Asimismo la
propuesta de crear Zonas Especiales, que sirvan de vitrina para colocar
productos e insumos producidos en Táchira, exige sin duda una frontera abierta,
dinámica y con importante grado de autonomía para diseñar su propio desarrollo.
Algunos
industriales expresaron sus ideas y en tal sentido plantearon un tratamiento
especial para importar materia prima, insumos, herramientas y repuestos para
importaciones menores; igualmente propusieron una taquilla única para la
frontera, de manera que el sector pueda tener acceso a los códigos de las
empresas nacionales y una Escuela Técnica en Ureña. Por cierto, es importante
recordar que el Táchira ya cuenta, desde hace años, con una Escuela Técnica
Industrial (ETI).
Estas propuestas
no necesitaban de un Estado de Excepción para ser presentadas, en esencia son
parte de la responsabilidad constitucional que tiene el Estado desde 1999,
cuando fue llamado a establecer un régimen especial para la Frontera.
Otras
propuestas presentadas en el Seminario, denotan claramente el interés por un
mayor control político y social del Estado; entre ellas, la necesidad de
mantener el programa OLP de manera permanente a nivel de inteligencia; la
rigurosa evaluación de los ciudadanos que son regularizados en el marco de la
Misión Identidad, así como también, mayor supervisión y control sobre las
emisoras fronterizas y medios de comunicación local, buscando mayor presencia
de los medios del Estado en la franja fronteriza.
Por su parte,
la corriente del PSUV, llamada Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora[3], presentó su Plan
Frontera, en el cual proponen la conformación de un Muro Comunal Fronterizo,
mediante el cual buscan garantizar mayor presencia del poder popular organizado
para la defensa de la soberanía, la presencia nacional y para la producción en
la zona.
Además de
reconocer la necesidad de fortalecer el PSUV en la zona fronteriza, plantean la
incorporación del poder popular a las Comisiones de Abastecimiento y Seguridad
Alimentaria, y resaltan la necesidad de garantizar la regularidad de los
llamados gabinetes ministeriales fronterizos.
Esta Corriente
Revolucionaria también exhorta a que el Alto Mando Militar fortalezca la unión
cívico militar en la zona de frontera, de manera que se conforme la autodefensa
del pueblo y la organización de las milicias.
La realidad que
particularmente se vive entre Ureña y San Antonio, advierte de un proceso
político de “expropiación” de aquella zona territorial en beneficio de la
visión que impone el Plan de la Patria 2013-2019 y que además resulta oportuno
para intentar incidir en los resultados generales de las elecciones
parlamentarias 2015.
Poco se oye
desde Caracas la voz de reclamo de la sociedad noble del Táchira por un
tratamiento respetuoso y digno por parte del Gobierno Nacional, la inexistente
institucionalidad hace que simplemente el silencio se imponga ante la ausencia
de garantías básicas para el ejercicio de las libertades ciudadanas.
[1] Radio Nacional de Venezuela. ¡Con aportes
del Pueblo!. Este viernes iniciará Seminario Consultivo Abierto para establecer
una frontera de paz. 09 de septiembre de 2015. Online en:http://www.rnv.gov.ve/este-viernes-iniciara-seminario-consultivo-abierto-para-establecer-una-frontera-de-paz/
[2] Telesur.net. Claves entre una nueva frontera
de paz entre Venezuela y Colombia. 13 de septiembre 2015. Online en: http://www.telesurtv.net/news/En-claves-Lo-que-implica-construir-una-nueva-frontera-de-paz-con-Colombia-20150913-0007.html
[3] Ensartaos.com.ve La Frontera, ¡Territorio Socialista!.
Propuesta CRBZ para una nueva frontera soberana y Chavista. 10 de septiembre
2015. Online en:https://ensartaos.com.ve/2015/09/10/noticia/44365?page=8
Artículo escrito para @PolitikaUCAB
Carlos Romero M.
@carome31
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